universidades públicas, financiación, Comunidad de Madrid
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| Universidad de Alcalá |
• Cada centro tendrá la posibilidad de pactar con el Gobierno regional los logros que más se adecúen a sus características
• Gracias al Distrito Único de Prácticas se redistribuirán las plazas sobrantes entre los estudiantes que las necesiten para obtener su título
• Fija en un máximo de 300.000 euros el importe de las sanciones por infracciones muy graves en el ámbito universitario
20 octubre 2025.- La Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región, tal y como se recoge en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Así lo ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un encuentro informativo en el que ha abordado las cuestiones más destacadas del inicio del curso 2025/26 y la actualidad educativa.
Viciana ha señalado que su departamento está recogiendo numerosas aportaciones de la comunidad educativa. “Queremos que esta ley reúna el máximo consenso posible. Por eso estamos escuchando a todos, muy especialmente a los rectores de las universidades públicas, con los que estamos manteniendo un diálogo fluido del que, sin duda, se está beneficiando el texto de la norma”, ha subrayado Viciana.
El último borrador de la LESUC incorpora algunas de esas peticiones y sugerencias planteadas por los equipos directivos de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos y por el resto de actores de la comunidad universitaria.
Así, se ha detallado el capítulo de financiación por objetivos, que junto a la básica para el normal funcionamiento de los centros y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, sobre cuyo importe total se sigue trabajando.
La financiación por objetivos estará dotada con esos 10 millones de euros anuales extra, que se podrán repartir entre las seis instituciones cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora.
La lista de objetivos se ha simplificado y, además, se abre la posibilidad de que cada centro pacte establecer los que más se adecúen a sus características con la Administración regional, que también podrá añadir nuevas posibilidades cada año por acuerdo del Consejo de Gobierno. Entre los que recoge el borrador figuran la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, especialmente de Europa e Hispanoamérica, o el incentivo de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región.
ELECCIÓN DE GERENTES E INTERVENTORES
Respecto a la organización de los centros universitarios, el texto recoge ahora que será el rector, de acuerdo con el Consejo Social, el que elija al gerente de cada universidad, eliminando la elección por concurrencia. Además, la figura del interventor se reconvierte en una Oficina Económico Presupuestaria a cargo de dos de estos profesionales, uno elegido por el rector y el otro por el Consejo social.
También se define con mayor precisión el papel del Distrito Único de Prácticas, cuyo objetivo es lograr que ningún estudiante se quede sin una plaza para realizar esta parte de su formación cuando sea imprescindible para titular. El actual sistema de distribución seguirá funcionando con normalidad, pero este Distrito Único permitirá repartir las que sigan vacantes tras esta primera actuación, para que puedan ocuparlas los estudiantes que necesiten certificar las prácticas de cara a lograr su título.
Por su parte, dentro del contenido normativo de la nueva ley se fija un importe máximo de 300.000 euros de sanción para las infracciones muy graves que se produzcan en el ámbito universitario. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.
Viciana ha señalado que la nueva norma sigue su curso y que el próximo paso será someter el texto, ya convertido en anteproyecto, al trámite de audiencia e información pública previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno. Después, ya como proyecto de Ley, se enviará a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación por los grupos políticos con representación en la Cámara madrileña.
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