El PSOE lleva al pleno aulas bajo 15 grados sin una sola medición. En Aragón, Valencia y Madrid la Inspección de Trabajo ya actuó.
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| Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid han sido requeridas por la Inspección de Trabajo después de que los sindicatos midieran; en Alicante, 14 de los 17 centros carecían de evaluación de riesgos. Las tres actuaciones, por calor. | Infografía: La Crónica del Henares. |
Guadalajara, 27 de agosto de 2026
El Grupo Socialista lleva este viernes al pleno una moción que denuncia aulas por debajo de 15 grados en los colegios de la capital. Ni quien denuncia ni quien gobierna ha aportado una sola medición. En otras comunidades esas mediciones existen, y han obligado a actuar.
Por qué importa
- El Real Decreto 486/1997 fija un mínimo de 17 grados en los locales donde se trabaja sentado, y un aula lo es para el profesorado. Pero nadie está obligado a medirlo ni a registrarlo.
- En Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid la Inspección de Trabajo ha requerido a las administraciones educativas después de que los sindicatos midieran. Las tres actuaciones se abrieron por calor.
- El contrato municipal de climatización, adjudicado en 2024 por 481.374 euros, obliga a anotar cada avería con fecha y hora de aviso y de resolución. Ese registro existe y no se ha hecho público.
Una moción sin un solo dato propio
La concejala socialista Gemma Mínguez registró el martes una moción para el pleno de este viernes en la que exige a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, que no desatienda el mantenimiento de los colegios y garantice que el alumnado no vuelva a pasar frío. El texto sostiene que el invierno pasado hubo aulas por debajo de 15 grados y reprocha al Ayuntamiento no haber solicitado las ayudas de climatización de la Junta de Comunidades.
El problema de fondo es real y está documentado. El de la moción es otro: no aporta un solo dato que no estuviera ya publicado. Ninguna medición, ningún parte de avería, ningún expediente. Y la cifra que da no coincide con la que dio su propio grupo en febrero, cuando el concejal Isaac Urrea habló de aulas por debajo de 14 grados en el CEIP Río Henares.
La diferencia importa porque el Grupo Socialista no es un observador externo. Un concejal tiene derecho de acceso a los expedientes municipales por el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local y los artículos 14 a 16 del Reglamento de Organización: se pide por escrito y, si no hay respuesta en cinco días naturales, se entiende concedido. Con esa herramienta podrían haber llevado al pleno el inventario de calderas, el contrato de mantenimiento y el registro de incidencias de los tres últimos inviernos. No lo han hecho.
Dos inviernos documentados
La hemeroteca local sitúa el arranque en diciembre de 2024, y no con una nota de partido, sino con una denuncia vecinal. El AMPA del CEIP Pedro Sanz Vázquez reclamó por escrito al Ayuntamiento y a la Junta una solución para un edificio sin calefacción donde daban clase los alumnos de tercero a sexto de Primaria, más de doscientos niños, con el aula matinal y el comedor incluidos. El Ayuntamiento prestó bombas de aire caliente que hacían saltar los plomos al conectarse a la vez.
En enero de 2025 el caso estalló. El concejal de Servicios Municipales, David García, se apoyó en un informe de la empresa de mantenimiento que advertía de riesgo para las personas y el edificio por mala combustión de la caldera. El delegado provincial de Educación, Ángel Fernández-Montes, le pidió la dimisión: si tenía ese informe y no actuó, dijo, estaba admitiendo que ponía en riesgo al centro. El Ayuntamiento instaló catorce calefactores portátiles.
En marzo de 2025 el conflicto se trasladó al CEIP San Pedro Apóstol, cuyo gimnasio lleva años sin calefacción porque la caldera expulsa el dióxido de carbono hacia el interior. El presidente del AMPA, Óscar García Romero, y el profesor de Educación Física, Miguel Ángel Bricio Ramos, habían escrito al consejero de Educación y a la concejala del área sin obtener respuesta; acabaron sacando una pancarta el Miércoles de Ceniza, aprovechando el Entierro de la Sardina.
