La Tribuna, financiación autonómica, Estado plurinacional, política nacional
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| Imagen: RTVE |
Por qué el laberinto de la financiación autonómica carece de solución única — y por qué eso, lejos de ser una catástrofe, es el modo normal de existir de un Estado plurinacional.
04 junio 2026.- Hay una pregunta que recorre la política española como una corriente de fondo y que casi nadie formula bien: ¿cuál es la solución al problema de la financiación de las comunidades autónomas? La pregunta está mal planteada, y de su mal planteamiento nace buena parte de la frustración nacional. No hay solución. Y conviene decirlo con todas las letras, no como rendición, sino como diagnóstico: el problema territorial no pertenece a la familia de los problemas que se resuelven, sino a la de los que se administran.
Empecemos por desmontar el espejismo del sujeto único. No existe "la mayoría", ni existen "las comunidades" como bloque con una voluntad común a satisfacer. Existe, en cambio, una coalición de acreedores cuyos intereses no solo difieren: se excluyen mutuamente. En un vértice, las fuerzas que reclaman el reconocimiento de un hecho diferencial —una singularidad que, por definición, vale precisamente porque los demás no la tienen—. En otro, las comunidades de régimen común y los propios barones territoriales, que defienden la solidaridad multilateral y la nivelación, y que viven cualquier asimetría como agravio. Y en un tercero, los territorios que ya disfrutan de un régimen foral propio, custodios de una exclusividad histórica que ni quieren ver diluida ni toleran que se les reproche como insolidaria.
Aquí reside la trampa lógica que ningún gobierno ha sabido sortear, porque no se puede. La singularidad es un bien posicional. Su valor es relativo: distingue, y solo distingue mientras sea excepción. De modo que cualquier intento de hacerla aceptable universalizándola —"que todos recauden más, que todos ganen autonomía fiscal"— destruye lo único que la hacía valiosa para quien la pedía. Una singularidad para todos no es una singularidad: es café para todos, exactamente el reparto homogéneo contra el que el nacionalismo lleva cuatro décadas batallando. Y a la inversa: mantenerla genuinamente singular para un territorio rico y poblado significa detraer del fondo común, que es la ruptura de la solidaridad que enciende al resto. Los dos caminos se anulan. El conjunto de soluciones que contenten a los tres vértices a la vez está, sencillamente, vacío.
Lo que Vox propone no es repartir el café, es retirar la cafetera: supresión o vaciado del Estado autonómico y recentralización en Madrid. Es café para nadie. Por eso, en rigor, no son herederos del "café para todos" original (el de 1981, tras los pactos autonómicos UCD-PSOE), sino de su negación.
De ahí nace el método al que se ha entregado el poder: estirar el chicle. Prometer a cada acreedor lo que cada uno quiere oír, diferir la definición, gobernar desde la ambigüedad. Es comprensible, pero es el peor de los mundos, porque mientras se difiere la ruptura se paga ya su precio —el agravio de unos, la desconfianza de otros— sin cobrar a cambio la estabilidad que se busca. La ambigüedad no es una solución: es un préstamo que devenga intereses.
Tentador resulta entonces el gran salto: importar el federalismo simétrico alemán, constitucionalizar diecisiete piezas iguales y blindar las competencias frente a cualquier futuro intento recentralizador. Como respuesta al problema de España, es seria y coherente. Como jugada política, es imposible, y conviene entender por qué con frialdad. El federalismo simétrico no reconcilia los tres vértices: aniquila uno de ellos, el de la singularidad, que es el que sostiene precisamente a los socios sin los cuales ninguna reforma de ese calado se aprueba. Se le pediría al nacionalismo que ejecutara con sus propias manos la homogeneización que teme de sus adversarios, y que canjeara una posición negociadora siempre al alza por un techo definitivo. Nadie con una llave en la mano firma voluntariamente la cerradura que la inutiliza. Y hay una cruel asimetría temporal: la única coyuntura en que esos socios querrían ese refugio —una amenaza tan aguda que invirtiera su cálculo de riesgo— es justamente aquella en la que la izquierda ya habría perdido el poder de aprobarlo. La ventana de la voluntad y la de la capacidad no coinciden jamás.
¿Significa todo esto que estamos condenados? No. Significa que hemos estado buscando un teorema donde solo existe una gestión. Los Estados compuestos del mundo —Canadá con Quebec, Bélgica, India— no han resuelto su cuestión territorial: la administran, año tras año, en una insatisfacción crónica que no impide gobernar. España lleva con su modelo de financiación caducado más de una década y no se ha hundido. Lo que tomamos por fracaso —nadie del todo contento, todos quejándose— es, en realidad, el equilibrio operativo normal de un país plurinacional.
Las salidas, por tanto, existen; lo que no existe es la salida indolora. Son tres, y ninguna es elegante. La secuencia en lugar del big bang: dar reconocimiento simbólico a unos hoy, más recursos generalizados a otros mañana, garantías de no injerencia a los terceros en paralelo, evitando que dos filas estallen a la vez. El dinero como amortiguador: más financiación para todos diluye casi cualquier agravio, y por eso las ofertas de recursos adicionales nunca son triviales. Y la asimetría tolerada: aceptar que el objetivo no es la satisfacción de todos, sino mantener a todos suficientemente poco descontentos como para no romper. El umbral que importa no es la felicidad: es la tolerancia a la frustración.
Quede dicho, en honor a la otra mitad del argumento, que esta receta tiene un coste moral y se presta a la crítica legítima de quien ve en ella una eterna patada hacia adelante, una renuncia a la reforma seria en favor de la mera supervivencia. Es una objeción justa. Pero la alternativa —forzar un cierre que la mitad del país rechazaría— no produce estabilidad, produce un casus belli constitucional.
Conviene, pues, cambiar la pregunta. No "¿cuál es la solución?", porque no la hay, sino "¿quién soporta mejor el desorden?". En los juegos sin solución no gana quien encuentra el orden perfecto, sino quien tiene más paciencia con la imperfección y elige mejor sus momentos. El problema territorial español no se gana: se juega. No se cierra: se administra. Y madurez política, en este asunto, no es prometer el nudo deshecho, sino reconocer que el nudo es la cuerda misma que nos mantiene atados —y que la única destreza disponible consiste en que no apriete hasta ahogar.
ERC y Vox son, en el fondo, partidarios de resolver, no de administrar; lo que cambia es la dirección. Por eso "administrar el desorden" no es una posición de centro tibio: es una tesis que irrita por igual a los dos extremos del eje territorial, porque les niega a ambos lo único que de verdad quieren, que es un final. Quien defiende la gestión perpetua le está diciendo a unos y a otros que no habrá final. Y esa, para un proyecto identitario, suele ser la noticia más difícil de aceptar.
La Crónica del Henares
