La deuda sube un 4,2% hasta 1,763 billones y baja al 101,5% del PIB. Desglose por administraciones, plazos, comunidades, rating y avisos del BdE.
![]() |
| La deuda pública sube un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros |
La deuda pública marca récord en 1,763 billones: baja al 101,5% del PIB pero suma 71.000 millones en un año
Madrid, 18 de agosto de 2026.- La deuda de las administraciones públicas alcanzó en junio su máximo histórico: 1,763 billones de euros, un 4,2% más que hace un año. La ratio sobre el PIB, en cambio, bajó al 101,5% desde el 103,4%. Son más de 35.000 euros por habitante y una carga de intereses que ronda el 2,5% del PIB.
- El saldo sube y la ratio baja: la deuda crece un 4,2% en un año, pero el PIB nominal crece más deprisa, así que el porcentaje cae 1,9 puntos.
- Casi todo es deuda del Estado: 1,602 billones (92,2% del PIB). Las comunidades autónomas suman 355.000 millones y los ayuntamientos, 21.000, la única partida que baja con fuerza.
- El Banco de España avisa: el endeudamiento sigue siendo la principal vulnerabilidad de la economía española y falta, dice, una estrategia fiscal de medio plazo "específica y granular".
Qué dicen exactamente los datos de hoy
El Banco de España publicó este martes el avance mensual de la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) correspondiente a junio. Tres cifras resumen el mes:
- 1,763 billones de euros de saldo total, un 1,9% más que en mayo y un 1,3% por encima del anterior máximo histórico, el de marzo de 2026 (1,7395 billones).
- 101,5% del PIB, frente al 103,4% de junio de 2025, cuando el saldo era de 1,69 billones.
- +4,2% interanual, es decir, unos 71.000 millones de euros más de deuda en doce meses.
La aparente contradicción —récord absoluto y ratio a la baja— tiene una explicación sencilla: el denominador crece más rápido que el numerador. Con un PIB nominal impulsado por el crecimiento real y por la inflación, la deuda puede aumentar en euros y encoger en porcentaje. Es exactamente lo que lleva ocurriendo desde 2021, cuando la ratio tocó el 119,3%.
Conviene un aviso metodológico que suele perderse en los titulares: los datos mensuales son un avance. El propio Banco de España advierte de que la última información contrastada con las comunidades autónomas y los trece grandes ayuntamientos es la de marzo de 2026. El detalle definitivo del segundo trimestre, con desglose por cada comunidad, no se publicará hasta el 30 de septiembre.
El desglose por administraciones
Estos son los saldos de junio de 2026 y su peso sobre el PIB:
| Subsector | Saldo | % del PIB | Variación anual |
|---|---|---|---|
| Estado | 1,602 billones | 92,2% | +4,4% |
| Otras unidades de la Administración Central | 33.000 M€ | 1,9% | −6,0% |
| Comunidades autónomas | 355.000 M€ | 20,4% | +3,6% |
| Corporaciones locales | 21.000 M€ | 1,2% | −8,1% |
| Administraciones de Seguridad Social | 136.000 M€ | 7,8% | +7,9% |
| Consolidación (deuda en poder de otras AAPP) | 385.000 M€ | 22,1% | +3,7% |
Dos advertencias para leer bien la tabla. La primera: la suma de los subsectores supera al total porque los pasivos que unas administraciones tienen en poder de otras se restan al agregar; eso es la consolidación, 385.000 millones.
La segunda afecta a la partida que más crece. La deuda de la Seguridad Social sube un 7,9%, pero no añade ni un euro a la deuda total: son préstamos que el Estado concede a la Tesorería General de la Seguridad Social para cubrir su desequilibrio presupuestario. Es una operación entre subsectores. Quien lea ese 7,9% como un deterioro adicional de las cuentas públicas estará contando dos veces el mismo agujero.
En las "otras unidades de la Administración Central" que reducen deuda un 6% están viejos conocidos de la crisis financiera: SAREB, el FROB, BFA, el FADE —el fondo del déficit eléctrico— y el Fondo de Garantía de Depósitos.
Por instrumentos y plazos: el corto plazo se acelera
En junio crecieron todos los instrumentos, pero a ritmos muy distintos:
- Valores a largo plazo: +3,6% interanual.
- Préstamos a más de un año: +6,1%.
- Instrumentos a corto plazo: +10,9%, el mayor avance con diferencia.
Ese repunte del corto plazo es el dato menos comentado y el más relevante para el riesgo de refinanciación. Aun así, la estructura sigue siendo cómoda: en marzo, el 94,8% de la deuda estaba a largo plazo y solo el 5,2% a corto, con los valores a largo suponiendo el 85,1% del total. Aplicando las tasas de junio a los saldos de un año antes, los valores a largo rondarían los 1,49 billones, los préstamos a largo los 175.000 millones y el corto plazo unos 93.000 millones (cálculo propio; el Banco de España publicará los importes exactos en su Boletín Estadístico).
