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08 diciembre 2025.- Llevamos años instalados en una queja circular y estéril. Nos lamentamos de que las redes sociales se hayan convertido en vertederos de odio, granjas de desinformación y altavoces para la polarización extrema. Clamamos al cielo cada vez que un bulo altera unas elecciones o una campaña de difamación arruina una vida.
Y, sin embargo, nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Nos paraliza el miedo a que cualquier regulación sea tildada de censura, escudándonos en una interpretación infantil de la "libertad de expresión" que confunde el derecho a opinar con el derecho a tener un megáfono industrial gratuito y anónimo.
Ha llegado el momento de decir basta. El modelo de la "barra libre" digital ha fracasado. Si queremos recuperar la salud democrática, debemos atrevernos a proponer lo que hasta ahora parecía tabú: la profesionalización del acceso a la conversación pública.
A menudo se critica cualquier barrera económica en la cultura bajo la etiqueta de "elitismo" o "plutocracia intelectual". Es una falacia. ¿Acaso consideramos censura que un libro tenga un precio en una librería? ¿Acusamos a las editoriales de atentar contra la libertad por seleccionar qué publican y cobrar por ello? Al contrario: entendemos que el precio de ese libro sufraga el talento, la edición, la corrección y la responsabilidad de quien lo firma. Asumimos que la calidad tiene un coste.
Sin embargo, en internet nos creímos la gran mentira de la gratuidad. Nos convencieron de que la comunicación global debía ser gratis, y al hacerlo, devaluamos la verdad hasta que su precio fue cero. Y cuando algo vale cero, su calidad tiende a cero. Hemos entregado la plaza pública a quien más grita, no a quien más sabe; a quien fabrica mentiras a escala industrial, no a quien reflexiona.
La solución no pasa por la censura de contenidos, sino por la cualificación de los emisores. Necesitamos un nuevo espacio digital, un Ágora de Calidad, que se rija por dos principios innegociables: identidad verificada y coste de acceso.
Primero, la identidad. El anonimato fue una herramienta romántica en los albores de internet, pero hoy es el refugio de la cobardía y la impunidad. No es "Gran Hermano" pedir que una cuenta esté vinculada a una persona real; es seguridad jurídica básica. En un mundo donde Hacienda conoce cada céntimo que gastamos y nuestros datos biométricos ya están en manos de corporaciones, rasgarse las vestiduras por usar un DNI digital o un certificado estatal como llave de acceso es un debate anacrónico. El Estado debe actuar como notario ciego: garantizar que quien entra es un ciudadano real, responsable de sus palabras ante la ley, sin necesidad de espiar lo que dice salvo orden judicial.
Segundo, el pago. Si los influencers operan como medios de comunicación, lucrándose de la atención ajena, deben operar con la responsabilidad fiscal y profesional de un medio: con CIF, con cuotas y con responsabilidad civil. Y para el usuario de a pie que quiera participar en este debate de calidad, una suscripción no es una barrera discriminatoria, es un filtro de compromiso. Es la diferencia entre quien entra a una biblioteca a estudiar y quien entra a un estadio a gritar.
Esto no implica el cierre del internet actual. Ambos modelos pueden y deben convivir. Dejemos las redes gratuitas actuales para el entretenimiento rápido, para el equivalente digital de la "comida basura" o las plataformas de streaming donde somos espectadores pasivos de contenido de dudoso calado cultural. Pero no busquemos allí la verdad, ni el debate político, ni la formación de opinión.
Para las "cosas de comer", para el interés general, construyamos un recinto donde la palabra tenga valor porque tiene un coste y un responsable. Un lugar donde no entremos como corderos guiados por algoritmos opacos, sino como ciudadanos identificados dispuestos a aportar valor.
La libertad de expresión es sagrada, pero el derecho a la viralidad anónima y gratuita no existe. Si queremos un internet adulto, empecemos por tratarnos como adultos: con nombre, apellidos y pagando el precio que merece la verdad.
La Crónica del Henares
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