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Gobierno y sindicatos pactan una subida del 11% hasta 2028: el acuerdo garantiza ganar poder adquisitivo futuro, pero no compensa la pérdida acumulada en la crisis inflacionista previa
27 noviembre 2025.- El Gobierno ha cerrado con los sindicatos UGT y CSIF un acuerdo que contempla una revalorización salarial del 11% para los empleados públicos hasta 2028. El pacto tiene como objetivo blindar las nóminas frente a la inflación futura, garantizando una ganancia de poder adquisitivo estimada en dos puntos para el próximo ciclo, aunque renuncia a recuperar la pérdida acumulada durante los años de mayor escalada de precios.
Además del alza retributiva, el texto incluye medidas estructurales clave como la eliminación de la tasa de reposición para permitir la creación neta de empleo
Determinar si esta subida del 11% (en realidad un 11,4% si se suman efectos de arrastre) es razonable o no, hay que analizarla desde dos perspectivas muy diferentes: lo que va a ocurrir en el futuro (2025-2028) y lo que ya ha ocurrido en el pasado (la pérdida acumulada), en un acuerdo que acaba de ser firmado (noviembre 2025) por el Gobierno, UGT y CSIF.
Mirando al futuro (2025-2028): SÍ, PARECE RAZONABLE
Si analizamos únicamente el periodo que cubre el acuerdo, los funcionarios saldrán ganando poder adquisitivo.
La subida: Será de un 11% acumulado en estos cuatro años.
La inflación prevista: Las previsiones de organismos como la AIReF o el Banco de España estiman que la inflación acumulada para este mismo periodo rondará el 8,5%.
El resultado: En teoría, los funcionarios ganarán entre 2 y 3 puntos de poder de compra en los próximos cuatro años. Desde este punto de vista, el acuerdo es positivo y superior a la subida de precios esperada.
Mirando al pasado (2022-2024): ES INSUFICIENTE
El principal argumento en contra es que este acuerdo no recupera lo que se perdió durante la crisis inflacionaria reciente.
En el ciclo anterior (2022-2024), los sueldos subieron cerca de un 9,5%, pero la inflación acumulada fue mucho mayor (alrededor del 15-16%).
El resultado: Los funcionarios arrastran una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente un 5% o 6% de los años anteriores. El nuevo acuerdo (que da una ganancia teórica del 2,5% real) solo recupera la mitad de lo perdido recientemente, y no soluciona la pérdida histórica desde los recortes de 2010 (estimada en un 20%).
Desglose de la subida ("La letra pequeña")
La subida no es lineal, se ha diseñado para dar más peso al final del periodo:
2025: +2,5% (se cobrará con carácter retroactivo).
2026: +1,5% (fijo) + posibilidad de 0,5% extra si el IPC sube.
2027: +4,5% (Aquí está el grueso de la subida).
2028: +2%.
¿Qué implica eliminar la tasa de reposición?
Hasta ahora, la tasa de reposición era un corsé matemático: si se jubilaban 100 policías, el Estado solo podía contratar a 100 (tasa del 100%) o a 50 (tasa del 50%), independientemente de si hacían falta más o menos. Eliminarla significa cambiar las matemáticas por la planificación:
Ya no es "1 entra por 1 que sale": Ahora se podrán convocar plazas basándose en las necesidades reales del servicio, no en las jubilaciones del año anterior.
Creación de empleo neto: Permite aumentar el tamaño total de la plantilla pública, algo que estaba muy restringido desde la crisis de 2010.
A. La trampa de la "burocracia" vs. la IA
Si el Gobierno utiliza el fin de la tasa de reposición para contratar miles de auxiliares administrativos para sellar papeles o meter datos en ordenadores, será un error histórico y un despilfarro.
El impacto de la IA: Se estima que gran parte de las labores de los grupos C1 y C2 (administrativos) son altamente automatizables en 2025-2030.
La necesidad: La eliminación de la tasa solo tiene sentido si se usa para contratar perfiles que la IA no puede suplir fácilmente: médicos, enfermeros, jueces, policías, inspectores fiscales y, crucialmente, informáticos e ingenieros de datos para gestionar esa IA.
B. El factor crítico: El "acantilado demográfico"
Incluso con la IA trabajando a pleno rendimiento, España tiene un problema urgente que justifica contratar masivamente: el envejecimiento.
La gran jubilación: Se calcula que en los próximos 10 años se jubilará cerca del 60% de la plantilla actual de la Administración General del Estado.
Sustitución, no expansión: Aunque la IA haga el trabajo de 3 personas, si se jubilan 5, sigues teniendo un déficit de personal. Eliminar la tasa de reposición es la única forma de llenar el agujero inmenso que dejarán los baby boomers al irse, aunque sea con menos personas pero más cualificadas.
Conclusión
¿Es un acuerdo razonable?
Para el Gobierno: Sí, garantiza paz social durante 4 años y un coste predecible.
Para el funcionario: Es un acuerdo "de contención". Es razonable porque frena la sangría y garantiza ganar poder adquisitivo año a año a partir de ahora, pero no es un acuerdo de restitución plena del nivel de vida que tenían antes de la crisis de inflación de 2022.
Dato clave: Los sindicatos (CSIF y UGT) han aceptado firmar principalmente porque, además del sueldo, el acuerdo incluye otras mejoras laborales importantes, como eliminar la tasa de reposición (se podrán cubrir todas las vacantes y crear empleo neto) y mejoras en la jubilación parcial.
Eliminar la tasa de reposición no debe servir para engordar la administración, sino para transformarla. El éxito dependerá de si las nuevas Ofertas de Empleo Público (OEP) reducen las plazas de "papeleo" (administrativos puros) y disparan las plazas de atención directa (sanidad/educación) y tecnológicas. Si se sigue contratando como en 1990 para una administración de 2026, la IA hará que esos nuevos puestos sean irrelevantes en pocos años.
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