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03 abril 2026.- El pasado 25 de marzo, un tribunal estadounidense condenó a una plataforma de redes sociales a pagar seis millones de dólares a una demandante, al considerar probado que las propiedades adictivas de dichos servicios le habían causado un daño real y mensurable. La sentencia, sin duda llamativa, abre un debate que va mucho más allá de lo jurídico: ¿estamos ante una adicción en sentido clínico, o ante una metáfora que la sociedad ha elevado, de forma apresurada, a la categoría de diagnóstico? La respuesta, hoy por hoy, no es sencilla.
Cuando el lenguaje cotidiano coloniza la clínica
Uno de los problemas más persistentes en la intersección entre psicología popular y psicología científica es la apropiación indebida de terminología clínica. "Adicción" es una de esas palabras que ha migrado del manual diagnóstico a la conversación de sobremesa con una facilidad que debería inquietarnos. Decimos que somos "adictos" al café, a una serie de televisión, a revisar el correo. Y ahora, con creciente convicción, a las redes sociales.
El problema no es que la preocupación sea infundada. El problema es que inflar el término hasta hacerlo sinónimo de cualquier hábito difícil de romper nos conduce a un callejón peligroso: el de la patologización de lo cotidiano. Si revisar Instagram cada hora constituye una adicción, entonces una fracción enorme de la humanidad adulta —y adolescente— merece un diagnóstico psiquiátrico. Esa perspectiva no solo desborda los sistemas de salud mental, sino que diluye la gravedad real de las adicciones reconocidas clínicamente, cuyos criterios diagnósticos son estrictos, acumulativos y exigen evidencia de deterioro funcional severo.
Lo que la ciencia aún no ha demostrado
Es oportuno señalar aquí que existe un vacío que conviene subrayar: no existe actualmente consenso científico sobre si el uso de redes sociales cumple los estándares vigentes para los trastornos adictivos. Esto no equivale a decir que las redes sociales son inocuas. Equivale a decir, con precisión, que la evidencia disponible no es suficiente para elevar la "adicción a las redes sociales" al rango de entidad clínica autónoma.
Para que eso ocurra, la investigación debe avanzar en una dirección concreta: establecer causalidad, no mera correlación. Sabemos que hay personas que presentan patrones de uso problemático y que simultaneamente exhiben síntomas de ansiedad, depresión o baja autoestima. Pero la pregunta decisiva —¿las redes sociales causan ese deterioro, o las personas vulnerables buscan en las redes sociales un refugio que ya necesitaban?— sigue sin respuesta definitiva. Son dos historias causales completamente distintas, con implicaciones clínicas, legales y políticas radicalmente diferentes.
La variabilidad individual en este sentido es reveladora. El impacto de las redes sociales no es uniforme: depende del tipo de uso, de la motivación subyacente, del contexto vital del usuario y, previsiblemente, de factores de predisposición psicológica. Una herramienta que para una persona es fuente de comunidad y apoyo puede ser, para otra, un mecanismo de comparación social destructiva. Esa heterogeneidad es precisamente lo que hace difícil —y necesario— un marco diagnóstico riguroso.
El riesgo de que los tribunales adelanten a la ciencia
El fallo judicial del 25 de marzo ilustra una tensión estructural en sociedades donde el ritmo de la tecnología supera al de la investigación empírica, y donde el sistema legal, obligado a resolver, no puede permitirse la paciencia que la ciencia requiere. Los tribunales necesitan causalidad; la ciencia todavía la está buscando. Y en ese vacío, la narrativa de la "adicción" resulta jurídicamente útil aunque científicamente prematura.
Esto no implica que las plataformas no tengan responsabilidades éticas y legales sobre el diseño de sus productos. Las tienen, y son considerables. Pero construir esa responsabilidad sobre un diagnóstico que la comunidad científica aún debate es edificar sobre terreno inestable. Las consecuencias de hacerlo —marcos legales rígidos basados en evidencia endeble, intervenciones clínicas mal orientadas, estigmatización de conductas normales— pueden ser más duraderas y dañinas que el propio problema que se pretende atajar.
En última instancia, es conveniente defender la honestidad intelectual. Reconocer que no sabemos todo lo que creemos saber. Exigir investigación causal rigurosa antes de codificar en diagnósticos, sentencias o leyes lo que por ahora es una hipótesis plausible.
Las redes sociales merecen escrutinio científico serio. Los usuarios que sufren por su relación con ellas merecen atención clínica real. Pero ambas cosas requieren precisión conceptual, no urgencia retórica. Llamar "adicción" a algo antes de que la ciencia lo confirme no protege a nadie; simplemente cambia el lenguaje con el que no entendemos el problema.
La Crónica del Henares
