Línea 7B Metro, san fernando de henares, denuncias, política local
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| El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, tras la celebración de la Comisión de Transportes de la FMM celebrada en la localidad, junto al presidente de la misma, Juan Diego Ortiz. |
Antecedentes Línea 7B Metro. El trazado fue modificado desoyendo el consejo de ingenieros de las universidades Complutense y Politécnica, lo que conllevó una mala ejecución reflejada en informes de 2008, 2009 y 2010 que ponían de manifiesto la "extrema gravedad" y la necesidad de "actuar de urgencia".
El alcance del daño. 73 viviendas han tenido que ser demolidas por daños irreparables, otras 260 siguen en pie con desperfectos reconocidos oficialmente, y las asociaciones vecinales elevan a más de 600 familias impactadas.
La respuesta autonómica. La Comunidad reabrió la L7B el 22 de noviembre de 2025 tras invertir 171,2 millones en rehabilitación. En junio de 2026 culminan los trabajos del nuevo parque urbano en el área que ocupaba el complejo dotacional El Pilar.
Las indemnizaciones, insuficientes. La media de las indemnizaciones ronda los 6.000 euros, aunque algunas viviendas apenas han recibido 3.000 euros, mientras que otras comunidades han alcanzado los 25.000 euros. Varios vecinos han llevado a los tribunales las compensaciones recibidas por considerarlas insuficientes.
El fondo del conflicto. El informe del Centro Sira concluye que el daño se agravó no solo por la infraestructura del Metro sino por "el abandono institucional de todas las administraciones", y recomienda una reparación que combine restitución de viviendas, compensaciones económicas, apoyo en salud mental y reconocimiento público de la responsabilidad institucional.
Línea 7B de Metro:
una crisis sin cerrar
para cientos de familias
El alcalde de San Fernando de Henares reclama ante la Federación de Municipios de Madrid que el parque anunciado por la Comunidad no sustituye a las viviendas, dotaciones y soluciones pendientes de más de 600 inmuebles afectados.
Casi veinte años después de la inauguración de la Línea 7B, y cinco meses después de su reapertura oficial, la herida urbanistica y social que dejó la infraestructura a su paso por San Fernando de Henares sigue abierta. El alcalde Javier Corpa vuelve a alzar la voz: más de 600 viviendas afectadas, decenas de familias sin cobrar, edificios dotacionales demolidos sin compromiso de reposición, y un Partido Popular que se negó a debatirlo en la Comisión de Transportes de la FMM.
Antecedentes: una infraestructura inaugurada con prisas electorales
Las obras de la prolongación de la línea 7 de Metro para dar servicio a Coslada y San Fernando de Henares comenzaron en 2004 y la línea quedó inaugurada en mayo de 2007, bajo el mandato de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. El trazado fue modificado durante su construcción, desoyendo criterios técnicos de ingenieros de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid, para conectar el recorrido con el Hospital del Henares, una de las promesas electorales de 2006.
Apenas un año después de la inauguración, en 2008, comenzaron los primeros estudios ante la degradación acelerada de las viviendas colindantes. Los informes de 2008, 2009 y 2010 pusieron de manifiesto la «extrema gravedad» de las deficiencias estructurales. En 2016, un nuevo informe concluyó que el problema era irreversible y que el deterioro del municipio continuaría a un ritmo incierto. En agosto de 2022, el tramo entre San Fernando y Hospital del Henares fue clausurado indefinidamente al no poder garantizarse la seguridad, ampliándose el cierre en 2024 hasta el tramo Barrio del Puerto–San Fernando, con seis estaciones sin servicio.
La modificación del trazado original alteró la naturaleza hidrológica del subsuelo, provocando la aparición progresiva de daños estructurales en numerosos inmuebles. Gr ietas, hundimientos, puertas y ventanas que dejaron de cerrar, suelos inclinados: los síntomas fueron ignorados durante años pese a sucesivas reparaciones parciales que nunca atacaron el origen del problema.
Lo que la Comunidad de Madrid ofrece y lo que el municipio reclama
| Actuación de la Comunidad de Madrid | Posición del Ayuntamiento de San Fernando |
|---|---|
| Reapertura total de la L7B el 22 de noviembre de 2025, con 171,2 M€ invertidos en rehabilitación estructural del túnel y estabilización de 20.600 m² de terreno | La reapertura no resuelve la situación de las familias que han perdido sus viviendas y su proyecto de vida |
| Construcción de un parque urbano de 12.000 m² en el solar del demolido complejo dotacional «El Pilar», previsto para junio de 2026 | El parque sustituye a dotaciones públicas esenciales sin que la CAM se haya comprometido a su reconstrucción |
| 11,8 M€ en indemnizaciones a 83 afectados; más de 385 expedientes abiertos; Oficina de Atención activa hasta 2027 | Más de 600 viviendas afectadas sin respuesta; las indemnizaciones son insuficientes (media de 6.000€ por vivienda); muchas familias han tenido que recurrir a los tribunales |
| Bonificación del 100% de tributos autonómicos en la compra de nueva vivienda para afectados; ayudas de 500.000€ para pymes dañadas | Medidas insuficientes cuando las compensaciones no alcanzan el valor real de la vivienda perdida |
| Realojo de personas afectadas con manutención, mudanza, vigilancia y suministros cubiertos; 1.741 consultas gestionadas | Alrededor de 200 personas siguen realojadas en apartahoteles o pisos de alquiler a cargo de la CAM, sin horizonte claro de retorno |
La disparidad entre las cifras de la Comunidad y las del municipio refleja un conflicto de fondo: la Administración regional contabiliza 385 expedientes abiertos, mientras el Ayuntamiento tiene censadas más de 600 viviendas con algún tipo de afección. La CAM se comprometió en su última reunión con el Consistorio a estudiar la ampliación del censo oficial, pero sin fecha concreta.
