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| Lucía de Luz, portavoz socialista en el Ayuntamiento: “está claro que Guarinos mira más por premiar a las empresas que por el dinero de los vecinos y vecinas, porque estos 2,5 millones de euros no salen del bolsillo de la alcaldesa, salen del bolsillo de la ciudadanía, a la que lleva asfixiando a impuestos durante todo el mandato”. |
20 abril 2026.- La nota de prensa del PSOE del Ayuntamiento de Guadalajara, fechada el 20 de abril de 2026, denuncia que la alcaldesa Ana Guarinos (PP, en coalición con Vox) va a aprobar en Junta de Gobierno una modificación del contrato de limpieza para pagar 2,5 millones de euros adicionales a la empresa concesionaria hasta 2030, fecha de vencimiento del contrato. La portavoz socialista, Lucía de Luz, lo califica de "escándalo" y de "estafa" a la ciudadanía, argumentando que se premia a una empresa que lleva tres años prestando un servicio deficiente sin haber recibido ni una sola penalización.
Para entender si estas acusaciones tienen fundamento, hay que situar el asunto en su contexto histórico y contractual, distinguir lo que es un hecho documentado de lo que es denuncia política, y analizar si existen indicios de irregularidades más allá de la mera polémica partidista.
La empresa y el origen del contrato
La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Guadalajara es Valoriza Servicios Medioambientales S.A., filial del grupo Sacyr, que opera en la ciudad a través de la UTE (Unión Temporal de Empresas) que formó con Gesum. Esta UTE se adjudicó el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Guadalajara por un importe global de 110,7 millones de euros y un periodo de 15 años. El contrato comenzó el 1 de julio de 2015, atendiendo a una población de 85.000 habitantes.
Lo primero que hay que aclarar es la cronología: el contrato se firmó en 2015, durante el gobierno del PP de Antonio Román, no durante el actual gobierno de Guarinos. Sacyr/Valoriza lleva operando en Guadalajara desde 2015, con contrato hasta 2030, y la cantidad percibida inicialmente era de 8,5 millones de euros al año. Partiendo de ese importe base, a lo largo de una década de revisiones anuales de precios ligadas al IPC, el coste anual ha escalado hasta los 10,5 millones de euros.
Esto significa que el PSOE tiene razón en un dato: desde el arranque del contrato en 2015 hasta hoy, el coste anual ha subido unos 2,5 millones de euros, cifra que ahora vuelven a utilizar para señalar el sobrecoste acumulado, aunque en este caso específico se refieren a la modificación puntual que el Ayuntamiento va a aprobar, que añadiría 2,5 millones más al total pendiente hasta 2030.
¿Es legal la modificación del contrato?
Este es el punto más técnico y relevante para determinar si existe o no irregularidad jurídica. En la contratación pública española, las modificaciones de contratos están reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público. Las llamadas revisiones de precios periódicas, cuando están previstas en el pliego de condiciones, son automáticas y obligatorias —no son decisiones discrecionales del Ayuntamiento—.
Los propios documentos del Ayuntamiento de Guadalajara acreditan que la aprobación de la revisión de precios del contrato con Valoriza se hace "al amparo de lo dispuesto en la cláusula 45 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares" y con "informes favorables de la Asesoría Jurídica y de fiscalización previa". Esto indica que, al menos desde el punto de vista formal, las revisiones de precios que se han ido aprobando tienen cobertura legal en los pliegos originales.
Sin embargo, el PSOE ha introducido una denuncia de mayor calado. Durante el debate de los presupuestos de 2026, la portavoz socialista se refirió a la existencia de "informes técnicos que acreditan que durante años se han estado pagando revisiones ilegales". Esta acusación —si se sostiene con la documentación a la que hace referencia— sería de una gravedad muy superior a la simple queja política: implicaría que el Ayuntamiento habría estado abonando incrementos de precio sin amparo en el contrato o calculados de forma incorrecta.
