El juez propone juzgar a la alcaldesa de Alcalá y a su jefe de prensa por filtrar un atestado que sirvió para vincular a migrantes con agresiones.
El juez deja a un paso del banquillo a la alcaldesa de Alcalá por la filtración del atestado que se usó para vincular a migrantes con agresiones sexuales
Judith Piquet (PP) y su director de Comunicación, Raúl Castillo, quedan procesados por infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Según el auto, la regidora fotografió con su móvil una nota interna de la Policía Local y la hizo llegar al entonces secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que la publicó en X para dar cobertura documental a unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.
Alcalá de Henares, 6 de agosto de 2026.- El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha acordado este jueves 6 de agosto de 2026 continuar por los trámites del procedimiento abreviado la causa que se sigue contra la alcaldesa complutense, Judith Piquet, y contra el director de Comunicación del Ayuntamiento, Raúl Castillo, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. La resolución cierra la fase de instrucción, iniciada en agosto de 2024, y coloca a la regidora a un paso de sentarse en el banquillo.
El magistrado sostiene que existen "indicios suficientes" de que los hechos denunciados "integrarían posiblemente la comisión de tal delito", una fórmula que, subraya el propio auto, no prejuzga el resultado final del procedimiento. Ambos investigados mantienen íntegra la presunción de inocencia.
Qué dice exactamente el auto
La resolución sitúa los hechos en una ventana horaria muy precisa: entre las 17.00 horas del 17 de enero de 2024 y las 9.58 horas del 18 de enero. En ese lapso, según el instructor, la alcaldesa remitió —por sí misma o a través del director de Comunicación— la fotografía de un informe policial a Alfonso Serrano, entonces secretario general del PP de Madrid, quien acto seguido publicó la imagen del documento en su cuenta de la red social X.
El documento en cuestión es el informe de incidencia número 19966/2023 de la Policía Local de Alcalá, una nota interna de servicio que recogía la denuncia de una mujer por una agresión sufrida en el municipio en diciembre de 2023, sin autor conocido y con una descripción del presunto agresor referida a un varón joven "de raza negra", según la literalidad que consta en las actuaciones.
Según la instrucción, la alcaldesa ordenó al entonces jefe provisional de la Policía Local, Rubén Jiménez, que imprimiera ese informe. El mando policial declaró ante la jueza que cumplió la orden, entregó el papel a la regidora y que él no envió el documento fuera de las dependencias municipales. El auto recoge además una frase atribuida a Piquet en ese momento, dirigida a Castillo: "¿Ves? Hay que salvar a la Presidenta, hay que salvar a la Jefa y hay que trasladar esto a Madrid".
La Fiscalía, en su querella, ya había concluido que la difusión partió de la alcaldesa y que la publicación buscaba "justificar o dar cobertura documental" a las afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid había realizado el día anterior.
El origen: el CAED, el Consejo de Gobierno y el desmentido del delegado
El 17 de enero de 2024, la Comunidad de Madrid celebró un Consejo de Gobierno extraordinario en Alcalá de Henares, semanas después de la apertura, en diciembre de 2023, del Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en el acuartelamiento Primo de Rivera, donde el Gobierno central alojó a alrededor de 1.200 personas migrantes trasladadas desde Canarias.
En la rueda de prensa posterior, Isabel Díaz Ayuso afirmó que en el municipio se habían producido "varias reyertas graves" y que se estaban investigando "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado", además de referirse a un brote de sarna. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, replicó al día siguiente que la Policía Nacional le había trasladado que la denuncia presentada no estaba vinculada a los migrantes del centro y que no había autor conocido. Verificadores como Maldita.es documentaron entonces que la Policía Nacional solo constataba una reyerta, ocurrida el 12 de enero, y que las cifras del brote de sarna que manejaban Consejería y Ministerio no coincidían.
Fue en ese cruce de desmentidos cuando Serrano publicó la fotografía del atestado acusando de mentir al delegado del Gobierno. Piquet, ese mismo día, calificó lo dicho por Ayuso de "verdad irrefutable"; la presidenta regional, por su parte, atribuyó su información a "una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá".
Dos años y medio de recursos
La causa arrancó en febrero de 2024, cuando el PSOE acudió a la Fiscalía por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público. El Ministerio Público abrió diligencias y terminó querellándose contra Piquet y Castillo. En agosto de 2024, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá incoó diligencias previas e imputó a la alcaldesa, que declaró como investigada en noviembre de ese año.
La defensa de la regidora recurrió reiteradamente pidiendo el archivo. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó esos recursos en mayo de 2025 y ordenó continuar la causa. En abril de 2026, la instructora ratificó la prórroga de la investigación al apreciar "indicios criminales". Ese mismo mes, Alfonso Serrano declaró como testigo y aseguró que la imagen del documento le había llegado desde una dirección de correo desconocida, que no verificó su contenido y que ya había borrado el mensaje; se negó a aportar sus cuentas de correo. Serrano, aforado como senador, no figura como investigado en esta causa: cualquier eventual imputación correspondería al Tribunal Supremo.
En julio de 2026, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial cerró el otro frente al desestimar, con imposición de costas, los recursos del PSOE y del excomisario Rubén Jiménez, que pretendían ampliar la investigación a presuntas coacciones y acoso laboral. El objeto del procedimiento quedó así acotado a la filtración documental.
Qué viene ahora (y qué no es este auto)
Conviene precisar el estado procesal, porque algunas informaciones han hablado de "apertura de juicio oral". No lo es todavía. El auto de transformación en procedimiento abreviado (artículo 779.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) es el paso previo: ahora la Fiscalía y las acusaciones —el PSOE ejerce la acusación popular, con Más Madrid también personada— deben presentar sus escritos de acusación o solicitar el sobreseimiento. Solo después el juez decidirá si abre juicio oral y contra quién. El auto es, además, recurrible.
Sobre las penas, el delito de revelación de secretos por autoridad o funcionario público (artículo 417 del Código Penal) se castiga en su tipo básico con multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años. Si se aprecia grave daño para la causa pública o para tercero, la pena sube a prisión de uno a tres años e inhabilitación de tres a cinco; y si se trata de secretos de un particular, a prisión de dos a cuatro años. Serán los escritos de acusación los que fijen la calificación y la petición concreta.
Reacciones
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, reclamó la dimisión inmediata de la alcaldesa y sostuvo que el documento se utilizó para alimentar un "bulo" xenófobo. Los alcaldes socialistas madrileños, con el regidor de Parla y vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid, Ramón Jurado, a la cabeza, pidieron además que Piquet abandone la presidencia de esa federación, que ocupa desde noviembre de 2023.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió a la alcaldesa al recordar que el procedimiento "está todavía abierto" y que la regidora ha dado "sobradas explicaciones". El Ayuntamiento de Alcalá señaló que aún no había recibido comunicación oficial de la resolución.
Piquet, alcaldesa desde junio de 2023 con el apoyo de Vox, preside también la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Ha negado desde el inicio haber filtrado el documento.
