Más Madrid, Ley LIDER, alcalá de henares
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| Rosa Romero, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares |
09 abril 2026.- El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea y grupos de concejales del partido en Ayuntamientos, el de Alcalá incluido, han presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER).
Desde Más Madrid Alcalá afirman: “El Gobierno de Ayuso pretende privatizar la vigilancia de la legalidad urbanística, dando poder a entidades con afán de lucro contratadas por los propios promotores que deben ser inspeccionados, un evidente conflicto de interés: las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas (ECU) y las Colaboradoras Ambientales (ECA)”.
El análisis de los argumentos de Más Madrid a la luz del texto del anteproyecto y de las posiciones de otros actores técnicos permite distinguir los riesgos con base documental sólida de los que responden a una lectura más partidista del texto.
Nota de prensa — Urbanismo y ordenación del territorio · Alcalá de Henares
Más Madrid presenta alegaciones a la Ley LIDER y alerta de posibles riesgos para el patrimonio y el urbanismo de Alcalá
El Grupo Parlamentario de Más Madrid y sus concejales en diversos Ayuntamientos, incluido el de Alcalá de Henares, han registrado alegaciones al anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). El texto, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se encuentra en fase de información pública desde el 6 de marzo de 2026.
Alcalá de Henares, 9 de abril de 2026
El plazo de alegaciones al anteproyecto de Ley LIDER concluyó el 6 de abril de 2026. La formación política Más Madrid ha sido una de las voces críticas durante el proceso, identificando cuatro focos de preocupación con incidencia directa en municipios como Alcalá de Henares: el modelo de inspección urbanística, el silencio administrativo, la vivienda protegida y la autonomía municipal.
Qué es la Ley LIDER y qué pretende
La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) es el proyecto de nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid, destinada a sustituir a la Ley 9/2001, vigente durante más de veinticinco años. Su objetivo declarado es dotar a los municipios de un marco normativo que permita adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad social actual, garantizando la agilización de la tramitación, simplificando su elaboración y unificando en un único texto legal normativa actualmente dispersa.
Como novedad estructural, el anteproyecto simplifica el catálogo de planes a dos instrumentos autónomos: el Plan Estratégico Municipal, para el modelo a largo plazo, y el Plan Ejecutivo, único habilitado para transformar el suelo, que se clasifica en tres categorías: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. La ley crea los Planes Estratégicos Municipales con procedimientos simplificados y plazos objetivo de cuatro a seis años para su aprobación, frente a los más de diez años habituales.
Los pilares que ha expuesto la Dirección General de Urbanismo son la simplificación del planeamiento, la coordinación de informes sectoriales y la reducción de plazos, apoyándose en una «aceleradora urbanística» basada en tecnología para la solicitud, recepción y coordinación de informes. Su aprobación definitiva se prevé para finales de 2026.
Los cuatro argumentos de Más Madrid sobre Alcalá
El comunicado de Más Madrid Alcalá, fechado el mismo día del cierre del plazo de alegaciones, articula cuatro líneas de crítica al anteproyecto:
1. Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU y ECA)
«El Gobierno de Ayuso pretende privatizar la vigilancia de la legalidad urbanística, dando poder a entidades con afán de lucro contratadas por los propios promotores que deben ser inspeccionados, un evidente conflicto de interés.» — Concejales de Más Madrid Alcalá, comunicado del 9 de abril de 2026
El anteproyecto potencia el papel de las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas (ECU) y las Colaboradoras Ambientales (ECA). Estas entidades, ya existentes en el marco de la Ley 9/2001, pueden colaborar con los ayuntamientos en la comprobación, intervención o control en el procedimiento de tramitación de licencias y declaraciones responsables, y en la verificación e inspección de actos de uso del suelo, a petición del ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid.
La Dirección General de Urbanismo presenta las ECU como un instrumento para agilizar la actividad económica potenciando la declaración responsable, siguiendo modelos ya implantados en otras comunidades autónomas como Valencia, Galicia y Andalucía. Las entidades deben estar acreditadas por ENAC y contar con seguro de responsabilidad civil mínimo de un millón de euros.
La formación cuestiona el papel de las Entidades Privadas Colaboradoras Urbanísticas y Ambientales al considerar que ciertas funciones de control podrían quedar en manos privadas. El argumento central es el conflicto de interés cuando la entidad controladora es contratada y retribuida por el propio promotor controlado.