El invierno siguiente repitió el patrón. En noviembre y diciembre de 2025 fueron las escuelas municipales del Palacio de la Cotilla, por segundo año consecutivo. Y en febrero de 2026 el Grupo Socialista denunció una decena de centros. El Ayuntamiento respondió que ningún colegio se ha quedado sin calefacción, que en el Río Henares el fallo duró dos o tres días y solo en la planta superior, que se registraron 152 intervenciones en enero y que desde 2023 se han invertido 600.000 euros en unas instalaciones con calderas de hasta cuarenta años.
Ese último dato se queda corto, y consta por escrito. El inventario del pliego municipal de climatización de 2016 ya recogía calderas Sadeca de 1978 en el CEIP Balconcillo y en el Alvarfáñez de Minaya, y quemadores de 1980 y 1981 en el Ocejón. No tienen cuarenta años: tienen cuarenta y ocho. Es un problema que atraviesa por igual los tres últimos mandatos.
Conviene añadir una discrepancia menor que nadie ha aclarado: el Ayuntamiento habla de 17 colegios públicos —catorce en la capital y tres en el colegio rural agrupado—, mientras la Junta se refiere a 15 centros de Infantil y Primaria. Siete están ya conectados a la Red de Calor.
La norma existe; el termómetro, no
El marco es el Real Decreto 486/1997, que fija para el trabajo sedentario en local cerrado una horquilla de 17 a 27 grados. Fija la condición; no obliga a medirla ni a llevar registro. Es una obligación de resultado sin obligación de documentación, como el límite de velocidad: hay que no superarlo, no hay que anotar a cuánto se iba. El control es reactivo y se activa solo cuando alguien lo provoca.
Hay una segunda asimetría, más incómoda. Esa norma es laboral: protege al profesorado, no al alumnado. Los niños están cubiertos de rebote, porque comparten el aula con un adulto que sí tiene derechos laborales. Si en un aula solo hubiera menores, jurídicamente no habría suelo térmico que invocar.
Y una tercera, que aparece en el propio contrato municipal. El Reglamento de Instalaciones Térmicas obliga a la empresa mantenedora a realizar una verificación de temperatura en verano y otra en invierno, documentada en el registro de mantenimiento. Pero esa instrucción se aplica a los edificios de uso administrativo, comercial y de pública concurrencia. El uso docente no figura en la lista. Con el mismo contrato y el mismo contratista, la temperatura se mide y se anota en las oficinas del Ayuntamiento y en el Mercado de Abastos, y no en las aulas de los diecisiete colegios.
El remate llegó en 2022. Cuando el Gobierno limitó la calefacción a 19 grados en edificios públicos por el ahorro energético, los centros educativos y sanitarios quedaron expresamente excluidos por sus necesidades ambientales especiales. Se legisló el techo y se dejó el suelo sin vigilancia.
Dónde sí se mide
No es un problema irresoluble: es un problema que en otros sitios se ha resuelto, y siempre por la misma vía. Alguien midió, presentó una denuncia y la Inspección de Trabajo se personó.
En Aragón, tras una denuncia de la Federación de Enseñanza de CCOO, la Inspección constató en septiembre de 2025 que los centros carecían de evaluación de riesgos ambientales conforme al Real Decreto 486/1997 y que no existían medidas que aseguraran el cumplimiento de los límites de temperatura. La instrucción se extendió a Huesca y Teruel, y el requerimiento fijó un plazo, el 31 de diciembre de 2025, para climatizar las salas de profesores no acondicionadas. El sindicato criticó además que la Dirección General de Personal delegara la medición en los equipos directivos, sin formación ni instrumentos, en lugar de activar al servicio de prevención.
