LA TRIBUNA. El reto de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España

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06 octubre 2025.- El sistema de pensiones español se caracteriza por una marcada heterogeneidad territorial en las prestaciones medias, resultado directo de los distintos modelos productivos y las bases de cotización históricas de cada región. Los avances estadísticos de la Seguridad Social a septiembre de 2025 permiten perfilar este mapa de disparidades.   

Las regiones del País Vasco y el Principado de Asturias se destacan con las pensiones medias más altas del país. En septiembre de 2025, el País Vasco registró una pensión media de 1.837,24 euros, y Asturias alcanzó los 1.777,17 euros. Estas cifras son una clara manifestación de la herencia industrial del siglo XX, que generó bases de cotización elevadas, especialmente en sectores como la minería y la siderurgia. Navarra, con 1.689,57 euros, y Aragón, con 1.579,74 euros (y 1.629,54 euros en Zaragoza), también se sitúan significativamente por encima de la media nacional.   

En el extremo opuesto, las comunidades autónomas cuya estructura productiva se ha basado históricamente en sectores con bases de cotización más bajas, como el agrario, los servicios de menor cualificación o el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), presentan las pensiones medias más modestas. Extremadura, por ejemplo, registró una pensión media de 1.276,52 euros. La Región de Murcia se sitúa también entre las más bajas, con una pensión media total de 1.171,54 euros según fuentes periodísticas, o 1.361,03 euros si se toma el dato provincial proxy de la Seguridad Social. Andalucía, a pesar de su gran tamaño demográfico, se sitúa por debajo de la media con 1.367,31 euros.  

El liderazgo de País Vasco y Asturias en cuantía de pensiones es un hecho que subraya que la cuantía de la prestación depende fuertemente de la trayectoria de cotización completada. No obstante, esta alta cuantía en regiones con demografías envejecidas y reestructuradas industrialmente implica que su financiación interna no es suficiente, intensificando la necesidad de la solidaridad interterritorial para mantener la caja única del sistema de reparto. Los diferenciales se mantienen persistentes, actuando como un factor de compensación económica en territorios que han experimentado transiciones laborales complejas.   

El Mapa de los Salarios Medios Brutos (SME 2023)

Los salarios medios, analizados a través del Salario Medio Estimado (SME) anual de 2023 , ofrecen la perspectiva opuesta: la capacidad económica presente de cada territorio para generar cotizaciones futuras. El mapa salarial revela una concentración de la renta en los principales centros económicos y de servicios.   

La Comunidad de Madrid lidera indiscutiblemente la clasificación, con un SME anual de 37.058 euros. Le sigue Cataluña con 33.309 euros. Estas dos comunidades concentran la actividad de mayor valor añadido, incluyendo finanzas, servicios corporativos y tecnología, que históricamente han generado bases de cotización elevadas y un mayor dinamismo laboral. El Principado de Asturias, a pesar de su alto nivel de pensiones, se mantiene cerca de la media nacional (30.801 euros) con 30.729 euros, lo que sugiere una diferencia entre la renta de los jubilados y la de los trabajadores actuales en la región. Aragón, con 29.310 euros, y Baleares, con 29.565 euros, también figuran en posiciones intermedias-altas.   

Por el contrario, las comunidades autónomas con los salarios medios más bajos son Extremadura (26.053 euros), Canarias (26.885 euros), y la Región de Murcia (27.270 euros). La diferencia salarial entre Madrid y Extremadura, que supera los 11.000 euros anuales, refleja la persistencia de desequilibrios económicos profundos y diferencias en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, un fenómeno ampliamente estudiado en la literatura especializada sobre convergencia regional.   

La marcada divergencia entre los ingresos laborales actuales y las rentas de jubilación del pasado crea una dicotomía importante. Mientras que los centros industriales del norte conservan un alto nivel de vida basado en las pensiones históricas, los centros financieros y de servicios (Madrid, Cataluña) son los que actualmente aportan las bases de cotización más robustas. La relativa posición salarial de Asturias (cercana a la media, pero lejos de los líderes) en contraste con su posición en el ranking de pensiones (segundo más alto) indica una ralentización o menor competitividad salarial en su mercado laboral actual comparado con el nivel de riqueza que generaron las cotizaciones de sus jubilados. Esta situación presiona la sostenibilidad regional de la pensión y acentúa la dependencia del mecanismo de solidaridad

Análisis de la brecha regional: Salarios vs. Pensiones

La relación entre el nivel de las pensiones y el de los salarios dentro de cada comunidad autónoma (CA) es un indicador potente de la evolución de la economía regional y de la presión financiera que el sistema de reparto ejerce sobre el mercado laboral local.