2. El silencio administrativo en informes sectoriales
«El artículo 8 establece que el silencio administrativo en informes sectoriales se presume favorable, lo que derivaría en “hechos consumados” con daños ambientales o patrimoniales irreversibles. Esto deja indefensos a los vecinos ante posibles ilegalidades.» — Concejales de Más Madrid Alcalá, comunicado del 9 de abril de 2026
El mecanismo del silencio administrativo positivo en informes sectoriales es uno de los puntos de mayor debate técnico del anteproyecto. La lógica que lo sustenta es la necesidad de desbloquear tramitaciones que quedan paralizadas indefinidamente por la falta de respuesta de organismos sectoriales (patrimonio histórico, medio ambiente, infraestructuras, etc.).
El silencio positivo en informes sectoriales se plantea como mecanismo de coordinación interadministrativa para evitar que un expediente urbanístico quede bloqueado sine die por la inactividad de un organismo sectorial. Se combina con el uso de declaraciones responsables como elementos que podrían acelerar la tramitación de proyectos.
La crítica adquiere especial peso en el caso de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si un informe del organismo competente en patrimonio histórico no se emite en plazo, la presunción favorable podría abrir la puerta a intervenciones que afecten al entorno protegido antes de que se pueda reaccionar. Los daños al patrimonio histórico pueden ser irreversibles, a diferencia de otras materias en las que cabe la reposición.
3. El modelo de vivienda protegida
«El texto pone la alfombra roja a los promotores privados cambiando a su antojo el cómputo de vivienda protegida, permitiendo su distribución en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo. Esto significa que se ubicará la vivienda de mercado en las zonas más rentables y que el minúsculo porcentaje de vivienda protegida que se deba hacer se traslade a las zonas alejadas y con menos servicios.» — Concejales de Más Madrid Alcalá, comunicado del 9 de abril de 2026
La Ley LIDER presenta el impulso a la vivienda protegida como uno de sus ejes vertebradores, con el objetivo de que el crecimiento no se concentre solo en la capital y se democratice la oportunidad de desarrollo en todos los municipios. La flexibilización del cómputo buscaría facilitar que los desarrollos sean viables económicamente.
Tanto Más Madrid como el PSOE-M advierten de que el cambio en el modelo de vivienda protegida permitiría distribuir este tipo de viviendas en el conjunto del municipio y no necesariamente en cada desarrollo urbanístico, lo que podría influir en su distribución territorial. Más Madrid añade que la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid pierde su protección a los 10 o 15 años, a diferencia de otras comunidades donde es indefinida. Análisis independientes advierten de que si los períodos de protección no se alargan, la aceleración urbanística puede acabar siendo un ciclo de producción y descalificación que alimenta al mercado libre más que al patrimonio público de vivienda asequible.
4. La autonomía municipal y la cesión de aprovechamiento
«Los Planes Estratégicos Municipales no tendrían jerarquía frente a los Planes Ejecutivos de iniciativa privada, que podrían alterar el modelo de ciudad sin una evaluación del impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras. También por reducir la cesión de aprovechamiento que reciben los Ayuntamientos hasta el ridículo 5 %, cuando la Ley estatal permite y recomienda hasta el 10 % o 20 %.» — Concejales de Más Madrid Alcalá, comunicado del 9 de abril de 2026
El anteproyecto busca mejorar la participación y coordinación entre administraciones. La norma incorpora medidas específicas para municipios pequeños con acompañamiento técnico promovido por la Comunidad de Madrid, que proporcionará recursos humanos y materiales para elaborar sus planes.
Los socialistas entienden que el nuevo texto supone un ataque a las competencias y la autonomía local y a la capacidad de decidir el modelo de ciudad que quieren los vecinos. Más Madrid enfatiza que la reducción de la cesión de aprovechamiento al 5 % mermaría los recursos económicos con que los ayuntamientos financian equipamientos y servicios públicos en cada nuevo desarrollo.
