inmigración, UE, "centros de retorno", Pacto sobre Migración y Asilo
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| Italia ensaya en Albania un modelo “innovador” para externalizar las fronteras y el derecho al asilo. Otros países de la UE podrían replicar este sistema en 2026 con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Vista aérea del centro de inmigrantes de Gjader ( Albania) |
12 junio 2026.- Con la puesta en marcha del Pacto sobre Migración y Asilo y del nuevo Reglamento de Retorno, la Unión Europea ha cruzado una línea que hasta hace muy poco sus propias instituciones consideraban contraria al Derecho comunitario: la externalización de la detención de migrantes a terceros países, mediante los llamados centros de retorno. Se nos presenta como un instrumento técnico de gestión de flujos. Conviene, antes de aceptarlo como tal, mirarlo de frente.
Lo que en realidad se ha aprobado
No se trata de devolver a cada persona a su país de origen. La norma permite enviar a quien se encuentra en situación irregular a un tercer Estado con el que no tiene vínculo alguno, a cambio de una compensación económica europea. No se trata de centros de acogida, sino de instalaciones de expulsión. Y no son lugares pensados para la inserción laboral o social de nadie: ni Europa quiere integrar a esas personas, ni el país anfitrión —que solo cobra por alojarlas— tiene intención de hacerlo.
El problema no es retórico, está en el diseño. Dentro de la Unión rigen límites a la detención de migrantes en espera de repatriación. En estos centros, esos límites no se aplican: el tiempo de permanencia lo fija el acuerdo con el país tercero, sin tope claro. Y la supervisión sobre el respeto a los derechos humanos queda en manos de los propios gobiernos que firman esos acuerdos: el vigilado se autovigila.
La objeción central
La premisa de todo el sistema es que la persona retenida será enviada pronto a otro sitio. Pero ese "otro sitio" muchas veces no existe, porque el país de origen se niega a readmitir a sus nacionales —de ahí que solo se ejecute alrededor de una de cada cinco órdenes de retorno—. ¿Qué ocurre con quien no puede ser expulsado a ninguna parte? Que se queda. Sin futuro en Europa, sin futuro en el país donde está encerrado, sin regreso posible.
Un lugar donde se acumula indefinidamente a personas que no pueden salir, mantenidas por quien no las quiere, sin proyecto de vida y sin un horizonte de salida, tiene un nombre, y no es "centro de tránsito". Es una cárcel. Una cárcel administrativa, construida para personas que no han cometido delito alguno, levantada fuera del alcance de los tribunales europeos y financiada para que nadie tenga que verla.
A todo ello se añade una segunda sospecha, igual de grave: que ni siquiera funcione. Los precedentes han fracasado —el plan británico con Ruanda, abandonado; el modelo Italia-Albania, judicializado— y hoy ningún país del Magreb o del Sahel quiere siquiera negociar albergar estos centros. Cabe el temor de que estemos ante un gesto político de cara a la opinión pública —"hemos endurecido"— cuyo coste real lo paguen, con su libertad, seres humanos atrapados en el limbo.
Sobre una similitud que incomoda nombrar
Hay que decirlo con todas las cautelas, porque la comparación se presta al abuso y porque la diferencia de fondo es enorme: esto no es un proyecto de exterminio, y equipararlo sin más con el genocidio nazi sería faltar a la verdad y a la memoria de sus víctimas. La finalidad de aquellos campos fue la aniquilación física de un pueblo por lo que era; la de estos centros es la expulsión de personas por su situación administrativa. No son lo mismo y no debemos fingir que lo son.
Y sin embargo, hay una cierta similitud estructural que sería cobarde callar. En los años treinta, antes de cualquier cámara de gas, Europa ensayó algo más banal y más extensible: la idea de que a determinados grupos humanos se les podía privar de su lugar en el orden jurídico, concentrarlos en espacios donde la ley ordinaria no alcanzaba y "gestionarlos" como un problema logístico. Hannah Arendt lo describió con precisión al hablar de los apátridas del periodo de entreguerras: lo primero que se les arrebató no fue la vida, sino el derecho a tener derechos —el derecho a pertenecer a una comunidad política que respondiera por ellos—. Una vez convertido un ser humano en pura superfluidad administrativa, el campo apareció, en sus palabras, como el único sustituto práctico de una patria inexistente.
Es esa lógica —no el horror final, sino el primer paso que lo hizo pensable— la que reaparece cuando un continente decide que hay personas a las que se puede encerrar fuera de su territorio, sin plazo, sin juez accesible y sin más destino que la espera. La distancia con aquel pasado es inmensa. Pero el mecanismo que la hace posible —despojar a alguien de su personalidad jurídica y depositarlo en un lugar donde el derecho no llega— es exactamente el que la historia nos enseñó a temer. La advertencia no consiste en gritar que esto es Auschwitz. Consiste en recordar que Auschwitz no empezó por Auschwitz: empezó por convertir a seres humanos en expedientes y por construir lugares donde ya no eran nadie.
La miopía del muro
A todo lo anterior se añade una paradoja que convierte esta política no solo en injusta, sino en torpe. Suele justificarse el endurecimiento apelando a una supuesta avalancha demográfica imparable, como si "sobrara gente" en el mundo. Los datos apuntan casi a lo contrario. Las proyecciones de Naciones Unidas sitúan el techo de la población mundial en torno a los 10.300 millones hacia mediados de la década de 2080, y prevén un declive a partir de entonces. Cada vez más regiones —no solo Europa, también China, Asia oriental y buena parte de América Latina— están ya por debajo de la tasa de reemplazo. El desafío del siglo que viene no será el exceso de habitantes, sino el envejecimiento y la escasez de ellos.
La presión migratoria, por tanto, será real, pero su causa no es la masa total de seres humanos: es el desajuste entre unas regiones jóvenes y empobrecidas —sobre todo el África subsahariana, la única que seguirá creciendo con fuerza— y unas sociedades ricas que se vacían y envejecen, agravado por el clima, los conflictos y la desigualdad. Y aquí está la ironía que ningún defensor de estos centros quiere mirar de frente: Europa no solo va a recibir migración por presión externa, va a necesitarla para sostener sus pensiones, sus cuidados y su mercado laboral cuando se le invierta la pirámide de edad. Construir hoy cárceles administrativas para expulsar a quienes dentro de una o dos décadas harán falta para sostener el propio sistema es, además de una injusticia, un error de cálculo histórico. Europa está levantando muros contra precisamente aquello que su propia demografía le va a exigir.
Conclusión
No pedimos cerrar los ojos ante la realidad migratoria ni negamos que la presión sobre las fronteras sea un problema legítimo que exige respuestas. Pedimos otra cosa: que Europa no resuelva ese problema construyendo, con dinero público y a la vista de todos, espacios donde la dignidad y el derecho quedan suspendidos. Porque la medida de una civilización no se toma por cómo trata a quienes le son útiles, sino por cómo trata a quienes ha decidido que le sobran.
