La Tribuna, Crónica del Henares, OPINIÓN
01 abril 2025.- La presunción de inocencia es un derecho fundamental que constituye la piedra angular de cualquier sistema judicial justo y democrático. Este principio, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14), establece que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso legal, transparente y con las debidas garantías.
En primer lugar, la presunción de inocencia protege la dignidad humana al evitar que los individuos sean tratados como culpables sin pruebas concluyentes. Esto es esencial para prevenir abusos de poder por parte del Estado o de las autoridades judiciales, que podrían caer en la tentación de estigmatizar o castigar a alguien basándose únicamente en sospechas, prejuicios o presiones sociales. Sin este principio, cualquier persona podría ser víctima de una condena arbitraria, lo que socavaría la confianza en el sistema de justicia y en el Estado de derecho.
En segundo lugar, este derecho impone una carga de la prueba sobre la acusación, obligándola a presentar evidencia sólida y objetiva. Esto no solo garantiza un juicio equitativo, sino que también fomenta la calidad de las investigaciones y el respeto por los procedimientos legales. La presunción de inocencia no significa impunidad, sino que asegura que la culpabilidad se determine con base en hechos verificables y no en suposiciones o percepciones subjetivas.
Por otro lado, algunos podrían argumentar que la presunción de inocencia dificulta la persecución de delitos, especialmente en casos mediáticos o de alta sensibilidad social, donde la opinión pública exige respuestas rápidas. Sin embargo, ceder a estas presiones comprometería la integridad del sistema judicial y abriría la puerta a errores irreparables, como la condena de inocentes. Ejemplos históricos, como los juicios injustos basados en linchamientos mediáticos o políticos, demuestran los peligros de ignorar este principio.
En conclusión, la presunción de inocencia es un derecho esencial que protege a los individuos frente a la arbitrariedad y refuerza la legitimidad de la justicia. Lejos de ser un obstáculo, es una garantía de que las decisiones judiciales se fundamenten en la verdad y no en el clamor popular o la conveniencia. Su defensa es, en última instancia, la defensa de una sociedad libre y justa.
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