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La Unión Europea ha establecido un objetivo climático legalmente vinculante para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% respecto a los niveles de 1990 para 2040. El acuerdo permite que hasta un 5% de eso provenga de créditos de carbono de 'alta calidad', que externalizan las reducciones de emisiones a otras regiones. El objetivo es uno de los más ambiciosos del mundo, pero no cumple con lo que se propuso originalmente ni lo recomendado por los asesores de ciencia climática de la UE.
12 diciembre 2025.- Bruselas da un paso histórico al convertir en ley una meta que redefinirá la economía europea, aunque introduce flexibilidades que preocupan a los científicos y podrían desacelerar la transición al vehículo eléctrico.
La Unión Europea ha sellado un acuerdo crucial que marcará el ritmo de la descarbonización del continente durante las próximas dos décadas. El bloque comunitario ha establecido un objetivo legalmente vinculante para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990. Si bien la cifra sitúa a Europa a la vanguardia de la ambición climática global, la letra pequeña del acuerdo ha generado un intenso debate sobre si será suficiente para contener la emergencia climática y cómo afectará a sectores clave como la automoción.
Un pacto diluido frente a la ciencia
Aunque el titular del "90%" suena contundente, el acuerdo final se queda corto respecto a las propuestas originales y las recomendaciones del propio Consejo Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático. Los expertos habían instado a una reducción de entre el 90% y el 95% sin atajos contables, advirtiendo que cualquier concesión podría poner en riesgo el objetivo final de neutralidad climática para 2050.
La controversia principal reside en la introducción de una cláusula que permite que hasta un 5% de esa reducción provenga de créditos de carbono de "alta calidad". En la práctica, esto significa que la UE podrá externalizar una parte de sus obligaciones climáticas financiando proyectos de reducción de emisiones en otras regiones del mundo, en lugar de recortar la contaminación dentro de sus propias fronteras.
Para las organizaciones ecologistas, este margen del 5% es una "puerta trasera" que reduce la presión real sobre la industria europea. Argumentan que confiar en mercados de carbono —cuya eficacia ha sido cuestionada repetidamente— podría retrasar las transformaciones estructurales necesarias en energía, industria y agricultura.
Impacto sobre el Cambio Climático: ¿Es suficiente?
Desde una perspectiva física y climática, la diferencia entre una reducción doméstica pura y una apoyada en créditos externos es significativa. Al permitir que una fracción de las emisiones continúe generándose en suelo europeo, se prolonga la vida útil de ciertas infraestructuras fósiles y se ralentiza el despliegue de tecnologías limpias.
En un contexto donde los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, inundaciones y sequías) se han vuelto la norma en Europa, los críticos señalan que el objetivo del 90% con flexibilidades podría no ser suficiente para mantener el calentamiento global por debajo del umbral de seguridad de 1,5 °C. La UE apuesta a que este marco legal envíe una señal clara a los mercados, pero la comunidad científica teme que la señal no sea lo bastante urgente.
Freno potencial al vehículo eléctrico y la infraestructura de carga
Una de las consecuencias más tangibles de este acuerdo podría sentirse en el sector del transporte. La industria automotriz europea, que ya navega por aguas turbulentas ante la competencia china y la desaceleración de la demanda, podría interpretar la flexibilidad de los créditos de carbono como un balón de oxígeno para retrasar el fin del motor de combustión.
Si las empresas pueden compensar parte de sus emisiones comprando créditos en lugar de reducir la contaminación de sus flotas, el incentivo para acelerar la producción de vehículos eléctricos (VE) disminuye. Esto genera un efecto dominó:
Menor presión regulatoria: Los fabricantes podrían presionar para suavizar los objetivos intermedios de ventas de coches cero emisiones, argumentando que la meta de 2040 permite cierto margen de maniobra.
Incertidumbre en la infraestructura: Los operadores de puntos de recarga necesitan garantías de que habrá un parque móvil eléctrico masivo para rentabilizar sus inversiones. Si la transición se percibe más lenta o flexible, la inversión privada en la red de carga rápida podría contraerse o estancarse.
Riesgo de estancamiento tecnológico: Mientras Europa debate flexibilidades, competidores globales como China y Estados Unidos continúan invirtiendo masivamente en baterías y movilidad eléctrica. Un relajamiento en la presión interna podría hacer que la industria europea pierda competitividad tecnológica a largo plazo.
En definitiva, el acuerdo de la UE para 2040 es un hito político innegable, pero su éxito dependerá de cómo se implemente. Si el uso de créditos de carbono se convierte en la norma y no en la excepción, Europa corre el riesgo de frenar su propia revolución industrial verde justo cuando más necesita acelerarla.
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