La diferencia entre la revisión de precios obligatoria por IPC (contemplada en el pliego) y una modificación sustancial del contrato (que requiere justificación de causa imprevisible y no puede superar ciertos umbrales legales sin nueva licitación) es técnicamente relevante. Si la modificación de 2,5 millones que se aprueba el 21 de abril de 2026 supera los límites legales para modificaciones no previstas en el pliego, podría ser impugnable ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública o ante los juzgados contencioso-administrativos.
La realidad del servicio: una ciudad reconocidamente sucia
Más allá de la polémica jurídica, existe un amplio consenso político y ciudadano sobre la deficiencia del servicio. Las quejas documentadas abarcan todo el mandato actual (desde mayo de 2023):
La portavoz socialista ha denunciado que "Guarinos sólo se dedica a hacer anuncios vacíos, pero no sale a la calle, ni pisa las aceras llenas de basura, de hierbas, de excrementos y de contenedores desbordados de residuos; y la realidad es que Guadalajara está cada día más sucia y descuidada y no se sanciona a la empresa adjudicataria."
El concejal socialista Juan Flores preguntó en pleno al concejal responsable si se cumplían las frecuencias de limpieza, si se prestaba servicio a todos los barrios, si se cumplía el ratio de respuesta de incidencias y si el estado de los contenedores era el adecuado, preguntas que quedaron sin respuesta. También señaló que el personal "no está viendo sustituidas sus bajas", que la empresa está obligada a reponer hasta 300 papeleras al año y que hay "sanecanes" sin servicio.
Lo más revelador desde el punto de vista institucional es que el propio Ayuntamiento, con gobierno del PP y Vox, tuvo que reforzar el contrato de control de plagas en febrero de 2026. El concejal de Medio Ambiente presentó el nuevo contrato de gestión integral de plagas señalando que "las aves se han convertido en uno de los problemas que más preocupan a los vecinos, tanto por razones de salubridad como de limpieza", con 161 avisos por roedores, 109 por cucarachas y 45 por avispas registrados en 2025. La proliferación de plagas en espacios urbanos es consecuencia directa de deficiencias en la recogida de residuos y el estado de los contenedores.
Cero penalizaciones en tres años: el dato más grave
El argumento central del PSOE —y el más difícil de refutar sin datos del Ayuntamiento— es que durante todo el mandato actual no se ha impuesto ningún expediente sancionador a Valoriza por incumplimiento, pese a las deficiencias documentadas y denunciadas. En el debate presupuestario, la portavoz socialista denunció: "ni un solo expediente sancionador, ni una exigencia real de cumplimiento; ni una fiscalización efectiva del contrato; pero eso sí: a la empresa se le inyecta un millón de euros más; mientras Guadalajara sigue sucia."
Esta ausencia de penalizaciones contrasta radicalmente con cómo actúa el mismo Ayuntamiento ante otros contratos incumplidos. En diciembre de 2025, la Junta de Gobierno aprobó iniciar la resolución del contrato del Centro de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia de género "tras constatar incumplimientos reiterados por parte de la empresa adjudicataria." La pregunta que emerge sola es por qué se rescinde con rapidez un contrato menor y no se aplica el mismo rasero al contrato más caro del Ayuntamiento —el de limpieza— pese a las denuncias acumuladas durante años.
El PSOE llegó a proponer en pleno la "contratación de una Asistencia Técnica de Inspección que complemente el trabajo de los técnicos municipales" para reforzar el control de los indicadores de calidad del contrato, y "aplicar sanciones a la empresa adjudicataria en caso de incumplimiento". Esta moción fue rechazada por la mayoría de PP y Vox.
¿Existe relación política sospechosa entre Valoriza/Sacyr y el PP?
Aquí la investigación exige mayor cautela, porque es donde las acusaciones del PSOE entran en terreno de insinuación sin prueba directa. No se han encontrado evidencias documentadas de financiación ilegal, contratos a dedo, ni vínculos directos entre directivos de Valoriza/Sacyr y el PP de Guadalajara.
