El comisario Paolo Gentiloni es uno de los comisarios responsables de la revisión de las normas fiscales actuales de la UE. Parlamento Eur...
 |
| El comisario Paolo Gentiloni es uno de los comisarios responsables de la revisión de las normas fiscales actuales de la UE. Parlamento Europeo en Estrasburgo, 18 de octubre de 2022. [Valentine Zeler (Servicio Audiovisual de la CE)] |
Dado que se espera que la Comisión Europea presente sus ideas para la reforma de las muy criticadas reglas fiscales para los estados miembros de la UE el miércoles (9 de noviembre).
09 noviembre 2022.- Inicialmente, las reglas fiscales comunes de la UE se hicieron necesarias con la introducción de la moneda única porque simplificó la política monetaria para la unión monetaria. Esto significaba que los gobiernos de los estados miembros no podían devaluar unilateralmente su moneda para reducir la carga de su deuda.
Pero la política fiscal siguió siendo principalmente competencia de los estados miembros. lo que significa que los gobiernos nacionales deciden solos sobre los déficits presupuestarios y los préstamos estatales.
Muchos economistas argumentaron que solo una unión fiscal podría superar el problema del desajuste de una política monetaria europea que coexiste con una política fiscal nacional, pero no hubo suficiente voluntad política para ceder gran parte de la soberanía nacional sobre la política fiscal.
En esta tensión entre la soberanía nacional y los requisitos económicos y la doctrina, se ha desarrollado una red de reglas para gobernar las finanzas de los estados miembros.
Las normas
Desde 1994, los tratados de la UE han consagrado un límite superior a las deudas y los déficits de los estados miembros en relación con su producción económica. Su relación deuda/PIB no debe exceder el 60 % y su déficit presupuestario anual no debe ser superior al 3 % del PIB.
Tres años más tarde, el “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” (PEC) introdujo un proceso para hacer cumplir las reglas fiscales al crear el “procedimiento de déficit excesivo”, según el cual los estados miembros de la UE que tengan un déficit demasiado alto tendrán que seguir un camino de ajuste presupuestario. , con posibles multas en caso de incumplimiento.
A raíz de la crisis financiera mundial y la crisis del euro, la UE endureció aún más las normas fiscales mediante la introducción de la regla 1/20 y el gasto de referencia, entre otras medidas.
La regla 1/20, que se aplica a los países con niveles de deuda por encima del objetivo del 60 %, determina que estos países tienen que reducir su relación deuda/PIB en al menos 1/20 de la diferencia entre su deuda actual y el PIB. ratio y el objetivo del 60% cada año.
El punto de referencia del gasto debería restringir el crecimiento neto del gasto público exigiendo que los gobiernos igualen todos los aumentos de gasto que van más allá del crecimiento económico potencial a mediano plazo de un país mediante ingresos gubernamentales adicionales, por ejemplo, aumentos de impuestos.
Sin embargo, la UE también introdujo la “cláusula de escape general”, que permitió la desactivación de las reglas fiscales en tiempos de turbulencia económica. Esta cláusula de escape se activó a raíz de la pandemia de COVID-19 y permanecerá activa al menos hasta 2023.
El criticismo
Las reglas han sido durante mucho tiempo objeto de críticas, que se han vuelto más fuertes en los últimos años. En una encuesta de 2021 de 41 de los mejores macroeconomistas, 40 de los académicos estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que las reglas fiscales existentes requerían una revisión.
Por un lado, los partidarios de bajos niveles de gasto público y deuda se quejaron de que las reglas no se aplican de manera suficientemente estricta y que los estados miembros de la UE siempre encuentran formas de consolidar sus presupuestos menos de lo que sería necesario para reducir los niveles de deuda.
Por otro lado, los partidarios de una mayor flexibilidad presupuestaria argumentan que las reglas fiscales restringen las inversiones públicas necesarias para promover el crecimiento económico. Argumentan que si el objetivo es reducir la relación deuda/PIB, los países deberían centrarse en aumentar el PIB en lugar de reducir los niveles de deuda, en otras palabras, salir de la deuda.