Para obtener una métrica comparable, se proyecta la Pensión Media Mensual de septiembre de 2025 a 14 pagas para contrastarla con el SME Anual de 2023. El resultado, expresado como porcentaje, muestra la proporción de la renta laboral media que es reemplazada por la pensión media.

El análisis de la ratio Pensión/Salario (P/S) revela patrones económicos históricos. El Principado de Asturias, con un ratio del 80.94%, muestra un caso de anclaje histórico significativo. Esta cifra implica que la pensión media se acerca notablemente al salario medio actual de la región. El factor subyacente de este alto ratio no es un éxito reciente del mercado laboral, sino el resultado directo de la combinación de pensiones generadas en un pasado de bases de cotización muy altas (la era industrial y minera) y un crecimiento salarial contemporáneo menos dinámico en comparación con otros centros de servicios. La alta renta de la jubilación en Asturias ofrece, de hecho, un mecanismo de protección económica frente a las transformaciones de su mercado laboral.   

En contraste, las comunidades con los salarios más altos, como Madrid (SME: 37.058 €) y Cataluña (SME: 33.309 €) , tienen una tasa de reemplazo implícita significativamente más baja. Si se utilizara la pensión media nacional de jubilación (21.121,80 euros anuales) como proxy para la pensión media en Madrid, la ratio P/S se situaría alrededor del 57%. Esta baja ratio para los ingresos más altos se debe a que el sistema público de reparto tiene un tope en la base máxima de cotización y, consecuentemente, en la pensión máxima. Los altos salarios, al superar este tope, cotizan marginalmente menos en términos de beneficio futuro, lo que reduce la tasa de reemplazo efectiva para los trabajadores con las rentas más elevadas. Esto se convierte en un mecanismo redistributivo implícito dentro del sistema.

La demografía es el motor principal de la solidaridad territorial del sistema. Las regiones que presentan los mayores índices de envejecimiento y una emigración sostenida de población joven (generalmente las mismas que tienen pensiones históricamente altas) son las que tienen menos cotizantes para sostener a su población pensionista. Esto provoca un desequilibrio entre los ingresos generados localmente y el gasto en prestaciones. El sistema opera a través de una "caja única" que traslada los recursos de las comunidades con superávit demográfico relativo (más cotizantes per cápita, como Madrid o Baleares) a las comunidades demográficamente tensionadas (como Asturias o Galicia).

Situación actual y proyecciones de la Ratio Nacional (2025)

El Ratio Cotizante/Pensionista nacional se ha deteriorado significativamente a lo largo de las últimas décadas. En los años setenta, el sistema funcionaba con una relación de 4 trabajadores activos por cada pensionista. Actualmente, este ratio se sitúa en 2.6 a 1. Los datos de afiliación a la Seguridad Social a septiembre de 2025 muestran un sistema con más de 21.7 millones de afiliados, marcando niveles máximos.   

Sin embargo, las proyecciones demográficas anticipan una caída estructural del ratio en las próximas décadas, debido a la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida. Se estima que el ratio descenderá drásticamente, situándose cerca de 1.5 a 1 e incluso 1.2 a 1.   

Este descenso proyectado tiene consecuencias estructurales. En un sistema de reparto (PAYG), la ecuación fundamental es que los ingresos por cotizaciones deben ser iguales a los gastos en prestaciones. Si el número de cotizantes por pensionista disminuye manteniendo la tasa de reemplazo constante, el tipo de cotización efectivo requerido para equilibrar las cuentas aumentaría a niveles inviables para el mercado laboral. La proyección hacia 1.2:1 representa, por lo tanto, una crisis estructural del modelo de financiación actual, y confirma la necesidad de buscar fuentes de ingresos alternativas al salario.

La presión demográfica se valida también a través de la Tasa de Dependencia de personas mayores de 65 años, que se proyecta al 47.9% para el período 2022-2050, según el Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea. Este incremento de la dependencia impone una carga creciente e ineludible sobre la población activa, independientemente de mejoras marginales en la productividad.   

Desequilibrios territoriales en la Ratio Cotizante/Pensionista

El desequilibrio demográfico no afecta a todas las comunidades autónomas por igual. La presión es mucho más intensa en las regiones con poblaciones más envejecidas y menores tasas de natalidad o inmigración laboral.

Los datos indican que más de un tercio de las autonomías tiene actualmente menos de dos afiliados por cada pensionista. De hecho, sólo tres comunidades autónomas mantienen un ratio igual o superior a dos cotizantes por pensionista. Las regiones que se encuentran en esta situación crítica (típicamente Galicia, Asturias, y Castilla y León) son precisamente aquellas que históricamente tienen las pensiones medias más altas, debido a su estructura demográfica y a la emigración de la población joven y activa.  

