sanidad privada, colaboración público-privada, Mónica García, desprivatización
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| La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, el 6 de diciembre de 2025. |
07 diciembre 2025.- La intención del Ministerio de Sanidad de derogar la Ley 15/1997 para limitar la colaboración público-privada ha abierto una grieta jurídica de alto voltaje entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Aunque la gestión sanitaria está transferida, el Estado guarda una carta bajo la manga: su competencia exclusiva sobre la "legislación básica".
La respuesta corta al titular de esta noticia es: Sí, el Estado puede hacerlo, pero no de forma absoluta, y casi con total seguridad acabará en una batalla ante el Tribunal Constitucional. Para entender por qué, hay que visualizar el sistema sanitario español como un edificio de dos plantas donde las competencias se reparten de forma muy específica.
Analizamos la viabilidad constitucional de una medida que promete chocar con la autonomía de gestión regional y que, lejos de ser una prohibición automática, anticipa una larga batalla en los tribunales sobre quién decide cómo se gestionan nuestros hospitales.
El terreno de juego: ¿Quién manda en qué?
La Constitución Española (art. 149) reparte las cartas así:
El Estado (Gobierno Central): Tiene la competencia exclusiva sobre las "Bases y Coordinación General de la Sanidad". Esto significa que el Estado decide el "mínimo común denominador" para que la sanidad sea igual para un vasco, un madrileño o un andaluz.
Las CC.AA. (Ej. Madrid, Cataluña): Tienen la competencia de "Gestión y Asistencia Sanitaria". Ellas deciden cómo organizan sus hospitales, contratan a sus médicos y prestan el servicio.
La estrategia del Ministerio: cambiar las reglas del juego
Actualmente, la gestión privada de hospitales públicos es legal porque existe una ley estatal que la permite: la Ley 15/1997. Esta ley es una norma "básica" que dice, resumidamente: "Las CC.AA. pueden gestionar sus hospitales como quieran: directamente, con empresas públicas o mediante contratos con privados".
La propuesta de Mónica García (Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS) consiste en derogar o modificar esta Ley 15/1997.
El argumento del Ministerio: Si el Estado cambia la legislación "básica" y dice que la gestión debe ser predominantemente pública, las CC.AA. están obligadas a cumplir esa nueva base. El Estado argumenta que está garantizando la igualdad y la eficiencia del sistema (sus competencias).
El contraataque de las CC.AA.: la "autoorganización"
Aquí es donde choca el tren. Comunidades como Madrid argumentarán que el Estado se está extralimitando.
El argumento Autonómico: Dirán que el Estado puede decir qué servicios dar (cartera de servicios), pero no cómo darlos. Argumentarán que elegir entre gestión directa (funcionarios) o indirecta (concesión tipo Ribera Salud) forma parte de su potestad de autoorganización.
La Doctrina del Tribunal Constitucional: Históricamente, el Constitucional ha dicho que las "Bases" del Estado no pueden ser tan detalladas que dejen a las CC.AA. sin margen de maniobra. Si la ley estatal prohíbe totalmente la gestión privada, podría considerarse inconstitucional por vaciar de contenido la competencia autonómica de gestión.
¿Qué podría pasar realmente?
Es probable que la Ley de Mónica García no "prohíba" la privada (porque sería inconstitucional), sino que le ponga trabas administrativas extremas:
Justificación reforzada: Obligar a la CC.AA. a demostrar con auditorías masivas que la gestión privada es más eficiente antes de firmar nada (algo difícil de probar a priori).
Limitación al lucro: Prohibir que empresas con ánimo de lucro gestionen servicios clínicos, o limitar sus márgenes de beneficio.
No retroactividad: Es muy difícil que la ley pueda romper los contratos vigentes (como el de Torrejón hasta 2041) sin pagar indemnizaciones millonarias. Probablemente solo afectaría a futuros contratos o renovaciones.
Conclusión
El Estado tiene la llave legislativa para cambiar el modelo (derogando la ley de 1997), pero si aprieta demasiado y entra en la microgestión, el Tribunal Constitucional podría tumbar la norma.
Es una batalla entre "Igualdad del Sistema" (Estado) vs. "Autonomía de Gestión" (CC.AA.). Lo más probable es que veamos una ley que dificulte enormemente nuevas privatizaciones, pero que tenga difícil revertir las actuales a corto plazo sin un coste económico inasumible.
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