Más Madrid, alcalá de henares, colegio Alborada, abusos sexuales
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| Rosa Romero, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares |
29 diciembre 2025.- El grupo parlamentario Más Madrid ha hecho pública una denuncia respecto a la decisión de la Mesa de la Asamblea de Madrid de no admitir a trámite una pregunta parlamentaria relacionada con los presuntos casos de abuso sexual en el colegio concertado Alborada, situado en Alcalá de Henares. Esta situación ha abierto un debate sobre el alcance de las competencias de supervisión del Gobierno regional sobre los centros concertados.
Contexto de la situación: El caso Alborada
El origen del conflicto reside en las informaciones sobre presuntos abusos sexuales cometidos por un cuidador del centro contra menores de entre 3 y 6 años, muchos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) . Según se recoge en la denuncia, existen reportes que señalan que el centro habría tardado ocho meses desde la primera alarma hasta la expulsión del empleado, un periodo durante el cual el trabajador habría sido protegido por la institución
Ante estos hechos, la diputada Alicia Torija formuló una pregunta parlamentaria para conocer el número de solicitudes de traslado de expediente académico registradas desde que se hicieron públicos los casos .
El conflicto administrativo: ¿Centro privado o concertado?
La Mesa de la Asamblea de Madrid acordó la no admisión de dicha pregunta. El argumento técnico esgrimido por el órgano rector de la Cámara fue que el objeto de la pregunta no corresponde al ámbito de la Comunidad de Madrid, al considerar que hace referencia a un "centro privado" .
Frente a esta justificación, Más Madrid sostiene que la calificación es incorrecta. Rosa Romero, portavoz de la formación en Alcalá, argumenta que el Alborada es un centro "concertado", no puramente privado, lo que implica que recibe financiación pública . Basándose en este estatus legal, la formación defiende que la Administración regional sí ostenta las competencias de supervisión e inspección sobre el colegio y, por tanto, debe rendir cuentas sobre su actuación .
Peticiones y medidas solicitadas
Más allá del bloqueo parlamentario, la denuncia presentada estructura una serie de exigencias dirigidas a la gestión de la crisis y a la política educativa regional:
Atención a las víctimas: Se solicita protección, respaldo y acompañamiento institucional para los menores afectados y sus familias .
Responsabilidad administrativa y penal: Se exige que la Justicia depure las responsabilidades penales pertinentes y que la Comunidad de Madrid ofrezca explicaciones formales en calidad de administración competente de la inspección educativa .
Revisión del concierto educativo: La formación pide condicionar la financiación pública del centro al cumplimiento estricto de los protocolos de protección a la infancia, la transparencia y la colaboración con las autoridades .
Déficit de plazas públicas inclusivas: El documento señala un problema estructural, indicando que muchas familias se vieron obligadas a matricular a sus hijos en el colegio Alborada debido a la falta de aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) en otros centros públicos . Por ello, se solicita aumentar y mejorar las plazas inclusivas en la red pública para garantizar la libertad de elección de las familias .
En conclusión, la denuncia subraya la necesidad de que se permita el cambio de colegio a quien lo solicite y se clarifique el rol de la Comunidad de Madrid en la vigilancia de los centros sostenidos con fondos públicos .
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