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| Donald Trump, presidente de EE.UU. |
20 marzo 2025.- En las democracias modernas, las leyes deberían ser el reflejo de la voluntad colectiva, diseñadas para garantizar el bienestar general y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Sin embargo, cuando grupos políticos con poder omnímodo promulgan legislaciones destinadas exclusivamente a favorecer a sectores económicos y medios de comunicación afines, se produce un detrimento profundo de los valores democráticos.
Estas prácticas, lejos de fortalecer el sistema, lo corrompen, transformando el Estado en un instrumento de elites privilegiadas y erosionando la igualdad, la transparencia y la participación ciudadana. Este artículo argumenta cómo tales leyes socavan la democracia al perpetuar desigualdades, silenciar voces disidentes y desvirtuar el principio de representación.
La democracia se sustenta en la premisa de que las leyes deben servir al bien común, no a intereses particulares. Sin embargo, cuando un grupo político con poder absoluto legisla para beneficiar a sectores económicos específicos —como grandes corporaciones o magnates afines— se crea una distorsión que privilegia a unos pocos sobre la mayoría. Estas leyes, que pueden incluir exenciones fiscales, subsidios desproporcionados o contratos públicos amañados, consolidan la desigualdad económica y debilitan la capacidad del Estado para redistribuir recursos de manera justa.
Un ejemplo histórico es el caso de las "leyes de medios" en Italia durante el gobierno de Silvio Berlusconi. Como líder político y magnate mediático, Berlusconi influyó en la aprobación de legislaciones que protegían sus empresas de televisión, como Mediaset, mientras limitaban la competencia. Estas leyes no solo fortalecieron su imperio económico, sino que le otorgaron un control desmedido sobre la narrativa pública, minando la pluralidad y el acceso equitativo a la información. Este tipo de legislación evidencia cómo el poder omnímodo puede desviar el propósito democrático hacia fines privados.
Otro pilar democrático que se ve afectado es la libertad de expresión y el acceso a una prensa diversa. Cuando las leyes favorecen exclusivamente a medios de comunicación alineados con el grupo en el poder, se crea un monopolio informativo que ahoga las voces disidentes. Subsidios selectivos, licencias amañadas o regulaciones que castigan a medios críticos son herramientas comunes que transforman a la prensa en un brazo propagandístico del gobierno, en lugar de un contrapeso independiente.
En Turquía, bajo el gobierno de Erdoğan, se han promulgado medidas que facilitan la adquisición de medios por parte de empresarios cercanos al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). A cambio de favores económicos, estos medios han adoptado una línea editorial servil, mientras que los críticos enfrentan cierres, multas o persecución judicial. Este control legislativo sobre la información no solo restringe el debate público, sino que priva a los ciudadanos de las herramientas necesarias para cuestionar al poder, un elemento esencial de cualquier democracia.
La democracia depende de que los representantes actúen en nombre de sus electores, no de sus aliados económicos o mediáticos. Sin embargo, las leyes promulgadas por grupos de poder omnímodo suelen ser el producto de negociaciones a puertas cerradas, donde los intereses de los ciudadanos son ignorados en favor de los de una elite. Este proceso deslegitima la representación política, ya que los legisladores se convierten en agentes de sus benefactores en lugar de servidores públicos.
Un caso contemporáneo es el de México con la aprobación de reformas energéticas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Aunque se presentaron como un avance para el país, estas leyes beneficiaron principalmente a empresas privadas cercanas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que los costos recayeron en los consumidores. La falta de transparencia y las acusaciones de sobornos revelaron cómo el poder omnímodo puede torcer la legislación para enriquecer a unos pocos, dejando a la población sin voz ni beneficios reales.
Finalmente, estas prácticas alimentan un ciclo de corrupción y desconfianza que debilita aún más la democracia. Cuando los ciudadanos perciben que las leyes solo sirven a los poderosos, pierden fe en las instituciones, lo que reduce la participación política y abre la puerta a soluciones autoritarias. Los medios afines, al encubrir estos abusos, perpetúan la impunidad, mientras que los sectores económicos beneficiados reinvierten sus ganancias en mantener el statu quo, consolidando un sistema antidemocrático disfrazado de legalidad.
Para salvar la democracia, es imperativo fortalecer los contrapesos institucionales, garantizar la transparencia legislativa y empoderar a la ciudadanía para que exija leyes que sirvan al pueblo, no a las elites. Solo así se podrá frenar este detrimento silencioso pero devastador.
Autor: La Crónica del Henares
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