Resumen comparativo: posición oficial y alegaciones
| Elemento del anteproyecto | Argumento oficial (Comunidad de Madrid) | Alegación de Más Madrid |
|---|---|---|
| Entidades Colaboradoras (ECU/ECA) | Agilización de trámites; modelo ya existente en otras CC.AA.; acreditación obligatoria por ENAC | Posible conflicto de interés: la entidad controladora es pagada por el promotor controlado |
| Silencio administrativo positivo en informes sectoriales | Evita el bloqueo indefinido de expedientes por inactividad de organismos sectoriales | Riesgo de daños irreversibles al patrimonio histórico y medioambiental; especial gravedad en Alcalá (ciudad UNESCO) |
| Cómputo y distribución de vivienda protegida | Flexibilización para facilitar la viabilidad económica de los desarrollos; impulso a la vivienda asequible | La vivienda protegida podría concentrarse en zonas periféricas con menos servicios; protección temporal, no indefinida |
| Jerarquía Plan Estratégico / Plan Ejecutivo | Mayor agilidad para el desarrollo de proyectos concretos; mayor coordinación interadministrativa | Los Planes Ejecutivos de iniciativa privada podrían alterar el modelo de ciudad sin evaluación de impacto en servicios públicos |
| Cesión de aprovechamiento al ayuntamiento | Simplificación del sistema; estabilidad jurídica para los promotores | Reducción al 5 % frente al 10-20 % que permite la ley estatal; merma de recursos municipales para equipamientos |
Valoración: ¿qué riesgos plantea el anteproyecto para Alcalá?
El análisis de los argumentos de Más Madrid a la luz del texto del anteproyecto y de las posiciones de otros actores técnicos permite distinguir los riesgos con base documental sólida de los que responden a una lectura más partidista del texto.
Silencio administrativo y patrimonio histórico. Este es el argumento de mayor solidez jurídica y urbanística para Alcalá. La ciudad ostenta la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO y cuenta con un extenso catálogo de bienes protegidos. La presunción favorable del silencio en informes sectoriales que afecten al ámbito patrimonial podría generar situaciones donde una intervención se ejecute antes de que el organismo competente haya evaluado su impacto. La irreversibilidad potencial del daño justifica que este punto merezca una redacción cuidadosa en el texto definitivo, independientemente de la posición política de quien lo plantea. Análisis independientes han señalado que la gobernanza de los instrumentos aceleradores no está suficientemente detallada en los documentos disponibles.
Las ECU y el conflicto de interés. La figura de las entidades colaboradoras no es nueva en el ordenamiento madrid eño ni en el español. La crítica sobre el conflicto de interés es pertinente y compartida por arquitectos y aparejadores: el decano del Colegio de Aparejadores llamó la atención sobre que la declaración responsable no puede servir para no tener responsabilidad, reclamando que la responsabilidad técnica sea equivalente a la que asumen los arquitectos en sus proyectos. La cuestión no es si estas entidades deben existir, sino cómo se regula su independencia funcional respecto al promotor.
Vivienda protegida y cesión de aprovechamiento. La vivienda protegida en Madrid cayó un 23 % en 2025 mientras el mercado libre seguía subiendo, lo que da contexto a la preocupación por el modelo de distribución. La posibilidad de computar la reserva de vivienda protegida a escala de municipio en lugar de por desarrollo puede facilitar la concentración de vivienda libre en las zonas más rentables. En cuanto a la cesión de aprovechamiento, la rebaja al 5 % respecto a lo que permite la normativa estatal reduciría efectivamente los recursos que los ayuntamientos obtienen de cada actuación urbanística para costear dotaciones públicas.
Autonomía municipal. La tensión entre agilización regional y competencias municipales es intrínseca a cualquier reforma urbanística de escala regional. El anteproyecto trata de equilibrarlo con asistencia técnica a pequeños municipios, pero las alegaciones presentadas por varios ayuntamientos —incluyendo el de Alcalá— apuntan a que la jerarquía entre instrumentos y la reducción de las cesiones económicas generan un balance que perciben como desfavorable para la autonomía local.
El anteproyecto de Ley LIDER cerró su período de información pública el 6 de abril de 2026. La aprobación definitiva se prevé a finales de 2026. Mientras tanto, sigue vigente la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. Las alegaciones presentadas —entre ellas las de Más Madrid— serán analizadas por la Dirección General de Urbanismo antes de que el texto pase a su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, donde podrá ser enmendado por todos los grupos políticos.
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