60 millones de europeos viven en regiones con un PIB per cápita inferior al del año 2000
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| Una persona trabaja en una fábrica de piezas metálicas en Teruel, España, en una imagen de archivo. EFE/ Antonio García |
Las elecciones europeas del 9 de junio darán paso a una legislatura de cinco años en las que una de las muchas tareas de la Unión Europea será reavivar aquellas regiones del bloque lastradas con tasas bajas de crecimiento, poco o nulo desarrollo industrial y apenas oportunidades para su población.
08 junio 2024.- Más de 60 millones de europeos viven en regiones con un PIB per cápita inferior al del año 2000, un tercio de los 450 millones de ciudadanos habitan en zonas que «lentamente se han quedado atrás» desde comienzos de siglo y 75 millones desarrollan sus vidas en áreas con crecimiento económico inexistente.
Son datos del informe del grupo de expertos de alto nivel nombrado por la Comisión Europea sobre el futuro de la Política de Cohesión que, según el texto, «debe reformarse» para convertirse en «una herramienta dinámica que libere el potencial económico mientras reduce las desigualdades y consolida el modelo de economía social».
El trabajo fue liderado por el economista español Andrés Rodríguez-Pose, quien, en conversación con EFE, defiende que, lejos de haber fallado, la Política de Cohesión ha tenido un «impacto positivo», pero «se ha centrado en la parte estática, en los niveles de desarrollo», dejando de lado «el dinamismo y las oportunidades».
«Se ha invertido más en las zonas más pobres, pero no se ha invertido lo suficiente en zonas en declive» dentro de regiones con niveles intermedios de desarrollo o incluso ricas, explica, sobre un instrumento que actualmente supone un tercio de todo el presupuesto comunitario (392.000 millones entre 2021 y 2027).
Así, mientras que las regiones del centro y del este en países como Lituania, Polonia y Rumanía han mostrado un «dinamismo considerable» en términos económicos, la mayoría de las regiones del oeste «se han quedado atrás», apunta el informe, provocando que el PIB per cápita de muchas áreas griegas, italianas o del noreste francés sea inferior al observado hace casi 25 años.
Muchas regiones europeas se enfrentan también a «trampas de desarrollo», incapaces de recobrar el dinamismo que tuvieron antaño, u ofrecen escasas oportunidades a su población, un fenómeno especialmente pronunciado en el sur y este del continente y que también golpea a zonas metropolitanas con economías boyantes.
Con este escenario, las instituciones europeas son conscientes de la necesidad de reformar de cara al futuro una Política de Cohesión que, además de contribuir a mejorar la competitividad del bloque y reducir las desigualdades territoriales, afrontará el gran reto de acoger una posible nueva ampliación.
En ese contexto se enmarca el documento encargado al grupo de expertos liderado por Rodríguez-Pose, catedrático de Geografía Económica en la London School of Economics. El informe apuesta por pasar de una Cohesión basada en «categorías de regiones» a otra «basada en retos» que invierta en cada zona dependiendo de la «intensidad» del desafío al que se enfrenta.
«Puede haber regiones que son pobres, menos dinámicas y con falta de oportunidades; entonces necesitan más niveles de inversión mientras que en otras que van bien, pero tienen importantes bolsas de falta de oportunidades se invierta solo en uno de los retos», explica.
La meta de impulsar el desarrollo en todos los rincones del bloque llega en un momento en que la UE se ha marcado el objetivo de acelerar las transiciones verde y digital al tiempo que recupera músculo industrial e invierte en seguridad y defensa, prioridades que pueden absorber fondos de un presupuesto comunitario ya muy limitado.
En opinión de Rodríguez-Pose, pueden contemplarse «sinergias» entre objetivos tradicionales y nuevas prioridades, pero advierte de que surgirá un «problema» si se derivan fondos pensados para el desarrollo territorial a «generar actividades donde ya hay dinamismo».
«No se puede conseguir una transición ecológica si gran parte de los beneficios o las oportunidades se van a concentrar en la zonas ya más dinámicas y desarrolladas y el resto de la UE sale perjudicada», avisa.
Aunque el futuro de la Política de Cohesión apenas ha copado titulares durante la campaña electoral, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sí ha planteado una idea innovadora: adoptar un procedimiento similar al de los planes de recuperación para hacer que los fondos regionales sólo lleguen a los países una vez adoptadas una serie de reformas e inversiones pactadas anteriormente.