El calendario de amortizaciones, según el Tesoro, es el siguiente: vida media de la cartera de 7,98 años, cerca del máximo histórico de ocho años alcanzado en 2021, con solo un 13% de la deuda venciendo en el plazo de un año. El coste medio de la deuda en circulación es del 2,415%, y el de las nuevas emisiones de 2025 fue del 2,70%, 46 puntos básicos menos que en 2024. En 2026 el Tesoro prevé una emisión neta de 55.000 millones y una emisión bruta de 285.677 millones, con 126.935 millones de vencimientos a medio y largo plazo. Los no residentes ya poseen el 47,8% de la deuda del Estado, el segundo mayor registro de la serie.
Traducido: el problema español no es hoy la refinanciación, sino el nivel. Los intereses del Estado se llevan en torno al 2% del PIB y el conjunto de las administraciones podría alcanzar el 2,5% este año, más de lo que cuesta, por ejemplo, la inversión pública en muchos ejercicios.
Las comunidades: el mapa de las diferencias
Los datos por comunidad más recientes son los del primer trimestre de 2026, cuando el conjunto autonómico sumaba 347.000 millones (20,3% del PIB, +2,6% anual). En importes, cuatro comunidades concentran el grueso:
| Comunidad | Deuda (T1 2026) | % de su PIB |
|---|---|---|
| Cataluña | 90.336 M€ | 27,8% |
| Comunidad Valenciana | 64.348 M€ | 40,4% |
| Andalucía | 42.092 M€ | — |
| Comunidad de Madrid | 40.574 M€ | 12,0% |
La foto cambia por completo al mirar el peso sobre el PIB regional. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria fija un valor de referencia del 13% para las comunidades. Solo cinco lo cumplen: Navarra (8,6%), Canarias (10,5%), País Vasco (11,4%), Madrid (12%) y Asturias (12%). En el extremo contrario, la Comunidad Valenciana triplica el umbral con un 40,4%, seguida de Murcia (31,1%), Cataluña (27,8%) y Castilla-La Mancha (27,6%).
Los ayuntamientos son la excepción virtuosa del cuadro: 21.000 millones y una caída del 8,1% anual en junio. Entre los municipios de más de 300.000 habitantes, la deuda conjunta bajó un 17,2%, hasta 4.400 millones. Madrid encabeza el volumen (1.560 millones), seguido de Barcelona (1.203) y Zaragoza (519). Por habitante, la clasificación se invierte: Zaragoza (749 euros), Barcelona (694) y Murcia (511) frente a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, València (78 euros) y Bilbao (142).
La quita autonómica: mueve la deuda, no la elimina
En paralelo avanza en el Congreso el proyecto de ley orgánica por el que el Estado asumiría 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común, en torno a una cuarta parte de su endeudamiento. El 23 de julio la Cámara tumbó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox con 178 votos en contra, pero queda la mayor parte de la tramitación: el Gobierno pretendía aprobarla en el primer trimestre de 2026 y va con meses de retraso.
El reparto previsto encabeza en Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104), seguidas de Comunidad Valenciana (11.210), Madrid (8.644), Castilla-La Mancha (4.927) y Galicia (4.010).
El punto que conviene subrayar, porque el debate político lo tapa: la condonación no reduce en un solo euro la deuda del conjunto de las administraciones públicas. Traslada el pasivo del subsector autonómico al Estado. Lo que sí cambia es quién paga los intereses y a qué tipo —el Estado se financia más barato que la mayoría de comunidades—, y el margen presupuestario de las autonomías beneficiadas. Para Bruselas y para las agencias de calificación, el agregado sigue siendo el mismo.
Cómo nos ven las agencias de calificación
España cerró 2025 con la primera ronda de mejoras de las tres grandes agencias desde antes de la pandemia. Esta es la foto vigente:
| Agencia | Nota | Perspectiva |
|---|---|---|
| S&P Global | A+ | Estable |
| Fitch Ratings | A | Estable |
| Moody's | A3 | Estable |
| Morningstar DBRS | A (alto) | Estable |
| Scope Ratings | A | Positiva |
El mensaje de las agencias es notablemente uniforme y coincide con el del supervisor: el crecimiento gusta, la trayectoria de la deuda no tanto. S&P condicionó expresamente una eventual mejora a que la ratio de deuda baje más rápido de lo previsto, "gracias, por ejemplo, a una consolidación presupuestaria más ambiciosa". Fitch, que ratificó su A/estable en marzo, había señalado que los esfuerzos proactivos de consolidación fiscal han sido limitados. Scope, la única con perspectiva positiva, prevé que la deuda baje del 100% del PIB a finales de 2026 —sería la primera vez desde 2019— y hasta el 96,5% en 2029, pero llama la atención sobre un factor político: la prórroga presupuestaria por tercer año consecutivo y lo improbable de aprobar unas cuentas antes de 2027.
