inundaciones, levante español, DANA
14 octubre 2025.- La visión de las ramblas desbordadas, anegando cultivos, viviendas y polígonos industriales, se ha convertido, trágicamente, en una imagen recurrente en el Levante español. Lo que antes se conocía como la "gota fría" son hoy las DANA cada vez más virulentas, un testimonio ineludible de que el cambio climático y, lo que es más importante, la mala planificación territorial, han convertido esta zona en una región de alto riesgo. La necesidad de inyectar fondos públicos y voluntad política en proyectos de defensa contra inundaciones ya no es una opción, sino un imperativo de seguridad ciudadana.
Durante décadas, la gestión del riesgo de inundación se ha visto paralizada por una mezcla de criterios economicistas y una burocracia lenta. El enfoque ha sido a menudo reactivo: reconstruir después de la catástrofe, en lugar de prevenirla antes. Las infraestructuras de defensa, cuando existen, luchan contra el desarrollo urbanístico que ha invadido históricamente las llanuras de inundación y las desembocaduras naturales de los ríos. El criterio frío y lineal de evaluar el coste-beneficio es insuficiente; el coste real de estas inundaciones no se mide solo en los millones de euros de daños materiales, sino en el trauma psicológico, en la pérdida de vidas humanas, y en el colapso de la actividad económica y la confianza social.
El clima mediterráneo no espera por acuerdos políticos ni revisiones presupuestarias. El aumento de la temperatura del mar y la intensificación de las precipitaciones torrenciales exigen un cambio de paradigma. Es crucial movernos de la reconstrucción post-desastre a una estrategia proactiva e integrada de adaptación. Facilitar la inversión pública significa reconocer que la defensa contra inundaciones es una infraestructura esencial para la protección de la vida y la economía de comunidades enteras en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía Oriental.
Esta apertura de financiación debe ligarse a un plan estratégico y holístico que priorice la ordenación del territorio. La solución no pasa únicamente por construir más presas o encauzar ríos con cemento. La inversión debe dirigirse a soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de las ramblas (permitiendo que el agua fluya por su cauce natural), la reforestación de cabeceras para ralentizar el caudal y la creación de zonas de retención de agua.
El Levante, una zona de vital importancia económica y demográfica, tiene la urgencia de actuar. Al desburocratizar y priorizar la inversión en resiliencia, las administraciones (central, autonómica y local) pueden proteger de forma duradera los activos de la región e invertir en la estabilidad de miles de familias. El precio de la resiliencia, la planificación y la colaboración interregional será alto, pero el coste de la inacción y de seguir repitiendo errores del pasado es, simplemente, insostenible.

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