De nuevo, el economista español cree que ambos modelos pueden ser «compatibles» pero insta a no perder de vista dos ventajas de la Política de Cohesión en su diseño futuro: la dimensión territorial y el grado de democratización de sus procesos de toma de decisiones.
«Hay que tener mucho cuidado con modelos de decisión rápida (como el del fondo de recuperación) en un momento en que la polarización política está llegando a niveles insostenibles», advierte.
La eurozona se recupera pero con una industria aún débil
La actividad en la zona del euro se está acelerando, tras escapar de la recesión en el primer trimestre, y se recupera gracias a la buena evolución del sector servicios y pese a la debilidad de una industria todavía en proceso de estabilización, en la que se teme un repunte de las insolvencias.
El Banco Central Europeo (BCE) acaba de elevar al 0,9 % su previsión de crecimiento para la zona del euro en 2024 por el aumento esperado del comercio y del consumo de los hogares, mientras que el índice PMI de mayo -elaborado mediante una encuesta a directores de compras- señala que ha sido el tercer mes consecutivo de crecimiento, aunque el sector manufacturero se mantiene en recesión.
En este contexto, tres de cada cinco compañías perciben graves dificultades financieras en un entorno empresarial difícil, lo que prevén que genere un aumento de las insolvencias durante el próximo ejercicio, de acuerdo con el barómetro que Crédito y Caución elabora entre proveedores industriales de países de Europa occidental.
De forma generalizada en los diferentes mercados y sectores, alrededor de un 20 % más de empresas que en 2023 muestran su preocupación por un «empeoramiento significativo» de las ventas pendiente de cobro. La aseguradora de crédito apunta especialmente a dos sectores, el del automóvil y el agroalimentario.
En el primer caso, señala que la producción de automóviles en Europa crecerá un 1,6 % en 2024, pero previene de un incremento de los impagos entre los pequeños y medianos proveedores que podrían carecer de los medios tecnológicos o financieros para mantenerse en la cadena de valor, en un contexto de remodelación de la industria por el abandono de los motores de combustión.
Del sector de los alimentos dice que, a pesar de su carácter esencial, los consumidores han reestructurado en 2023 sus hábitos para equilibrar el presupuesto familiar frente a la elevada inflación y el aumento de los tipos de interés.
Aunque este sector tiene mayor capacidad de crédito que otras industrias, el endurecimiento monetario se ha traducido en condiciones más restrictivas y un menor acceso a la financiación bancaria, lo que podría impulsar el incremento de los impagados.
Las explotaciones agrícolas, los pequeños productores y los minoristas convencionales son los que experimentan mayores presiones de liquidez.
En España 4 de cada 10 operaciones se cobran con retraso
El 42 % de los intercambios comerciales de productos y servicios en el mercado español se cobra con retraso y un 7 % resulta impagado, un punto más que en 2023, de acuerdo con el Barómetro de Prácticas de Pago 2024 elaborado por Crédito y Caución.
El 37 % espera un deterioro del riesgo de insolvencia de sus clientes en el corto plazo, aunque en los últimos meses el 25 % asegura haber experimentado una disminución de los plazos de pago, frente al 15 % que reporta un aumento.
Sectores como el químico muestran cierto optimismo en la evolución de los pagos a proveedores, mientras que entre las empresas de la industria agroalimentaria se espera un deterioro, en un contexto en el que las sociedades responden a sus desequilibrios de tesorería ralentizando los pagos a sus propios proveedores, «alimentando el efecto dominó de la morosidad».
Solo el 13 % de empresas activa el recobro al vencimiento de la factura
Las empresas españolas están retrasando en 2024 el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial con sus clientes, de forma que solo el 13 % de las empresas inicia el proceso al vencimiento de la factura.
Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica -junto con el 11 % de 2022-, según el estudio de la gestión el riesgo de crédito en España de Crédito y Caución e Iberinform, que señala que hace una década llegaba al 21 %.
A pesar de que retrasar el recobro implica un deterioro en la efectividad de la recuperación, el estudio refleja que el 32 % de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso, lo que supone una «gran flexibilidad» que se entiende como parte de la relación de la relación comercial.
Fuente: EFE
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