editorial, vivienda
España acumula ocho años de promesas incumplidas, precios en máximos históricos y una fractura social creciente. El decreto de prórroga de alquileres acaba de caer derrotado en el Congreso. Yolanda Díaz pide al pueblo que "se levante". Toca preguntarse: ¿quién tiene realmente la culpa?
El diagnóstico: una emergencia que no cayó del cielo
El precio de la vivienda en España no está "por las nubes" por accidente ni por una tormenta perfecta imprevisible. Es el resultado acumulado de décadas de desinversión pública, de un modelo urbanístico volcado en el beneficio privado y de una cultura política que ha convertido el ladrillo en arma electoral en lugar de bien común. El metro cuadrado roza en marzo de 2026 los 2.709 euros de media nacional, con subidas interanuales del 17,2%; en las grandes ciudades y en la costa mediterránea los incrementos son de dos dígitos sostenidos. El alquiler, por su parte, amenaza con subidas del 12% en 2026, empujando a familias enteras hacia habitaciones compartidas, municipios periféricos o, directamente, a la exclusión residencial.
El Banco de España cifra el déficit estructural de vivienda en 700.000 unidades. La construcción nueva, aun acelerando, levantará en el mejor de los casos unas 420.000 en el próximo trienio, sin cubrir siquiera la demanda acumulada. Mientras tanto, la compra de vivienda por extranjeros no residentes siguió creciendo en 2025 —unas 50.000 transacciones anuales en zonas de alta demanda turística—, tensionando aún más unos mercados que ya no tienen margen de maniobra.
Las causas: un problema de oferta, de especulación y de gobernanza fallida
Hay quienes presentan este problema como una simple ley de oferta y demanda. Es cierto, pero incompleto. La escasez de suelo finalista, la lentitud burocrática en la concesión de licencias, el encarecimiento de la construcción y la falta de coordinación entre administraciones explican en parte por qué no se construye lo suficiente. Pero hay más: la proliferación de pisos turísticos y de alquiler de temporada ha retirado decenas de miles de viviendas del mercado residencial ordinario en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga. Los fondos de inversión han entrado masivamente en el sector inmobiliario transformando la vivienda en un activo financiero. Y el parque público español —apenas el 2% del total, frente al 15-30% de países como Francia o los Países Bajos— no tiene capacidad alguna de actuar como contrapeso.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Ese mandato constitucional lleva décadas siendo ignorado con impunidad por sucesivos gobiernos, de izquierdas y de derechas. Pero el presente análisis se centra en el período 2018-2026, bajo los ejecutivos de Pedro Sánchez, porque es en ese período donde las promesas han sido más sonoras y el fracaso más documentado.
El Gobierno prometió y no construyó: una crónica del incumplimiento
El historial de compromisos incumplidos del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda es difícil de relatar sin cierto estupor. En julio de 2018, el ministro Ábalos anunció 20.000 viviendas de alquiler asequible en 4-6 años. En 2021, la cifra saltó a 100.000. En el Senado, en abril de 2023, Sánchez prometió "habilitar 183.000 inmuebles para el alquiler asequible". Un mes después de su investidura, elevó la apuesta a 184.000 y, sumando todas las fuentes, el compromiso total alcanzó las 244.000 viviendas públicas.
Los datos de ejecución son demoledores: a finales de 2024, de esas 244.000 promesas, se habían entregado 350 viviendas nuevas de titularidad estatal. En paralelo, el Ministerio de Vivienda ejecutó en 2024 apenas el 32% de su presupuesto, dejando casi 3.000 millones de euros sin gastar, y utilizó solo el 14% de los fondos europeos disponibles —el peor dato de todo el Gobierno—. En 2023, el Estado dejó sin usar más de 2.000 millones de euros destinados al acceso a la vivienda mientras el presidente multiplicaba sus promesas en mítines y ruedas de prensa. La Ley del Suelo lleva cuatro años bloqueada. La reforma fiscal para gravar pisos vacíos, anunciada en diversas ocasiones, no ha avanzado. El decreto de penalización fiscal a compradores extranjeros no residentes, anunciado en enero de 2025, sigue en tramitación un año y medio después.
No es un problema de falta de dinero ni de falta de ideas: es un problema de voluntad política real, de incapacidad gestora y de un Gobierno demasiado débil parlamentariamente como para sacar adelante medidas de calado, pero no lo suficientemente honesto como para reconocerlo ante sus votantes.
El gesto de Sumar: movilización legítima, pero con trampa
El 29 de abril de 2026, el Pleno del Congreso derogó el decreto ley impulsado desde Sumar que permitía a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en contratos que vencen entre 2026 y 2027, con un tope del 2% de subida anual. Votaron en contra PP, Vox y Junts; se abstuvo el PNV, que consideró la medida "bienintencionada" pero urgió a acuerdos de medio y largo plazo. La derrota era previsible.
Horas antes de la votación, Yolanda Díaz llamó a la "movilización social": "Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos y desde la movilización. Si deciden tumbar la norma, clamo a la ciudadanía a que se organice." La frase tiene una dignidad republicana innegable. El problema es el contexto: Díaz forma parte del Gobierno que prometió 184.000 viviendas y entregó 350. Díaz es parte del Ejecutivo que dejó sin ejecutar miles de millones en políticas de vivienda. Llamar al pueblo a levantarse contra la derrota parlamentaria de una medida puntual, mientras se ha sido corresponsable durante años de la inacción estructural, tiene algo de teatro político que los ciudadanos harán bien en no confundir con liderazgo real.
Dicho esto, la medida que el Congreso derogó era razonable y proporcionada. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares que verán vencer sus contratos en los próximos dos años sin alternativa asequible. Que PP, Vox y Junts la hayan tumbado sin ofrecer una alternativa concreta equivale a trasladar el coste de la crisis habitacional directamente sobre los más vulnerables. La oposición tiene también una deuda de propuestas que va mucho más allá del voto negativo.
