OPINIÓN. Bukele, ¿seguridad sin democracia?

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Nayib Bukele podría gobernar El Salvador de por vida

03 agosto 2025.- El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a figurar entre los más seguros de América Latina. La transformación, liderada por el presidente Nayib Bukele, ha sido tan radical como polémica. ¿Estamos ante un modelo de seguridad eficaz o frente a un régimen que sacrifica libertades fundamentales en nombre del orden?

Desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha registrado cifras históricas: la tasa de homicidios cayó de 51 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 1,9 en 2024. El despliegue masivo de fuerzas de seguridad, la construcción de megaprisiones y la captura de más de 85.000 personas han desarticulado a las pandillas que durante décadas dominaron barrios enteros.

Para muchos ciudadanos, el cambio es tangible: ya no hay extorsiones, ni territorios controlados por maras. La sensación de paz ha devuelto espacios públicos a la vida cotidiana. Este éxito ha convertido a Bukele en un referente para otros países que enfrentan crisis de seguridad.

Pero el precio de esta seguridad ha sido alto. El régimen de excepción ha suspendido garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. Organismos como Human Rights Watch y la CIDH han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, juicios masivos sin garantías y condiciones inhumanas en prisión.

Además, Bukele ha concentrado poder en todos los órganos del Estado: remoción de jueces, fiscal general y magistrados de la Corte Suprema, debilitando el sistema de contrapesos. La reciente reforma constitucional que permite la reelección indefinida ha encendido alarmas sobre el retroceso democrático.

El dilema es profundo. ¿Puede justificarse la erosión de libertades si el resultado es una sociedad más segura? ¿Es sostenible un modelo que depende de la concentración de poder y la suspensión de derechos?

Los defensores del modelo Bukele argumentan que la seguridad es un derecho fundamental, y que los resultados hablan por sí solos. Los críticos advierten que la democracia no puede sacrificarse en nombre de la eficacia, y que sin instituciones sólidas, el abuso es inevitable.

Bukele ha demostrado que es posible reducir drásticamente la violencia en un país asediado por el crimen. Pero lo ha hecho a costa de principios democráticos esenciales. El Salvador vive hoy más seguro, pero menos libre. La pregunta que queda es si este equilibrio puede mantenerse sin que el poder absoluto derive en autoritarismo.