OPINIÓN. Objeción de conciencia en Sanidad: el difícil equilibrio entre la libertad del médico y el derecho del paciente

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09 octubre 20025.- Sí, se puede ejercer la objeción de conciencia en el ámbito del servicio público de sanidad, aunque su ejercicio está regulado y tiene límites muy claros.

En España, la objeción de conciencia se considera una manifestación de la libertad ideológica y religiosa, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución, y el Tribunal Constitucional ha afirmado que existe y puede ejercerse con independencia de que haya una regulación expresa para un deber concreto.

Aspectos clave de la objeción de conciencia en sanidad:

1. Derecho individual: Es un derecho que solo puede ser ejercido por profesionales sanitarios a título personal (no por instituciones, centros o servicios).

2. Actos concretos: Debe ser específica y referirse a la negativa a realizar actos o actividades concretas que son contrarias a la propia conciencia (por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo o la prestación de ayuda para morir).

3. Obligación del Estado: El ejercicio de la objeción no puede menoscabar el derecho del paciente a recibir la prestación sanitaria legal. El Estado tiene la obligación de organizar los servicios de salud (públicos o concertados) de manera que se garantice la prestación sin dilaciones ni obstáculos, a pesar de la objeción de un profesional.

4. Registro: Para ciertas prestaciones, como la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la ayuda para morir (eutanasia), la ley establece la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. La inscripción en este registro es un requisito para ejercer el derecho en esos casos. Este registro se utiliza para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación.

5. Alcance: La objeción no se extiende a los cuidados derivados de las posibles incidencias del acto objetado que formen parte de las obligaciones asistenciales habituales del profesional, ni exime de atender una urgencia.

En resumen, el profesional sanitario puede negarse a participar en un acto legal por motivos de conciencia, pero esta negativa no puede impedir que el paciente ejerza su derecho a recibir esa prestación.

La Crónica del Henares