El sismo de Alhendín alcanzó los 0,24 g previstos por el IGN. La norma española exige mucho en obra nueva, pero no obliga a los edificios antiguos.
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| Aceleración registrada, cronología de la normativa antisísmica española y el vacío legal sobre el parque ya construido. | Infografía: Crónica del Henares. Datos: Instituto Geográfico Nacional (informe de 17/08/2026) y Real Decreto 997/2002 (NCSE-02). |
Granada, zona sísmica: la norma antisísmica solo obliga en obra nueva
El terremoto del 14 de agosto alcanzó en Armilla 0,24 g de aceleración, justo el nivel que los mapas oficiales preveían para la zona. La norma española cubre lo que se levanta desde 2002; para los edificios anteriores no existe ninguna obligación de refuerzo.
- El acelerógrafo de Armilla midió 0,24 g, prácticamente el mismo valor —0,23 g— que el mapa de peligrosidad del IGN asigna a Alhendín para un periodo de retorno de 475 años.
- En esa franja, la norma vigente exige pilares de 30 cm mínimo, armado y estribado reforzados y prohíbe adobe, tapial y mampostería en seco: encarece la estructura entre un 15 % y un 20 %.
- Solo se aplica a obra nueva. España carece de un programa de refuerzo del parque ya construido, a diferencia de Nueva Zelanda o Italia.
19 agosto 2026.- A la 1:04 de la madrugada del sábado 15 de agosto —las 23:04 UTC del día 14—, el acelerógrafo que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene en Armilla, a unos tres kilómetros del epicentro, registró una sacudida de 0,24 g: el 24 % de la aceleración de la gravedad. No fue un valor sorprendente. Fue, casi exactamente, el valor que el propio Estado tenía escrito en un mapa desde hacía años.
El mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el IGN en 2012 y revisado en 2015 asigna al municipio de Alhendín una aceleración máxima de 0,23 g para un periodo de retorno de 475 años, uno de los valores más altos de toda España. Dicho de otro modo: el terreno hizo lo que estaba previsto que hiciera. La pregunta pertinente no es si el terremoto era esperable, sino si lo que hay construido encima está calculado para eso.
Qué obliga a hacer la norma
La normativa antisísmica española vigente es la NCSE-02, aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, que sustituyó a la NCSE-94. Su exigencia se gradúa según la aceleración sísmica básica (ab) del municipio, un parámetro tabulado en el propio texto legal. A partir de 0,04 g la norma se activa; a partir de 0,08 g se endurece; y en la banda en la que se mueve la Vega de Granada se convierte en un condicionante de proyecto de primer orden.
En zonas con ab igual o superior a 0,16 g —el caso granadino— la dimensión mínima de los pilares sube a 30 centímetros, se imponen armaduras longitudinales mínimas de 2Ø16 y cuantías del 0,4 % en los elementos principales, y la densidad de estribado aumenta de forma notable en las zonas críticas. Además, la norma prohíbe en estas zonas las estructuras de mampostería en seco, adobe o tapial para edificaciones de importancia normal o especial, y limita la altura de la fábrica de ladrillo o bloque.
Todo eso se paga. Las estimaciones al uso sitúan el sobrecoste estructural entre el 15 % y el 20 % cuando la aceleración básica alcanza o supera los 0,16 g. Es un porcentaje que explica buena parte de las resistencias históricas a endurecer la norma.
El suelo de la Vega multiplica el problema
Hay un segundo factor que la norma obliga a corregir mediante un coeficiente de terreno y que en Granada resulta determinante: el subsuelo. La cuenca de Granada es una depresión rellena de sedimentos lacustres y fluviales de varios kilómetros de espesor, y los suelos blandos amplifican el movimiento respecto a lo que registraría la misma sacudida sobre roca.
A eso se suma la escasa profundidad de los focos. El IGN sitúa todos los eventos de esta serie por debajo de los 10 kilómetros, y varios de los principales prácticamente en superficie. Cuanto más somero es el foco, menos se atenúan las ondas antes de llegar a los edificios. Es la razón de que un terremoto de magnitud moderada —Mw 4,8, lejos de las magnitudes destructivas— se haya sentido en más de 500 localidades, hasta la Comunidad de Madrid, y haya provocado intensidad máxima V-VI en la escala EMS-98 en poblaciones granadinas.
Una norma de 2002 y un relevo que no llega
La NCSE-02 tiene veinticuatro años. La Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, órgano interministerial adscrito al IGN, ya redactó una norma nueva que derogaría tanto la NCSE-02 como la de puentes NCSP-07, unificaría el diseño sismorresistente de todas las estructuras y adoptaría íntegramente el texto del Eurocódigo 8, la referencia europea, con modificaciones puntuales. La justificación que consta en el borrador es explícita: el tiempo transcurrido exige adecuar la regulación al estado actual del conocimiento en sismología e ingeniería sísmica.
Ese texto sigue sin aprobarse. Mientras tanto, se proyecta en Granada con parámetros de peligrosidad fijados a principios de siglo.
