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| Imagen de José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press) |
El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo
El auto de la Audiencia Nacional atribuye al expresidente un papel de “liderazgo estratégico” dentro de una estructura que, según la UDEF, utilizaba sociedades instrumentales, facturación simulada y contactos políticos para canalizar fondos y obtener decisiones favorables
19 mayo 2026.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. La decisión ha sido acordada por el instructor del caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le cita a comparecer como investigado el próximo 2 de junio.
Este martes, la UDEF de la Policía Nacional ha registrado la oficina del expresidente y varias sociedades mercantiles relacionadas con su entorno, entre ellas la agencia de publicidad What the fav, vinculada a sus hijas Laura y Alba, quienes por el momento no figuran como investigadas.
¿Qué es Plus Ultra y por qué es tan llamativo su rescate?
La aerolínea española con capital venezolano solicitó apoyo financiero al Gobierno el 1 de septiembre de 2020, pero no fue hasta el 9 de marzo de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. El Ejecutivo de Sánchez calificó a la aerolínea como "estratégica" para España. Algo que resultó verdaderamente llamativo porque en ese momento solo operaba un avión, y en 2019 —justo antes de la pandemia— solo realizó 823 vuelos, sobre todo a Perú, Venezuela y Ecuador.
Plus Ultra no era una de las grandes compañías del mercado aéreo español, sino una aerolínea de tamaño reducido, con pérdidas antes de la pandemia, una actividad muy concentrada en Latinoamérica y cientos de reclamaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Su rescate fue defendido por el Gobierno y por la propia empresa, pero cuestionado por parte del sector aéreo y por la oposición.
Hay un dato revelador sobre la velocidad de la tramitación: desde que la aerolínea formalizó su solicitud y el Consejo de Ministros la aprobó pasaron 189 días. Fue el tercer proceso más rápido de los 74 que pidieron apoyo financiero al FASEE.
Y un dato sobre la estructura accionarial que está en el centro de todo: venezolanos participan en Plus Ultra a través de dos sociedades —Snip Aviation y FlySpain— que controlan el 56,8% de las acciones de la empresa con la colaboración del banco panameño Panacorp, tras un préstamo e inyecciones periódicas de capital que modificaron su estructura accionarial ante una inminente quiebra durante la pandemia de 2020 para que fuera "elegible" en 2021 para obtener el rescate.
La cronología del escándalo: de 2021 a hoy
Lo que comenzó en 2021 como un rescate económico a una aerolínea en dificultades ha derivado, cuatro años después, en una investigación judicial de gran alcance que apunta a presuntos delitos de blanqueo de capitales, desvío de fondos y conexiones internacionales con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó la causa inicial al no apreciar indicios penales suficientes. Durante un tiempo, el caso Plus Ultra pareció cerrado en el plano judicial. Sin embargo, el escenario cambió radicalmente en 2024 y, sobre todo, en 2025: la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia tras recibir solicitudes de cooperación judicial internacional procedentes de Francia y Suiza.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un "uso indebido" del rescate de 53 millones porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero "ilícito" procedente de Venezuela. Según la investigación, los fondos procederían de actos de corrupción en Venezuela, incluidos ingresos vinculados a la venta de oro del Banco de Venezuela y al programa de distribución de alimentos CLAP.
En diciembre de 2025 fue detenido el presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado, Roberto Roselli, y el asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
El papel específico de Zapatero: lo que él admitió y lo que investiga el juez
El nexo de Zapatero con la trama tiene varios hilos. El más documentado es el económico. En marzo de 2026, Zapatero compareció en el Senado y admitió haber facturado 460.000 euros —unos 70.000 euros anuales— a la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante, por 15 informes que en realidad había hecho otra persona por mucho menos. Admitió que sabía que su amigo tenía "alguna relación" con Plus Ultra, aunque negó haber influido en el rescate.
Hay una coincidencia que la investigación trata de esclarecer: Zapatero cobró de Análisis Relevante la misma cantidad que esa sociedad había cobrado de Plus Ultra. Las sospechas se centran en saber si Análisis Relevante era una sociedad instrumental dirigida en la sombra por el expresidente.
El contexto político del rescate es igualmente relevante. En enero de 2020, antes de la pandemia, Zapatero consiguió que la vicepresidenta del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, fuera recibida en el aeropuerto de Barajas por el entonces Ministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Los técnicos del Ministerio de Transportes observaron que la operación "no se sostenía" al contar la compañía con un solo avión. Fue en ese momento cuando Ábalos llamó al líder del Ejecutivo, que sentenció que había que rescatar Plus Ultra "sí o sí".
El empresario Víctor de Aldama, ya condenado en el caso Koldo, fue más lejos: reveló que Zapatero habría cobrado presuntamente 10 millones de euros en comisiones a cambio de impulsar el rescate a Plus Ultra. Zapatero lo niega todo.
La pregunta clave: ¿por qué un expresidente necesitaría ingresos al margen del Estado?
Aquí está una de las claves menos analizadas del caso. La situación económica de Zapatero como expresidente es considerablemente menos holgada de lo que el imaginario colectivo supone, y eso tiene una explicación concreta en las decisiones que él mismo tomó.
Zapatero optó por ocupar el cargo de Consejero Nato del Estado, recibiendo un salario vitalicio de 100.000 euros hasta su renuncia en 2015. Al renunciar a ese puesto, renunció también a ese salario. A partir de ese momento, sus ingresos del Estado se redujeron drásticamente.
Desde 2012, la dotación para gastos de oficina de los expresidentes asciende a 74.580 euros al año para cada uno —cifra que no ha variado desde entonces—, destinados a gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres. Eso no es un sueldo personal: es una partida para sostener una oficina de expresidente.
En cuanto a pensión vitalicia propiamente dicha: los expresidentes que optan por ella cobran 79.336 euros brutos anuales. Pero Zapatero no optó por ella, prefirió el Consejo de Estado, del que dimitió en 2015. Desde entonces no tiene derecho a la pensión vitalicia ni al sueldo del Consejo de Estado.
El resultado es una paradoja: un expresidente con una agenda internacional muy activa —mediaciones en Venezuela, conferencias, foros, reuniones de alto nivel— sin una fuente de ingresos pública consolidada desde 2015. Esa brecha entre el estilo de vida y actividad pública de Zapatero y sus ingresos oficiales verificables es precisamente lo que la investigación está intentando rellenar con documentación.
Conclusión: las tres capas del caso
El caso tiene una capa política —la relación entre el Gobierno de Sánchez, el chavismo venezolano y la decisión de rescatar una aerolínea irrelevante declarándola "estratégica"—; una capa económica —el presunto uso de fondos públicos para blanquear capitales de origen ilícito procedente de Venezuela a través de una red internacional—; y una capa personal que afecta directamente a Zapatero: la de un expresidente que desde 2015 carece de ingresos públicos regulares y que, según la investigación, habría encontrado en su red de contactos venezolanos y en su influencia sobre el Gobierno de Sánchez una fuente de ingresos de cuya licitud y declaración fiscal el juez de la Audiencia Nacional quiere que dé explicaciones el próximo 2 de junio.
