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ACTUALIDAD. Sánchez plantea medidas de transparencia para los medios y la derecha lo acusa de censura

Sánchez plantea medidas de transparencia para los medios y la derecha lo acusa de censura

 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene este miércoles en el Congreso. EFE/Zipi Aragon

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propuso este miércoles al Congreso un plan de «regeneración democrática» para mejorar la transparencia informativa de los medios y conocer sus propietarios y fuentes de financiación, pero la oposición conservadora mayoritaria consideró que intenta así la censura y el control de la prensa.

17 julio 2024.- El Plan de Acción por la Democracia, que será negociado con los grupos parlamentarios y hablado con representantes de los medios, según Sánchez, pretende más independencia y pluralismo informativos y protección de la democracia, y también incluye medidas que afectan al Gobierno, los parlamentarios y el sistema electoral.

Sánchez puso como referencia el reglamento de libertad de medios aprobado por el Parlamento Europeo, apoyado por todos los grupos de la Eurocámara, menos la ultraderecha, recordó.

En consonancia con el mismo, que debe trasponerse a la legislación española, Sánchez defendió fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios privados españoles.

«Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencias de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria», comentó Sánchez, que gobierna en coalición con Sumar (izquierda) y sin mayoría parlamentaria.

 

Reforzar el derecho al honor

Antes insistió en la necesidad de limitar la financiación que las administraciones públicas dedican a los medios.

El objetivo es evitar medios que tengan «más financiadores públicos que lectores» y partidos que compren líneas editoriales con el dinero de los impuestos, y apuntó una actualización de la ley de publicidad institucional.

Abogó por acabar con presiones de partidos y empresas a los medios, y planteó cambios legislativos para reforzar los derechos al honor y de rectificación.

Los medios tienen que ser libres, con su propia línea editorial, pero los ciudadanos también pueden defenderse si son injuriados, según la Constitución, argumentó.

Sánchez se comprometió el 29 de abril a «trabajar sin descanso (…) por la regeneración pendiente» de la democracia española y el avance y consolidación de libertades.

El líder socialista decidió seguir al frente del Ejecutivo después de cinco días de reflexión sobre lo que consideró campaña de «fango» y «descrédito», «acoso y derribo» contra él y su esposa, Begoña Gómez, por parte de la oposición conservadora (Partido Popular, PP) y de extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha.

Un juzgado de Madrid investiga desde abril a Begoña Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, y que la Fiscalía pidió archivar.

«El mayor ataque a la libertad de información»

El líder opositor Alberto Núñez Feijóo, del PP, acusó a Sánchez de amenazar con censurar a los medios y de intentar controlarlos debido a las investigaciones por supuesta corrupción que afectan a su esposa y su hermano, David Sánchez, y por un supuesto cobro de comisiones ilegales en el suministro de mascarillas a varias administraciones públicas.

«Esto puede acabar como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española», advirtió el líder opositor a Sánchez sobre su plan.

 

Y le pidió explicaciones sobre sus reuniones con su mujer y un empresario, según declaró este último ante un juez, en el palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo las consideran en la normalidad de una ronda de contactos de Sánchez con empresarios.

El líder de Vox, Santiago Abascal, opinó que a Sánchez no le preocupa la calidad democrática, solo comprar líneas editoriales de medios y promover la «persecución ideológica».

Según Sánchez, «no es intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad» entre medios. El problema de una democracia no es la discrepancia ni la crítica, sino la mentira, consideró, y las medidas propuestas no son buena noticia para quienes «han convertido la mentira en un negocio rentable».

El plan también prevé ampliar y mejorar la cantidad y la calidad de la información gubernamental. En ese contexto, la ciudad española de Vitoria acogerá en otoño de 2025 la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Igualmente, una reforma para endurecer las sanciones para diputados y senadores que no presenten, falseen o recorten su declaración de bienes y actividades.

Y otra para hacer obligatorios los debates electorales y que las encuestas publicadas incorporen todos los datos y el método de estimación de resultados.

¿Qué dice la ley de medios de la UE?

Se trata, en concreto, de un reglamento que entró en vigor el pasado mayo, tras ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y que es obligatorio y aplicable en todos los Estados miembros del club comunitario.

La llamada ley sobre la libertad de los medios de comunicación busca incrementar la transparencia sobre la propiedad de las empresas mediáticas y la publicidad institucional, proteger mejor a los periodistas y sus fuentes de información, y reforzar la independencia de los medios públicos.

El texto recoge salvaguardas en defensa de la independencia de los medios públicos para evitar que estos se utilicen con «fines políticos».

Así, tras la entrada en vigor de la normativa, los países de la Unión deben fijar por ley los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, así como la duración de sus mandatos, que debe ser «suficientemente larga», y una financiación suficiente para cumplir con su misión.

Por otro lado, cada Estado miembro está obligado a crear una base de datos nacional con información sobre quién es propietario de cada medio de comunicación: tanto la propiedad directa como la indirecta y, en cualquier caso, la de quien tenga un porcentaje de acciones como para llegar a influir en las decisiones editoriales.

«Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses», señala el texto.

Además, el reglamento estipula que el contenido que publiquen los medios de comunicación en redes sociales como X o Facebook no puede ser eliminado inmediatamente sin previo aviso.

Estas plataformas tendrán que alertar con 24 horas de antelación sobre su intención de retirar un contenido que infrinja sus normas si este viene de un medio que es editorialmente independiente, no depende de terceros países o partidos políticos y está adscrito a una entidad regulatoria nacional.

Con la nueva ley, los medios de comunicación tienen que informar sobre los fondos recibidos de la publicidad estatal y sobre las ayudas financieras estatales, incluidas las procedentes de países no pertenecientes a la UE.

Además, los fondos públicos destinados a medios o plataformas en línea deben asignarse mediante «criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios» y la información sobre el gasto en publicidad estatal debe ser pública, incluyendo el importe total anual y el importe por medio.

La ley europea de medios prohíbe a las autoridades presionar a periodistas y redactores para que revelen sus fuentes de información, incluso mediante su detención, sanciones, registros de oficinas o instalación de programas de vigilancia intrusiva en sus dispositivos electrónicos.

Asimismo, el uso de programas espía sólo será posible en casos concretos y con previa autorización de una autoridad judicial que investigue delitos graves castigados con penas de prisión, pero incluso en estos casos, los sujetos tendrán derecho a ser informados después de que se haya producido la vigilancia y podrán impugnarla ante los tribunales.

Fuente: EFE

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