El Gobierno remite a las Cortes el proyecto de ley que modifica el régimen de comercio de derechos de emisión
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| La Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. | Fotos: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez |
11 junio 2024.- El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de ley que modifica el régimen de comercio de derechos de emisión. De esta manera, traspone dos directivas europeas adoptadas en el año 2023 para actualizar la senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que este sistema de comercio de derechos de emisión, una de las medidas más efectivas en la reducción de estos gases por parte de la Unión Europea, se ha ampliado tras un proceso de negociación para conseguir que las emisiones en el año 2030 bajen al menos un 55%.
En los sistemas de comercio de emisiones, cada uno de los participantes debe entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones; si emite más que los derechos que obtiene de forma gratuita, debe comprar derechos en el mercado. Este coste adicional incentiva a la reducción de sus emisiones.
Las directivas que ahora se trasponen -ha añadido Ribera- se enmarcan en las políticas con las que Europa está respondiendo al desafío climático. La vicepresidenta tercera ha recordado que la temperatura media alcanzó en 2023 uno de los niveles más altos registrados. El incremento de esa temperatura, además, ya roza los 1,5 grados que se fijaron como límite en el Acuerdo de París.
En su opinión, es una trasposición que está en la línea de todos los proyectos que pretenden responder desde Europa al gran desafío que supone el cambio climático, cuando la temperatura media en 2023 alcanzó récords históricos en el planeta y se encuentra en 1,48 grados, próxima al límite 1,5 grados que se marcó en el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático.
La modificación de la Ley 1/2005 responde a la necesidad de trasponer al ordenamiento jurídico español dos recientes Directivas, 2023/959 y 2023/958, e introduce algunas disposiciones específicas referentes al nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono establecido por el Reglamento (UE) 2023/956 y al Reglamento (UE) 2023/957, relativo a la notificación, seguimiento y verificación de las emisiones del sector marítimo.
El objetivo es crear un marco normativo de políticas y medidas que permita a la UE cumplir los objetivos asumidos en materia de energía y cambio climático, como el de reducir las emisiones GEI.
Cambios frente al desafío climático
Entre las novedades recogidas en el proyecto de ley, Teresa Ribera ha destacado que la norma adecua las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad incluidas en este ámbito. La meta es que sus emisiones estén un 62% por debajo de las registradas en el año 2005.
También se reducen las asignaciones al sector de la aviación, que ya forma parte del sistema de comercio de derechos de emisión, y se amplía la aplicación del régimen a las emisiones procedentes del transporte marítimo de pasajeros y mercancías.
Por otra parte, se establece un régimen específico paralelo para posibilitar la reducción de emisiones del sector de la edificación y el sector de transporte por carretera. Las obligaciones no están dirigidas a los usuarios finales, sino a las empresas que venden los combustibles para ese destino, según ha aclarado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En 2024 ya empezará a funcionar un sistema de monitorización, y la aplicación será plenamente efectiva en 2027.
Además, el texto incorpora la asignación gratuita de derechos de emisión a algunas tecnologías limpias que no emiten esa clase de gases y son importantes para la transformación del sistema energético, como es el caso de la producción de hidrógeno verde, con el objetivo de incentivarlas.
Otra novedad fundamental es la posibilidad de introducir en frontera una tasa para aquellos productos procedentes de terceros países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones. De este modo, se protege la competitividad de la industria europea y se fomenta la expansión de ese tipo de instrumentos en el resto del mundo, según ha sostenido Teresa Ribera.
La ministra ha señalado que el nuevo régimen estará vigente "tan pronto" como se incorpore a la legislación nacional y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, su departamento seguirá trabajando con los distintos operadores para que puedan conocer, con arreglo a la metodología aplicable, cuál es el volumen de derechos de emisión que les corresponde de manera gratuita y organicen sus planes ya en 2024.
Sectores industriales e infraestructuras
Según Ribera, entre los cambios introducidos está adecuar la senda de reducción de emisiones y asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad, incluidas en este ámbito más de 900 instalaciones para conseguir que sus emisiones «estén un 62 % por debajo en 2030 de lo que estaban en 2005».
Se incorpora la asignación gratuita de derechos de emisión a unas tecnologías limpias y que son importantes en la transformación del sistema energético para incentivar que estén más presentes, como la producción de hidrógeno verde.
Además, según Ribera, se reducen las asignaciones a los sectores industriales y al de la aviación que forman parte del sistema europeo de derechos de emisión y se amplia al transporte marítimo de pasajeros y mercancías.
Asimismo, se incorpora la directiva por la que se crea un régimen específico paralelo para poder conseguir la reducción de emisiones del sector de transporte por carretera y del sector de la edificación.
Son medidas que «no están dirigidas al usuario final», según la ministra, si no a las empresas que venden los combustibles para este destino, y aunque empieza con un sistema de monitoreo en el año 2024, no es efectiva su aplicación hasta el 2027.
Además, se crea en la legislación española la posibilidad de introducir en frontera una tasa para aquellos productos procedentes de terceros países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones parecida a la europea, con la intención de «garantizar un sistema equivalente de protección que no dañe la competitividad de la industria europea» y permita la expansión de estos instrumentos en el resto de países del mundo.
Con esto «conseguimos avanzar en la dirección correcta», ha dicho Ribera, porque es un régimen que estará vigente en España tan pronto esté incorporado a la legislación nacional y publicado en el BOE, con independencia de seguir trabajando como hasta ahora con los distintos operadores.
Fuente: Gobierno de España
