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| Se ha informado sobre trabajo forzoso e infantil en las minas del Congo, que produce más del 70% del cobalto del mundo. Getty Images |
07 agosto 2023.- La Unión Europea pronto requerirá que miles de grandes empresas busquen y reduzcan activamente los abusos de los derechos humanos y el daño ambiental en sus cadenas de suministro. Y aunque es una ley de la UE, también cubrirá a las empresas extranjeras, incluidas las estadounidenses, que tengan operaciones en la región.
El Parlamento Europeo aprobó un borrador de las nuevas reglas en junio de 2023 , y ahora los estados miembros de la UE y la Comisión Europea negociarán para finalizar la ley, que se espera que comience a implementarse en fases dentro de unos años.
En el pasado, los gobiernos generalmente solo pedían que las empresas cumplieran voluntariamente con los esfuerzos para promover los derechos humanos. La ley de la UE sería el mayor intento hasta ahora de obligar legalmente el cumplimiento, con importantes implicaciones para los derechos humanos y las empresas en todo el mundo.
Los derechos humanos y las grandes empresas
Los derechos humanos son aquellos derechos fundamentales que tienen todos los individuos simplemente por el hecho de ser humanos, como el derecho a la vida y la libertad de pensamiento.
Las empresas tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos , desde el papel fundamental de British East India Co. en el comercio de esclavos y la complicidad de IBM en el Holocausto hasta los desastres ambientales mortales más recientes que involucran a compañías petroleras y mineras .
Ejemplos más contemporáneos de esto son los niños en la República Democrática del Congo que extraen cobalto destinado a los teléfonos celulares o el trabajo forzoso que se utiliza en la producción de algodón en la región china de Xinjiang, fuertemente musulmana.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio un paso hacia la vigilancia de estos abusos al adoptar por unanimidad “principios rectores” sobre empresas y derechos humanos. Estos principios instan a los gobiernos a obligar a las empresas en sus jurisdicciones a respetar los derechos humanos dondequiera que operen. Este enfoque contrasta con las normas voluntarias más comunes, como los códigos de conducta de los proveedores , que algunos observadores han sugerido que han sido ineficaces .
En 2017, Francia se convirtió en el primer país en exigir que las empresas vigilen sus cadenas de suministro en busca de abusos contra los derechos humanos.
La ley de diligencia debida en materia de derechos humanos de la UE, redactada por primera vez en 2022 , se basa en la versión francesa, pero va un poco más allá.
Cumpliendo su debida diligencia
La diligencia debida en materia de derechos humanos es un proceso mediante el cual las empresas deben mapear, comprender y abordar todos los posibles abusos de los derechos humanos que se producen en sus operaciones.
El término " diligencia debida " se toma prestado de la práctica comercial común de diligencia debida financiera, en la que los riesgos financieros se investigan antes de cualquier gran inversión. Entonces, al igual que las empresas evalúan los riesgos financieros, los defensores de los derechos humanos argumentan que las empresas deberían hacer un esfuerzo similar para investigar el riesgo de que una actividad pueda violar los derechos humanos de alguien.
La ley de la UE exigiría que todas las grandes empresas que operan en el bloque lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos entre sus proveedores, por ejemplo, asegurándose de que no haya trabajo infantil o forzado, pero también sobre cómo los consumidores utilizan sus productos, como cuando se utiliza una pieza de tecnología para vigilar a los ciudadanos.
La ley cubriría la mayoría de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y ambientales, pasados o presentes. En la práctica, eso significaría que las empresas tendrían que mapear cualquier impacto dañino que haya ocurrido o pueda ocurrir y tomar medidas para remediarlo o prevenirlo.
Las reglas también incluirían disposiciones para el cumplimiento y sanciones por incumplimiento a través de multas y otras sanciones. Y las víctimas de abuso podrían reclamar daños y perjuicios.
En su forma actual, la ley afectaría a las empresas de la UE con al menos 500 trabajadores y 150 millones de euros (US$162 millones) en ingresos netos, pero esos umbrales se reducen a 250 trabajadores y 40 millones de euros (US$44,5 millones) en sectores con un mayor riesgo de maltrato, como la ropa, el calzado y la agricultura. Las empresas no europeas deben cumplir si tienen ingresos de la UE que alcanzan esos umbrales. Se calcula que unas 13 000 empresas de la UE y 4000 con sede fuera de Europa (incluidos nombres conocidos como Apple, Amazon y Nike) estarían sujetas a la ley .
Si funciona según lo previsto, la ley de la UE podría ser transformadora en la protección de los derechos humanos, incluida la salud y seguridad de los trabajadores y la libertad de expresión de los trabajadores, en todo el mundo. Según un informe reciente de expertos en derechos humanos, podría ser “ particularmente valioso en el contexto de las cadenas de suministro transnacionales, donde la naturaleza fragmentada de la producción ha presentado durante mucho tiempo formidables barreras legales y prácticas para los esfuerzos por asegurar una mayor responsabilidad empresarial por las violaciones de los derechos laborales y condiciones pobres de trabajo."
¿Malo para los negocios?
Si bien muchas empresas ya han respaldado las reglas obligatorias de diligencia debida, a otras les preocupa que este tipo de mandato gubernamental sea demasiado oneroso .
Es difícil establecer un mapa completo de riesgos en la cadena de valor de una empresa, desde las materias primas hasta los consumidores, cuando los proveedores son empresas separadas que operan al otro lado del mundo y las cadenas de suministro globales suelen ser grandes y complejas.
Algunas empresas también se resisten con fuerza a la idea de ser consideradas responsables de las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en sus cadenas de suministro en el extranjero.
Por esta razón, EE.UU. hasta ahora ha preferido las reglas voluntarias cuando se trata de presionar a las empresas para que respeten los derechos humanos.
Pero eso está empezando a cambiar lentamente.
En 2012, California implementó la Ley de Transparencia de la Cadena de Suministro , que exige que las empresas que operan en el estado divulguen sus “esfuerzos para erradicar la trata de personas y la esclavitud” en sus cadenas de suministro globales. Y en 2021, el Congreso aprobó la Ley de prevención del trabajo forzoso uigur , que prohíbe la importación de bienes extraídos, producidos o fabricados total o parcialmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang de China, hogar del pueblo uigur, que ha sido sometido a una intensa programa de represión estatal desde 2017 .
Entre estas reglas existe una clara tendencia en desarrollo de que un número cada vez mayor de empresas estadounidenses se vean obligadas a implementar alguna forma de diligencia debida en materia de derechos humanos. Pero estas reglas, a diferencia del enfoque europeo en desarrollo, están diseñadas de manera muy estricta y no requieren que las empresas emprendan la debida diligencia de manera rutinaria.
Como resultado, las empresas estadounidenses que estarían sujetas a las normas de la UE estarían en desventaja competitiva frente a muchos de sus rivales nacionales.
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