El Supremo tumba el Real Decreto 905/2025 por tramitarse con urgencia sin justificar. Vuelven las reglas de 2021; el fondo sigue abierto.
Madrid, 8 de octubre de 2026
El Tribunal Supremo ha anulado entero el real decreto que endurecía los requisitos para crear universidades, aprobado hace justo un año. No lo hace por su contenido, sino porque el Gobierno lo tramitó por la vía urgente sin justificarlo y se saltó la consulta pública previa. El fallo devuelve el sistema a las reglas de 2021, pero deja intacto el debate de fondo.
Lo que decae con la sentencia
- El mínimo de 4.500 estudiantes a los seis años para las nuevas universidades.
- La obligación de ofrecer alojamiento al 10 % del alumnado presencial, también para las públicas.
- El informe vinculante de la agencia de calidad (ANECA o la autonómica) antes de crear un centro.
- Las reglas específicas para las universidades que imparten más del 80 % de su docencia en línea.
Qué ha dicho exactamente el Supremo
La sentencia, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y fechada el 30 de septiembre, estima el recurso del Gobierno de las Islas Baleares contra el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre. El Consejo de Ministros había acordado su tramitación urgente el 1 de abril de 2025, y esa urgencia permitió prescindir de la consulta pública previa que exige la Ley del Gobierno.
El tribunal concluye que el acuerdo no estaba debidamente justificado. El crecimiento de las universidades privadas y de la enseñanza virtual, razona, venía de años atrás y no era imprevisible; querer que la norma rigiera desde el curso 2025-2026 respondía más a una voluntad política que a una causa objetiva. El preámbulo no dedicaba ni un párrafo a explicar esa prisa, y el dictamen del Consejo de Estado no decía nada concreto sobre ella.
Sin urgencia válida, la omisión de la consulta previa queda sin amparo legal y el tribunal la califica de nulidad de pleno derecho. La anulación alcanza a todo el decreto, que modificaba cuatro reglamentos (el de creación de universidades, el del registro de centros y títulos, el de expedición de títulos y el de ordenación de las enseñanzas), e impone 6.000 euros de costas a la Administración del Estado.
Un trámite que no era un detalle
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades defendió hace un año que la norma era "totalmente transparente": hubo audiencia pública y alegaciones de más de 68 instituciones, casi todas las comunidades autónomas entre ellas. Es cierto, pero el Supremo no juzga ese trámite, sino otro anterior. La consulta pública previa se hace antes de redactar el texto, para preguntar si hace falta regular, qué problema se quiere resolver y con qué alternativas. La audiencia llega después, sobre un borrador ya escrito.
El aviso no era nuevo. El dictamen del Consejo de Estado de septiembre de 2025 ya señalaba que la norma no había pasado por esa consulta, calificaba la memoria económica de "parca y, desde luego, insuficiente" y ponía en duda que un real decreto pudiera hacer vinculantes los informes de las agencias de calidad. El Gobierno corrigió parte del texto, pero no el procedimiento.
Aquí está, a nuestro juicio, la lectura más sólida del fallo: la vía de urgencia no es un atajo disponible a voluntad. Exige razones concretas, documentadas en el expediente. La sentencia refuerza una garantía de participación que afecta a cualquier reglamento, no solo a los universitarios, y que los gobiernos de todo signo tienden a tratar como un formalismo.
Qué pasa ahora en las universidades
La sentencia es firme. El Supremo juzga en única instancia los reglamentos del Consejo de Ministros, así que no cabe recurso ordinario. Su efecto general empezará cuando se publique en el BOE, como ordena el propio fallo.
Al caer una norma que modificaba otras, lo previsible es que recuperen su redacción anterior: el Real Decreto 640/2021 vuelve a ser la referencia para crear y reconocer universidades, sin el listón de los 4.500 alumnos, sin la cuota de alojamiento y sin el doble informe previo. Para los proyectos de universidades que estaban en trámite, el escenario se aligera de golpe. Las públicas, como la de Alcalá, quedan libres de una obligación que también les afectaba: la reserva de alojamiento para el 10 % de su alumnado presencial.
Hay dos zonas grises. La ley procesal protege los actos administrativos firmes dictados al amparo del decreto antes de su anulación, pero las universidades que ya habían empezado a adaptarse quedan en un terreno incierto sobre qué deben mantener. Y los recursos que siguen pendientes, entre ellos los de la Comunidad de Madrid y el CEU, previsiblemente perderán su objeto: no hay ya decreto que anular.
Esto último tiene una consecuencia poco visible: las cuestiones de fondo quedan sin respuesta. Madrid alegaba invasión de competencias autonómicas, arbitrariedad en la cifra de 4.500 estudiantes y una limitación injustificada de la libertad de empresa. El CEU, por boca de su presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, calificó el preámbulo de "innecesariamente ofensivo" con las privadas. El Supremo no se ha pronunciado sobre nada de eso.
Dos lecturas políticas, un problema pendiente
Para el Gobierno y quienes respaldaban el decreto, la sentencia es un revés procedimental que no cuestiona el diagnóstico: la proliferación de universidades privadas, algunas sin masa crítica ni investigación, justificaba exigir estándares de calidad, sostenibilidad y garantías económicas, como se hace en otros servicios de interés general. Desde esa óptica, basta con repetir la tramitación correctamente.
Para las comunidades recurrentes y buena parte del sector privado, el fallo confirma que la norma se hizo con prisa y sin consenso. Sostienen que los requisitos cuantitativos no miden calidad y que el Estado se excedió en lo que debería ser normativa básica. La crítica del Consejo de Estado a los informes vinculantes y a la exigencia de experiencia previa solo a los promotores privados apunta en esa misma dirección.
Nuestra valoración es que la sentencia tiene un efecto inmediato real, la vuelta a las reglas de 2021, pero un alcance de fondo limitado. Si el Gobierno quiere mantener su política, deberá empezar de cero con la consulta pública, lo que en la práctica supone más de un año sin el nuevo marco. Y un nuevo decreto volvería a enfrentarse a los recursos sobre competencias y proporcionalidad que esta vez han quedado sin resolver. La oportunidad que abre el fallo es precisamente esa: tramitar con datos y con las comunidades autónomas lo que antes se aprobó con urgencia.
El próximo paso, en el BOE y en el Ministerio
La anulación surtirá efecto general con la publicación del fallo en el BOE. A partir de ahí, la decisión es del Ministerio que dirige Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades: abrir una consulta pública para un nuevo texto o dejar el sistema con la regulación de 2021. Al cierre de esta pieza no hemos localizado una reacción oficial del Ministerio a la sentencia.
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Fuentes consultadas
- BOE: Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre.
- El Debate: sección, fecha, fundamentos y costas de la sentencia.
- Última Hora: recurso del Govern balear y razonamiento sobre la urgencia.
- Magisterio, El Español y Aula Magna (8 de octubre de 2026).
- El Debate: dictamen del Consejo de Estado (septiembre de 2025).
- Comunidad de Madrid: recurso ante el Supremo (19 de noviembre de 2025) y elDiario.es: respuesta del Ministerio.
- El Debate: recurso del CEU (diciembre de 2025).
- Europa Press: noticia del 8 de octubre de 2026 facilitada por la redacción (no accesible desde nuestras herramientas).