Lo que sí es un patrón más amplio, documentado en otras ciudades, es que Valoriza ha sido objeto de expedientes disciplinarios en otros municipios donde gestiona el mismo tipo de servicio: en Ibiza, dos ayuntamientos abrieron expedientes a la empresa por deficiencias e incumplimientos en la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos. Y en Cádiz, el Pleno aprobó pagar a Valoriza 1,8 millones de euros en concepto de revisión de precios mientras el propio Ayuntamiento tramitaba un expediente de sanción de 800.000 euros a la misma empresa por incumplimientos, lo que la oposición calificó como una "contradicción". Es decir, el patrón —pagar más a Valoriza mientras se le exige menos— no es exclusivo de Guadalajara, sino que se repite en otras ciudades donde opera la filial de Sacyr con distintos colores políticos.
Lo que sí apunta a una decisión política deliberada en Guadalajara es que el Gobierno municipal ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas de la oposición para reforzar el control y la fiscalización del contrato, al mismo tiempo que ha aprobado incrementos de pago. En noviembre de 2025, la portavoz socialista denunció que Guarinos iba a aprobar una modificación de crédito de 2,6 millones para pagar "sobrecostes, liquidaciones y revisiones de precios a las empresas de autobuses y limpieza, que nos están dando un servicio deficiente", mientras se eliminaban más de un millón en educación, juventud y turismo.
El contexto político: elecciones en el horizonte
La nota de prensa del PSOE contiene un elemento significativo que merece atención. La portavoz De Luz acusa a Guarinos de querer "llegar dopada a las urnas, poniendo aún más dinero público para limpiar lo que ya debería limpiarse desde hace tres años." El siguiente ciclo electoral municipal se celebrará previsiblemente en mayo de 2027, y la lectura socialista es que el Gobierno local, consciente de que la suciedad de la ciudad es su principal talón de Aquiles de cara a las urnas, está intentando comprar una mejora visible del servicio a corto plazo pagando más a la empresa en lugar de exigirle cumplimiento.
Esta hipótesis política es coherente con los hechos documentados: el contrato vence en 2030 y, con los 2,5 millones adicionales, la empresa tendría incentivo económico para mejorar el servicio durante los próximos dos años —justo el periodo preelectoral— sin que el Ayuntamiento haya tenido que exigirle nada ni documentar ningún incumplimiento formal.
Lo que no se sabe (todavía)
La investigación tiene límites claros. No se ha podido acceder al texto concreto de la modificación contractual que la Junta de Gobierno aprueba el 21 de abril de 2026, por lo que no es posible verificar de forma independiente si los 2,5 millones adicionales tienen cobertura legal en el pliego original o constituyen una modificación imprevista que debería haberse sometido a nueva licitación. Ese es el punto clave que el propio PSOE ha anunciado que va a analizar con detenimiento, y sobre el que la Intervención Municipal (si actúa de oficio) o un posible recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos podría arrojar luz definitiva.
Tampoco existen, hasta la fecha, denuncias ante el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción ni el Tribunal de Cuentas sobre este asunto concreto en Guadalajara, aunque el PSOE ha anticipado que irá "contra todo y contra todos" los que considere responsables.
Conclusión: lo que está documentado y lo que queda por probar
Lo que está sólidamente documentado es: que Valoriza (filial de Sacyr) lleva once años al frente del servicio de limpieza de Guadalajara con un contrato de 110 millones que ha escalado de 8,5 a 10,5 millones anuales; que durante el mandato de Guarinos no se ha impuesto ninguna penalización a la empresa pese a las deficiencias denunciadas; que PP y Vox han rechazado todas las propuestas socialistas para reforzar el control del contrato; que el Ayuntamiento ahora aprueba 2,5 millones adicionales sin exigir contrapartida formal de mejora del servicio; y que el propio PSOE acusa al gobierno de pagar revisiones de precios ilegales según informes técnicos que dice tener.
Lo que queda por probar es si existe irregularidad jurídica en la modificación, si los "informes técnicos" sobre revisiones ilegales tienen consistencia suficiente para sustentar una denuncia formal, y si hay algún vínculo de interés más allá de la lógica —bien documentada y habitual en toda España— de que los grandes concesionarios de servicios públicos tienen pocos incentivos para mejorar mientras el ayuntamiento de turno no les exige cumplimiento ni les penaliza.
