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Desde el sector eólico ven con mucha preocupación la situación que se está desencadenando en Galicia con la sucesión de paros judiciales de proyectos eólicos. Desde el máximo respeto a las decisiones de los tribunales de justicia, la situación que se está generando produce inseguridad para acometer inversiones en nuevos proyectos eólicos y puede tener un coste muy elevado para la sociedad.
31 julio 2023.- Con la interpretación innovadora que los tribunales gallegos están haciendo de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación ciudadana durante la tramitación ambiental de los proyectos, no sólo el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en Galicia sino también en el resto de España. Además, se pone en entredicho el proceso que se lleva realizando históricamente y desde hace más de 10 años en fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura pública en nuestro país y en Europa.
Según los colectivos que han demandado los expedientes, cualquier homologación de cualquier instalación industrial, infraestructura de servicios, etc., que se ha realizado con posterioridad a la aprobación de la Ley 21/13 de tramitación medioambiental, se ha realizado de forma inadecuada en todo el país, incluso con la aprobación expresa de los asesores jurídicos independientes de las distintas Administraciones públicas, con los análisis técnicos de los expertos de las Administraciones, y con los sucesivos partidos políticos en el Gobierno de distintos signos políticos en las distintas Comunidades Autónomas.
En este punto, el sector se encuentra ante una situación tóxica imposible de entender en la que infraestructuras e instalaciones que se han tramitado de forma diligente y abierta, técnicamente rigurosa, y cuya instalación ha sido muy positiva, generando empleo, integrándose medioambientalmente en el entorno y conviviendo con la población.
Los procedimientos que cuestionan los grupos antiviento han cumplido con lo dispuesto en la Ley, pero parece que no es suficiente para estos grupos, que se basan en interpretaciones de las normas, que nos llevan a situaciones de bloqueo estructural y imposible de conseguir La exigencia de disponibilidad completa de todos los informes técnicos de todos los organismos involucrados antes de liberar una sola línea de los expedientes de los proyectos a ser tramitados para consulta pública, tiene por objeto la paralización de los expedientes. Por otro lado, según dicen, se ha recurrido la tramitación de los parques porque no se ajusta a la normativa europea.
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) advierte que la judicialización de expedientes eólicos puede afectar a 75 proyectos eólicos, que cuentan con la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable y autorización administrativa para su construcción. El proceso de análisis ambiental es muy garantista, hasta el punto de que debe superar la evaluación de quince organismos, ya que los parques necesitan garantías derivadas de la aplicación de la normativa autonómica, estatal y comunitaria con los informes preceptivos.
Así, y dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación ambiental puede durar entre cuatro y diez años, periodo en el que se invierten muchos recursos públicos y privados. El objetivo de todo este proceso de garantía es la Declaración de Impacto Ambiental favorable.
Con esta paralización en la tramitación de nuevos parques eólicos por denuncias de determinados colectivos, estaríamos en una coyuntura de consecuencias catastróficas. Este escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica genera una pérdida de confianza entre los inversores; lo que dificulta la captación de capital para futuros proyectos en Galicia, tanto renovables como eólicos, dado el efecto contagio que puede suponer la pérdida de vigencia de las autorizaciones emitidas por la Administración.
El proceso de consulta pública lo inicia el órgano de la Administración responsable del tratamiento, y tal y como establece la ley, lo inicia para recabar, al mismo tiempo, información de otros órganos que puedan tener que emitir informes técnicos al respecto, y alegaciones o comentarios de cualquier organización o persona que quiera aportar su opinión en el proceso de análisis del proyecto. Vencido el plazo para recibir comentarios, alegaciones o informes, el órgano responsable analiza la documentación y procede a aprobar o no el proyecto, requiriendo o no modificarlo.
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