En la Comunidad Valenciana, un informe de la Inspección hecho público este mes de agosto concluye que 14 de los 17 centros inspeccionados en la provincia de Alicante carecían de evaluación de riesgos por altas temperaturas, y exige a la Generalitat medidas antes del inicio del curso 2026-2027.
En la Comunidad de Madrid, los delegados de prevención de CCOO midieron a primera hora de la jornada y registraron hasta 35 grados en algunas aulas antes de las horas más cálidas. La Inspección ya había requerido a la Consejería tras denuncias de 2018 y 2022, y una nueva actuación desarrollada en 2025 volvió a exigir medidas a comienzos de 2026. En junio, la Asamblea debatió una propuesta de regulación autonómica con criterios de medición y una guía de habitabilidad climática.
Y cuando se mide en serio, el resultado es concluyente. Un estudio publicado en Informes de la Construcción registró durante un año la temperatura y el CO2 de ocho aulas de tres colegios públicos de Madrid: más de dos tercios del tiempo lectivo transcurrió fuera de la zona de confort térmico.
Falta el detalle que lo explica todo: las tres actuaciones se abrieron por calor. Ninguna por frío. La razón no es jurídica, es práctica. El calor es sostenido y previsible: llega en junio, afecta a toda una región a la vez y dura semanas, lo que da tiempo a organizar una campaña con termómetros. El frío por avería es puntual y fugaz: la caldera se rompe un martes, se arregla el viernes, y cuando alguien piensa en medir ya no hay nada que medir. El calor, además, tiene norma reciente, protocolos de estrés térmico y planes millonarios detrás. El frío se llama «caldera vieja» y se disimula con abrigo y estufas prestadas.
El registro que sí existe es el del contrato
Hay un lugar donde el frío de Guadalajara sí está anotado, hora a hora, por obligación contractual. El contrato de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización de los edificios municipales, referencia 4094, se adjudicó en Junta de Gobierno Local el 28 de mayo de 2024 a Electronic Trafic, S.A. por 481.374 euros, se formalizó el 26 de junio y tiene tres años de plazo. Cubre los colegios, los centros sociales, las instalaciones deportivas y el propio Palacio de la Cotilla, lo que explica que los fallos aparecieran a la vez en sitios tan distintos.
El pliego que rige este tipo de contratos obliga a atender los avisos de avería en un máximo de 24 horas y los urgentes en 2 horas, con un teléfono disponible los 365 días del año. Y exige un libro de mantenimiento que debe conservarse cinco años, un estadillo diario de averías y un parte por intervención con la fecha y la hora del aviso, su calificación como urgente o normal y la fecha de resolución firmada y sellada por el centro.
Que ese registro existe no es una suposición: es el propio Ayuntamiento quien lo ha invocado. Al defenderse por el caso del Pedro Sanz Vázquez, David García alegó 342 registros de mantenimiento preventivo en cuatro años en las tres salas de calderas de ese colegio, además de los certificados anuales exigidos por el reglamento. El documento está, lo han contado y lo han usado como argumento; lo que no ha hecho nadie es pedirlo entero.
Queda un extremo sin verificar. La portavoz socialista, Lucía de Luz, sostuvo en marzo que la propia empresa ha solicitado la rescisión del contrato por mutuo acuerdo ante la acumulación de incidencias. No hay rastro público de esa petición ni en la Plataforma de Contratación ni en el perfil municipal, de modo que hoy es solo su versión.
Por qué esto no acaba en un juzgado
Si la norma fija 17 grados, cabe preguntarse por qué ninguna familia ha demandado. Los obstáculos no son teóricos.