Lo que la norma no toca: lo que ya está en pie
Y aquí está el hueco de verdad. La NCSE-02 obliga en obra nueva y en intervenciones que afecten a la estructura. No obliga a nadie a revisar ni a reforzar un edificio existente.
La primera normativa sismorresistente española data de 1968 (PGS-1), revisada en 1974 (PDS-1), y el primer texto con criterios reconociblemente modernos es el de 1994. Traducido: buena parte del parque residencial de Granada y su área metropolitana —la que se levantó en los grandes desarrollos de los años sesenta y setenta— se construyó sin exigencia antisísmica real o con una muy laxa, y sigue en pie sin ella.
Otros países con riesgo comparable sí actuaron sobre lo construido. Nueva Zelanda, tras el terremoto de Christchurch de 2011 que causó 185 muertos, aprobó en 2016 una reforma de su Ley de Edificación que obliga a los propietarios de edificios calificados como sismorresistentes deficientes a reforzarlos o demolerlos, con plazos tasados y un umbral técnico definido (el 34 % de lo exigible a obra nueva en el mismo emplazamiento). Italia impuso a las administraciones verificaciones sísmicas obligatorias de edificios estratégicos y escolares como condición para acceder a financiación estatal. En España no existe una obligación equivalente, ni estatal ni andaluza.
Contexto: la Vega no es novedad
La zona acumula un historial largo y duro. El IGN recuerda terremotos históricos destructivos como el de Arenas del Rey en 1884, con intensidad IX-X, o el de 1431 al sur de Granada, de intensidad VIII-IX; series que alcanzaron intensidades VII y VIII en Pinos Puente (1806-1807), Santa Fe (1911) y Atarfe (1918); y sismos de magnitud 5 en Armilla (1955) y Purchil (1956). El de Atarfe-Albolote de abril de 1956 dejó doce muertos.
Más cerca en el tiempo, entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 la zona de Santa Fe y Atarfe registró más de 3.000 terremotos superficiales, seis de ellos entre magnitud 4 y 5, con una aceleración máxima de 0,195 g. Aquel episodio abrió el debate sobre la vulnerabilidad del parque edificado y no se tradujo en ninguna obligación nueva.
Balance de la serie en curso
Desde las 00:00 del 14 de agosto y hasta el corte del informe del IGN del día 17, se habían registrado 348 eventos, la mayoría de magnitud inferior a 2 y todos a menos de 10 kilómetros de profundidad; 37 fueron sentidos por la población. El organismo atribuye la serie a mecanismos de falla normal, coherentes con las fallas activas cartografiadas: la serie se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y la de Belicena-Alhendín al oeste.
El martes 18 la secuencia se recrudeció con un sismo de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar —el IGN corrigió al alza el cálculo inicial y en actualizaciones posteriores lo situó en 4,8—, seguido de réplicas de 4,2 en Alhendín y 4 en Ogíjares. El balance de esa jornada, según la Junta de Andalucía y el propio IGN: tres heridos leves —entre ellos una menor de 13 años golpeada por un ladrillo, ya dada de alta—, unos 600 desalojados en Las Gabias, daños en viviendas, edificios públicos y vehículos por desprendimientos de cornisas y fachadas, y el cierre preventivo de la Alhambra, cuyo Patronato desalojó la Alcazaba y los Palacios Nazaríes. El metro de Granada redujo la velocidad de sus trenes a 30 km/h.
Datos de servicio
- Sismicidad en tiempo real: visualizador de terremotos próximos del IGN, en
visualizadores.ign.es/tproximos, y catálogo oficial enign.es. - Qué hacer durante y después de un terremoto: guía del IGN en
ign.es/web/resources/sismologia/qhacer/qhacer.html. - Consultar la aceleración básica de un municipio: figura en el anejo 1 de la NCSE-02, publicada en el BOE de 11 de octubre de 2002 (Real Decreto 997/2002).
- Saber con qué norma se construyó una vivienda: la referencia es el año de licencia de obra. Anterior a 1994, sin criterios modernos; entre 1994 y 2002, NCSE-94; posterior, NCSE-02.
- Daños en vivienda: los seguros de hogar cubren el riesgo extraordinario de terremoto a través del Consorcio de Compensación de Seguros, que se activa con la póliza contratada.
El IGN mantiene abierto el informe de la serie y lo actualiza conforme evoluciona la sismicidad; ha desplegado dos estaciones portátiles en la zona epicentral para afinar la localización de los focos. La revisión de intensidades y daños sigue en curso, de modo que los valores de intensidad pueden subir a medida que se recaben cuestionarios y partes técnicos. Y queda el asunto de fondo: si la aprobación de la nueva norma basada en el Eurocódigo 8 se acelera y si alguna administración se plantea, esta vez sí, qué hacer con los miles de edificios que se levantaron antes de que existiera exigencia alguna.
Fuentes: Instituto Geográfico Nacional (nota informativa sobre el terremoto de Mw 4,8 de Alhendín, versión de 17/08/2026), Real Decreto 997/2002 (NCSE-02), Junta de Andalucía, EFE y Patronato de la Alhambra y el Generalife.
