La Tribuna, cambio climático
Un estudio revela que el colapso climático triplicó el número de muertos en la ola de calor de junio en Europa
09 julio 2025.- Los Estados están vinculados por un marco internacional que reconoce el cambio climático como un desafío global. Tratados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París establecen compromisos jurídicos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la adaptación. Esta arquitectura normativa refuerza la idea de que los países no solo tienen responsabilidad moral, sino también obligación legal de actuar contra el calentamiento global.
Perspectiva económica
Los compromisos climáticos conllevan costes y beneficios medibles.
Inversión obligatoria: las naciones deben asignar recursos a energías renovables, eficiencia energética e infraestructuras adaptadas al nuevo clima. Estas inversiones son exigidas por planes nacionales de contribución (NDC) presentados ante la ONU.
Riesgo de sanciones económicas: aunque el Acuerdo de París no prevé multas directas, el incumplimiento puede derivar en pérdida de acceso a fondos multilaterales de adaptación y mitigación (Fondo Verde para el Clima), así como en litigios de inversionistas ante tribunales internacionales.
Coste de la inacción: desde el punto de vista macroeconómico, retrasar la acción genera pasivos ambientales crecientes —daños por inundaciones, sequías o fenómenos extremos— que se traducen en pérdida de PIB, aumento de la deuda pública y encarecimiento de las primas de seguros.
Perspectiva política
La obligación legal se traduce en compromisos ejecutivos y legislativos internos.
Marco normativo nacional: muchas constituciones y leyes ambientales exigen objetivos de reducción de emisiones y protección de recursos naturales. Su observancia es evaluada por tribunales constitucionales y consejos de Estado.
Rendición de cuentas: los parlamentos deben ratificar y supervisar la implementación de objetivos climáticos, y los gobernantes pueden ser legalmente reclamados por inacción o retrocesos regulatorios.
Relaciones internacionales: los países firmantes del Acuerdo de París establecen revisiones periódicas de sus ambiciones climáticas. No cumplir con las presentaciones de informes técnicos puede deteriorar su credibilidad y su influencia geopolítica.
Artículo 45 Constitución española: todos tienen “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado” y se impone al poder público “la obligación de protegerlo”. Complemento legal mediante la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que desarrolla planes de mitigación y adaptación.
Perspectiva social
El principio de derechos humanos vincula la acción climática con la protección de la vida, la salud y el acceso al agua.
Justicia climática: los países con mayor responsabilidad histórica están obligados a aportar más recursos a naciones más vulnerables, según el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Participación ciudadana: numerosos marcos legales nacionales contemplan consultas públicas obligatorias para elaborar planes de mitigación o adaptación, garantizando que los afectados puedan defender sus intereses en tribunales.
Cohesión social: al reconocer la obligación legal de proteger a las generaciones presentes y futuras, los Estados evitan conflictos internos derivados de desplazamientos climáticos y pérdida de medios de vida.
En términos económicos, políticos y sociales, existe un entramado normativo que convierte las promesas climáticas en obligaciones legales. Los países que desatienden estas exigencias arriesgan no solo su estabilidad financiera y reputación internacional, sino también el bienestar de sus ciudadanos y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Por tanto, la obligación de enfrentar el cambio climático es ineludible y se sitúa en el corazón del derecho público contemporáneo.
Autor: José I. Ibarra
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