La dispar deuda de las Comunidades Autónomas, un lastre para una financiación fiscal equilibrada
03 septiembre 2024.- El aumento del nivel de deuda producido tras la Pandemia junto con la política monetaria restrictiva promovida desde el Banco Central Europeo ha dado lugar a un aumento considerable de la partida de gasto en intereses que puede llegar a ser preocupante en el caso de las Comunidades Autónomas (CC.AA.).
En concreto, el gasto en intereses de las CC.AA. ha aumentado en un 60% entre 2022 y 2023 (desde 0,28% PIB de 2022 hasta el 0,44% de 2023). Si bien, hay que matizar que la cantidad pagada en 2022 es bastante reducida debido a los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno desde 2012 para financiar a tipos reducidos a los gobiernos autonómicos tras la Gran Recesión.
En esta nota se estima el gasto en intereses vinculado a la deuda pública de las CC.AA. a lo largo del periodo 2024-2027, aunque también presentaremos los datos de los años 2022 y 2023 para mostrar el aumento de intereses ya experimentado desde el inicio de la política monetaria restrictiva.
Para ello, hemos basado nuestras estimaciones en una serie de supuestos sencillos de refinanciación de deuda, acorde con la subida de tipos observada en la deuda pública estatal. Hay que recordar que los tipos de interés de emisión de la deuda pública española se están situando en torno al 3%, niveles similares a los experimentados justo antes de la Gran Recesión.
Este ejercicio tiene como objetivo, valorar qué ocurre con el gasto en intereses ante un contexto de subida de tipos de interés y de elevados niveles de deuda. Por este motivo, el aumento futuro en el gasto en intereses 2 va a adquirir una importancia considerable en las cuentas públicas de las AA.PP. Con esta nota pretendemos cuantificar cuál sería el aumento del gasto en intereses para las CC.AA. bajo el cumplimiento de las últimas previsiones del gobierno y de la AIReF (AIReF, 2024).
En la Tabla 3, se recogen los pagos por intereses en millones de euros para el periodo 2022-2027. En 2022 el gasto autonómico en intereses registrado por la IGAE ascendió a 3.608 millones de euros, estimamos que, bajo los supuestos arriba establecidos, esa cifra se incrementaría hasta los 12.037 millones de euros en 2027. Esto significa multiplicar por 3,3 los recursos que se dedicaron en 2022 a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica. Los factores que guían este cambio son dos: el importante aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y cuyo nivel suponemos que se mantendrá en los próximos años, y el elevado volumen de deuda pública.
En el Gráfico
2, se muestra la evolución de la deuda pública autonómica y del gasto en intereses entre
2007 y 2027, incluyendo nuestras estimaciones para los últimos cuatro años. En este
Gráfico, se puede observar que durante el anterior periodo de subida de intereses entre
2007 y 2014, el stock de deuda pública de las CC.AA. era bastante menor al que tenemos
actualmente. Además, los supuestos considerados en nuestras estimaciones y que
explican la reducción de deuda pública de las CC.AA. son optimistas: cumplimiento
estricto por parte de todas las CC.AA. de los objetivos de déficit y no desviación de las
previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad con respecto al crecimiento del
PIB.
En la tabla 4, mostramos la evolución entre 2022-2027 del tipo medio de la deuda pública autonómica (definido como el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre del año). El tipo medio fue del 1,1% en 2022 y ascendería hasta el 3,5% en 2027. Esto significa un coste de más del triple del actualmente vigente. Destaca el aumento de los tipos por encima del 4% de: Asturias, Canarias, Castilla y León y Madrid.
Implicaciones de política económica
Esta nota ha proporcionado una simulación del coste de la deuda pública autonómica bajo supuestos convencionales a lo largo del periodo 2023-2027. Debe advertirse, no obstante, que los resultados no deben interpretarse como una predicción sino como un ejercicio de proyección sin considerar una política fiscal reactiva respecto a los mismos. A partir de ese punto cabe extraer varias implicaciones de política económica nada desdeñables.
La primera es que, si bien a partir de la disciplina fiscal fijada en nuestra simulación que supone ligeros déficits a partir de 2025 (0,1% PIB), el peso de la deuda pública autonómica sobre el PIB se reduciría, su coste financiero aumentaría de manera significativa. Ello obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas a pago de intereses de la deuda, circunstancia poco deseable.
La segunda es que, a la vista de nuestros resultados, las CC.AA. deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar. En los próximos ejercicios las CC.AA. deberán abordar un proceso de consolidación fiscal con el objetivo de reducir su nivel de deuda y situarlo en el 13% fijado en la LOEPSF. Si bien hay que matizar que el nivel de deuda entre comunidades es muy heterogéneo, en 2023 los valores están comprendidos entre el 12% de Navarra y el 42,2% de C. Valenciana, dando lugar a situaciones de partida muy diferentes y requiriendo ajustes fiscales muy distintos entre comunidades para alcanzar el objetivo del 13% (Marín y Martínez 2024).
Entre las tareas pendientes que se deberían abordar con urgencia se encuentran: la reforma del sistema de financiación pendiente y el regreso al mercado de las CC.AA. con la retirada gradual de los mecanismos de financiación de emergencia materializados a través del FFCCAA. No hay que olvidar que aproximadamente el 60% de la deuda de las CC.AA. está en manos del Estado. Sin embargo, este proceso no tendrá éxito sin la puesta en marcha de un proceso creíble de consolidación fiscal.
Las CC.AA. han de ser conscientes de que el recorte vía gasto resulta más que complicado en un contexto como el actual con gastos sanitarios y sociales al alza derivados del envejecimiento de la población, el aumento esperado del gasto en intereses y, además, el reducido gasto en inversión. Por todos estos motivos, consideramos que es prioritario la puesta en marcha de una estrategia fiscal creíble a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Fuente: Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC.AA. (2022-2027). Manuel Díaz y Carmen Marín. FEDEA, septiembre 2024.
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