Cualquiera que sea la opinión política que se tenga sobre las reglas fiscales, no parecen haber generado ni estabilidad ni crecimiento. Especialmente los países del sur de la UE como Grecia e Italia han tenido cifras de crecimiento deprimentes en la última década y sus niveles de deuda aumentaron aún más.
La relación media deuda/PIB en la UE era del 87,9 % a finales de 2021, muy por encima del objetivo del 60 % consagrado en los tratados.
Los altos niveles de deuda en algunos países también hacen que la observancia de la regla 1/20 sea casi imposible. Con una relación deuda/PIB del 194,5%, Grecia tendría que reducir la relación en 6,7 puntos porcentuales cada año para estar en línea con la regla.
Otro punto de crítica se dirige al punto de referencia del gasto porque se basa en el concepto de producción económica potencial. El producto económico potencial es una construcción teórica que es difícil de verificar.
Además, se calcula en base a datos pasados, con el riesgo de perpetuar sus propios errores. Si el producto potencial se calcula demasiado bajo, el gasto público se limita a un nivel que también es demasiado bajo, lo que dificulta que el gobierno estimule la economía y el crecimiento.
Muchos de estos problemas fueron reconocidos por la Comisión cuando relanzó la revisión del marco de gobernanza macroeconómica en octubre de 2021.
Nueva senda de gasto
La Comisión Europea ha presentado este miércoles 9 de noviembre sus orientaciones para la revisión de la disciplina fiscal, que contemplan reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete, si bien se mantiene el tope del déficit público en un 3% y se prevé un mayor abanico de sanciones, aunque con reducción de importes. Cada uno de los planes estructurales tendrá que ser respaldado por el Consejo.
La nueva senda de gasto, que atiende a la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembro en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen.
Así, los países con una deuda «sustancial» deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda «moderada» mientras que aquellos con una deuda «baja» no tendrán la obligación de realizar ajustes.
Sin embargo, la propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de 4 años pueda extenderse hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.
Asimismo, se introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivada del actual contexto post Covid-19 y de la crisis tras el ataque de Rusia a Ucrania.
La propuesta mantiene algunas de las obligaciones de la actual disciplina, como es el caso del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvía de la senda de gasto neto acordada.
Más sanciones, pero menos severas
En cuanto a las penalizaciones al incumplimiento, Gentiloni ha incidido en que «se mantiene la posibilidad de sanciones económicas y se hará más creíble reduciendo los importes». La «paradoja», ha aclarado el comisario de Economía, es que para que las sanciones sean más aplicables, deben ser más ligeras, «pasando de lo nuclear a lo convencional»
El nuevo sistema fiscal amplía este abanico, por ejemplo, añadiendo castigos que tengan un mayor efecto reputacional, como la posibilidad de que los ministros de los Estados miembro en el procedimiento de déficit excesivo también puedan presentar en el Parlamento Europeo las medidas para cumplir con las recomendaciones del PDE.
Además, debido al especial riesgo de que se produzcan repercusiones negativas dentro de una unión monetaria, sería posible aplicar sanciones financieras a los países de la zona del euro en caso de incumplimiento.
Otra de las propuestas de la Comisión europea en este sentido un nuevo instrumento para hacer cumplir los compromisos de reforma e inversión que sustentan una trayectoria de ajuste más gradual, por lo que, si un Estado miembro no cumple sus compromisos de reforma e inversión, la herramienta facultará a la Unión Europea para solicitar una revisión de la senda de gasto primario neto plurianual para imponer también sanciones financieras.
Estas medidas se complementan con un refuerzo de la prevención a través del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) centrado, según ha señalado Gentiloni, en los nuevos riesgos, lo que permitirá una detección y evaluación temprana de la gravedad de los desequilibrios emergentes.
COMENTARIOS