El primero es de legitimación: el Real Decreto 486/1997 protege a los trabajadores, y un AMPA no representa a los trabajadores del centro. El segundo es la prueba: sin un solo registro, el pleito enfrenta los testimonios de las familias a los partes de mantenimiento del Ayuntamiento, que sí están documentados. El tercero es el tiempo: hay que agotar la vía administrativa antes de recurrir, y el proceso tarda entre uno y dos años, mientras la avería se resuelve en días, lo que desactiva cualquier medida cautelar. El cuarto es a quién demandar: la conservación de los colegios de Infantil y Primaria corresponde al municipio, pero la administración educativa y empleadora del profesorado es la Junta. Y el quinto es qué pedir: un juez puede declarar la obligación de garantizar unas condiciones ambientales, pero difícilmente ordenará sustituir catorce calderas, porque eso entra en la potestad de autoorganización y en la disponibilidad presupuestaria.
La vía penal está prácticamente cerrada: el artículo 316 del Código Penal exige poner en peligro grave la vida o la integridad física, y catorce grados en un aula no llega a ese umbral. Sería otro asunto si hubiera intoxicación por monóxido.
Las tres vías que no requieren abogado
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cualquier trabajador o delegado de prevención puede denunciar. Frente a las administraciones públicas la Inspección no multa, sino que sigue un procedimiento de requerimiento para que subsanen, pero el acta existe y es un documento público que se puede solicitar.
- Servicio de prevención de riesgos laborales de la Consejería. Una solicitud del claustro o de los delegados de prevención obliga a evaluar, y evaluar significa medir. Es la vía más corta hacia el dato que falta.
- Defensor del Pueblo. Gratuito, sin abogado ni procurador, admite quejas de asociaciones como un AMPA, obliga a la Administración a responder por escrito y termina en recomendaciones publicables. La institución ya ha tramitado quejas por temperaturas extremas en aulas.
Y una pista poco explorada: los medidores de CO2 repartidos en las aulas durante la pandemia registran en muchos modelos también temperatura y humedad, con histórico descargable. Si algún centro los conserva configurados, ahí hay una serie de datos de enero y febrero que nadie ha mirado.
Qué viene ahora
El pleno debate la moción este viernes 28 de agosto. El curso arranca en septiembre y la tercera convocatoria de ayudas de la Junta para climatización de centros educativos cerró el 30 de junio, sin que conste solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara para sus colegios.
Queda por saber lo esencial, y no lo va a resolver una votación: en qué estado llegan las calderas de los diecisiete centros al inicio del curso, cuántos avisos de avería se registraron los dos últimos inviernos y cuántos se atendieron en plazo, y si el Ayuntamiento ha impuesto alguna penalidad a la empresa. Crónica del Henares ha solicitado esa documentación por la vía de la Ley de Transparencia. La Administración tiene un mes para contestar.
Mientras tanto, la pregunta que ordena todo lo demás sigue sin respuesta, y es la más sencilla de todas: ¿alguien midió?
Fuentes consultadas
- Nota de prensa del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, 26 de agosto de 2026.
- Ayuntamiento de Guadalajara, Portal de Transparencia: relación de contratos mayores formalizados en 2024 (expediente 4094) y pliego de prescripciones técnicas del contrato de mantenimiento de climatización de colegios públicos, centros sociales y dependencias municipales.
- Hemeroteca local: El Decano de Guadalajara, Nueva Alcarria, Guadalajara Diario, La Crónica de Guadalajara, El Liberal de Castilla y Cadena SER Guadalajara (diciembre de 2024 a junio de 2026).
- elDiario.es Castilla-La Mancha, declaraciones de CSIF Guadalajara (febrero de 2025).
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social: actuaciones en Aragón (2025), Comunidad Valenciana (2026) y Comunidad de Madrid (2018, 2022 y 2025), difundidas por CCOO Aragón, CCOO País Valencià y CCOO Madrid.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, anexo III; Real Decreto 1027/2007 (RITE), instrucciones técnicas 3.3 y 3.8; Real Decreto-ley 14/2022; Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, artículo 77; Ley 19/2013, de transparencia.
- Gallego Sánchez-Torija, J. y otros: «Evaluación del confort térmico y la calidad de aire en centros docentes públicos en Madrid», Informes de la Construcción, vol. 74, 2022.