Las próximas citas del calendario son el 11 de septiembre (S&P, Fitch y Scope) y el 30 de octubre (DBRS). Moody's tenía prevista una revisión el 17 de julio cuyo resultado conviene verificar antes de darla por firme.
Lo que advierte el Banco de España
El supervisor lleva todo el año insistiendo en el mismo diagnóstico, y no es amable. En su Informe de Estabilidad Financiera de mayo sostuvo que el elevado endeudamiento público sigue siendo un elemento de vulnerabilidad, agravado por la falta de concreción de las medidas para corregirlo y por la ausencia de consensos fiscales.
En el Informe Anual 2025, presentado en junio, subió el tono. David López Salido, director general de Economía del Banco de España, resumió que el esfuerzo de los contribuyentes —con recaudación récord— no se ha traducido en una evolución de la deuda que resulte suficientemente prometedora, y recordó que España se mantiene en torno al 100% del PIB frente al 87,8% de media de la Unión Económica y Monetaria.
El gobernador, José Luis Escrivá, situó la deuda entre las vulnerabilidades que limitan el margen de maniobra ante presiones de gasto que ya están sobre la mesa: envejecimiento demográfico, defensa, transición climática y digitalización. La conclusión de la institución es una petición concreta: definir de manera "específica y granular" una estrategia fiscal de medio plazo, y que se refleje tanto en el Plan Fiscal y Estructural como en los informes anuales que se remiten a Bruselas.
Los condicionantes europeos
Desde 2024 rige un marco fiscal nuevo. El Reglamento (UE) 2024/1263 sustituyó los viejos objetivos anuales de déficit estructural por una única referencia operativa: la senda de gasto primario neto comprometida en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Lo que España firmó:
- Un plan 2025-2028 con un periodo de ajuste ampliado a siete años (2025-2031), a cambio de un paquete de reformas e inversiones.
- Un crecimiento medio anual del gasto computable del 3% durante ese periodo.
- El país sigue sujeto, además, a los anclajes del Pacto de Estabilidad: déficit por debajo del 3% del PIB y, para quienes superan el 90% de deuda, una reducción media anual de la ratio de un punto porcentual.
En el Informe de Progreso Anual remitido el 30 de abril, el Gobierno declara cumplimiento en 2025: el gasto computable creció un 4,5%, por encima del objetivo inicial del 3,7% pero dentro de los márgenes una vez aplicada la flexibilidad por defensa, lo que deja un saldo positivo del 0,2% del PIB en la "cuenta de control" para absorber desviaciones futuras. El déficit de 2025 se situó en el 2,5% del PIB y el Ejecutivo prevé cerrar 2026 en el 2,1% con todas las partidas incluidas, o en el 1,5% descontando extraordinarios.
El punto de fricción está en el ejercicio en curso: la Comisión Europea ha advertido de que España podría superar el límite de crecimiento del gasto neto pactado para 2026. Las estimaciones privadas apuntan a un crecimiento del gasto computable algo por encima del 4%, frente al 3,7% acordado, lo que supondría una desviación del orden del 0,3% del PIB, justo en el límite de lo tolerado antes de activar un procedimiento formal.
Queda un flanco abierto: la cláusula nacional de escape para defensa, que permite apartarse temporalmente de la senda de gasto entre 2025 y 2028. España la solicitó, y su activación se ha aprobado hasta la fecha para diecisiete Estados miembros. Todo el cálculo del margen fiscal español para los próximos ejercicios depende de esa pieza.
Qué viene ahora
- 30 de septiembre: el Banco de España publica la deuda del segundo trimestre con el detalle por comunidad autónoma y por ayuntamiento. Es la cita para comprobar si el 355.000 millones autonómico de junio se confirma y cómo queda cada territorio.
- 11 de septiembre: doble examen de S&P, Fitch y Scope. La perspectiva positiva de Scope es la única puerta abierta a una mejora.
- Otoño: continúa la tramitación de la ley de condonación autonómica y la negociación del sistema de financiación, con la ratio de deuda del Estado como variable de ajuste.
- Sin fecha: la estrategia fiscal detallada que reclaman el Banco de España, la AIReF y las agencias, y unos Presupuestos Generales del Estado que no llegan desde 2023.
Dónde consultar los datos
- Banco de España, Boletín Estadístico, cuadro 11.b (deuda PDE por administraciones e instrumentos) y capítulos 13 (deuda por comunidades, importes y porcentajes del PIB) y 14 (corporaciones locales, ayuntamiento por ayuntamiento). Es la vía para comprobar la deuda del propio municipio.
- Nota de prensa estadística trimestral del Banco de España y herramienta interactiva BExplora.
- Tesoro Público: estadísticas mensuales de vida media, coste y tenedores de la deuda del Estado.
- AIReF: informe de seguimiento del Plan Fiscal y Estructural, con fichas individuales por comunidad autónoma.