Esta geografía de la dependencia refuerza la función esencial de la solidaridad territorial del sistema de caja única. La sostenibilidad del sistema nacional se basa en la transferencia implícita de recursos desde comunidades con mercados laborales más dinámicos y población más joven (como Madrid, Cataluña e Illes Balears, que registran altos niveles de afiliación) hacia las regiones más envejecidas y con mayor gasto en pensiones per cápita. La viabilidad futura depende, por tanto, no solo de mantener un alto nivel de empleo a nivel nacional, sino de que los centros productivos más sólidos (y con mayor ratio demográfico) continúen generando bases de cotización crecientes.   

El Umbral Crítico: ¿cuántos trabajadores son necesarios?

La pregunta sobre el número exacto de trabajadores necesarios por pensionista no tiene una respuesta única en términos demográficos, sino que se define en función del equilibrio financiero y la calidad de las cotizaciones. En el contexto de un sistema de reparto, el requerimiento no es solo de cantidad de cotizantes, sino de su capacidad de recaudación (bases de cotización).

Si el ratio demográfico se dirige hacia el 1.2:1 o 1.5:1 , la única manera de mantener la integridad financiera es mediante el aumento de la cotización per cápita de los trabajadores activos. La reforma de pensiones implementada busca precisamente aumentar los ingresos del sistema para compensar la caída demográfica proyectada. Una de las herramientas clave es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que a partir de 2025 cotiza al 0.8% sobre la base, repartido entre el empleador (0.67%) y el empleado (0.13%). Esta medida es un esfuerzo directo por aumentar la recaudación para compensar el déficit demográfico sin tener que elevar drásticamente los tipos de cotización generales o recortar las prestaciones.   

Además de aumentar los ingresos, se han impulsado medidas para contener el gasto. La ampliación del período de cálculo para la pensión y los incentivos al retraso de la edad de jubilación son instrumentos cruciales. Las estimaciones gubernamentales sugieren que cada año que se amplía el periodo de cálculo para obtener la pensión se logra una reducción del gasto del 0.2 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB). Los incentivos a la jubilación demorada parecen estar surtiendo efecto, ya que las jubilaciones demoradas representaron el 11.4% de las nuevas altas en mayo de 2025, frente al 4.8% anterior. Estos ajustes demuestran que la sostenibilidad se buscará a través de una combinación de mayor recaudación sobre salarios más altos (vía MEI y bases máximas) y gestión del gasto (vía retraso de la edad efectiva de retiro).

Conclusiones

El análisis comparativo de pensiones y salarios en España revela un sistema de rentas con dos patrones de divergencia claramente definidos, ambos cruciales para la sostenibilidad futura. En primer lugar, existe una divergencia de renta histórica, donde las regiones industriales del Norte (País Vasco, Asturias) disfrutan de las pensiones medias más altas debido a bases de cotización históricas muy robustas. Esta herencia se traduce en una alta ratio Pensión/Salario, particularmente en Asturias (80.94%), actuando como un factor de estabilización económica regional.   

En segundo lugar, se mantiene una divergencia de renta actual, con los salarios más elevados concentrados en los centros de servicios y corporativos (Madrid, Cataluña). Estas regiones son los motores actuales de la recaudación por cotizaciones. El sistema de reparto se mantiene gracias a una transferencia efectiva de riqueza: los centros con demografía favorable y altos salarios (los cotizantes de hoy) financian las elevadas prestaciones históricas de las regiones envejecidas (los pensionistas de hoy).   

Esta estructura implica una menor tasa de reemplazo implícita para los trabajadores de salarios más altos en Madrid y Cataluña, donde la pensión máxima limita la capacidad del sistema para compensar íntegramente los ingresos por encima de la base máxima.

El desafío demográfico que enfrenta España es ineludible. La proyección del Ratio Cotizante/Pensionista, cayendo de 2.6:1 a un umbral crítico de 1.2:1 a 1.5:1 en las próximas décadas , subraya que la financiación exclusiva mediante las cotizaciones sociales es insuficiente para mantener los niveles de prestaciones actuales, especialmente con la revalorización garantizada por ley al IPC.   

Este colapso demográfico proyectado hace que las reformas enfocadas en los ingresos sean vitales. El aumento de las bases máximas y la implementación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) son respuestas directas para aumentar la recaudación  per cápita, intentando compensar la inevitable reducción en el número de cotizantes por pensionista. La solución, por lo tanto, no reside únicamente en la cantidad de trabajadores, sino en la calidad de sus bases de cotización.

Además, la brecha de género regional, especialmente notable en el Norte , actúa como un multiplicador de la desigualdad en la vejez, lo que requiere un gasto adicional creciente en complementos específicos (como el complemento de la brecha de género) para abordar las desigualdades estructurales derivadas de las trayectorias laborales históricas.

Autor: La Crónica del Henares