La sesión de la FMM del 8 de abril: la propuesta que el PP bloqueó
Este miércoles, la Comisión de Transportes de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) celebró su reunión en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho de San Fernando de Henares, en presencia del alcalde Javier Corpa y del presidente de la Comisión, Juan Diego Ortiz. La elección de la sede era simbólica: el alcalde esperaba que la afectación de la Línea 7B centrara el debate.
Sin embargo, el Partido Popular se negó a debatir la propuesta de apoyo presentada por el Ayuntamiento y trasladada por el presidente de la Comisión. La negativa resultó especialmente llamativa porque, durante el pasado mandato de la FMM bajo la presidencia de Guillermo Hita, una propuesta similar salió adelante por unanimidad.
Ortiz tildó de «sorprendente» la negativa del vicepresidente de la Comisión de Transportes de la FMM, Miguel Ángel García Capa, quien además ejerce como portavoz del PP en el municipio de San Fernando de Henares.
«Dentro de unos meses, seguramente, vendrá a inaugurar el parque que están construyendo pero que, lógicamente, no servirá para cubrir las necesidades básicas y tampoco vendrá a dar solución a esta grave situación que están viviendo los vecinos.»
Javier Corpa — Alcalde de San Fernando de Henares, 8 de abril de 2026
«Recibimos una petición por parte del alcalde y se trasladó una propuesta, pero el PP se ha opuesto. En el pasado mandato sí salió adelante por unanimidad.»
Juan Diego Ortiz — Presidente de la Comisión de Transportes de la FMM, 8 de abril de 2026
El alcalde aprovechó la ocasión para dirigirse directamente tanto a la presidenta de la FMM, Judith Piquet, como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instándoles a «ponerse junto a los vecinos, porque son ciudadanos de la Comunidad de Madrid». Corpa invitó a todos los representantes del PP presentes a visitar las zonas e inmuebles afectados para que «vean con sus propios ojos la caótica situación que ha generado esta infraestructura».
Las reclamaciones del municipio: más allá del parque
El Ayuntamiento de San Fernando articula sus reclamaciones en torno a tres ejes que considera irresueltos, al margen de la reapertura de la L7B y de los trabajos de estabilización del subsuelo:
1. Indemnizaciones dignas y censo completo
La media de las compensaciones pagadas hasta ahora ronda los 6.000 euros por vivienda, con casos que no superan los 3.000 euros, muy por debajo del valor real de los inmuebles. La Comunidad ha tramitado 385 expedientes, pero el municipio tiene censadas más de 600 viviendas afectadas. El alcalde exige que la Comunidad amplíe el censo y pague compensaciones que permitan a las familias rehacer su proyecto de vida sin necesidad de acudir a los tribunales.
Varios vecinos han llevado ya a los juzgados las compensaciones recibidas por considerarlas insuficientes. Organismos científicos e informes psicosociales advierten del impacto en salud mental de los afectados, que llevan años instalados en la incertidumbre. El Centro Sira documenta un estado de «abandono institucional» como factor agravante del daño original.
2. Reposición de dotaciones públicas demolidas
Entre los inmuebles derruidos se encontraban edificios dotacionales que prestaban servicios públicos esenciales al municipio. La Comunidad de Madrid no se ha comprometido a su reconstrucción. El alcalde considera que sustituir esas instalaciones por un parque, aun siendo una mejora para el entorno, no es una respuesta equivalente ni suficiente.
3. Transparencia y seguimiento permanente
Las asociaciones vecinales y el propio Consistorio han denunciado reiteradamente la falta de transparencia informativa. Un informe de la empresa Intemac, conocido en 2024, alertó de que el túnel de la L7B se hundía «al doble de velocidad» de lo previsto a pesar del cierre. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, negó haber ocultado información, pero las asociaciones de afectados y el municipio exigen una rendición de cuentas pública y periódica.
Conclusiones: la reapertura no cierra la crisis
La reapertura de la L7B el pasado noviembre supuso un alivio para los 120.000 usuarios que la utilizan a diario en el Corredor del Henares. La inversión de 171,2 millones de euros en la rehabilitación del túnel y la estabilización del subsuelo es indudablemente significativa. Sin embargo, en San Fernando de Henares las luces del metro encendidas no son sinonímicas de problema resuelto.
La sesión de la FMM del 8 de abril deja tres enseñanzas políticas claras: primero, que el alcalde socialista de San Fernando de Henares mantiene una presión sistemática sobre la Comunidad de Madrid, única administración competente; segundo, que la Federación de Municipios de Madrid, cuya presidencia ostenta el PP, ha bloqueado la posibilidad de expresar un apoyo institucional colectivo a los afectados; y tercero, que la cuestión de las indemnizaciones, las dotaciones y el censo de afectados continúa siendo el núcleo irresoluto de un conflicto que lleva dos décadas abierto.
«Primero son los vecinos. Se han perdido edificios dotacionales que prestaban importantes servicios públicos, que han sido derruidos y que el Gobierno autonómico no se ha comprometido a construir.»
Javier Corpa — Alcalde de San Fernando de Henares
La Plataforma de Afectados y la Asociación Vecinal AVPAML7B siguen activas y reclaman, en línea con el informe del Centro Sira, una reparación integral que combine restitución de viviendas, compensaciones económicas reales, apoyo en salud mental y un reconocimiento público de la responsabilidad institucional. Mientras ese reconocimiento no llegue, y mientras queden familias sin hogar y sin indemnización suficiente, la crónica de la Línea 7B continuará.
