cámaras de videovigilancia, san fernando de henares
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| El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa; y la concejala de Seguridad, Movilidad y Emergencias, Leticia Martín; junto al inspector jefe de Policía Local, Ismael García; han presentado hoy últimas actuaciones emprendidas, como la reciente instalación y puesta en funcionamiento de 72 cámaras de videovigilancia |
16 abril 2026.- El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha presentado hoy su sistema de videovigilancia municipal, ya operativo. Lo que el comunicado oficial dice es cierto en lo esencial, pero hay matices técnicos y usos potenciales que merece la pena conocer con detalle.
Qué ha instalado exactamente el Ayuntamiento
El sistema suma 72 dispositivos de dos tipos bien distintos:
57 cámaras ANPR (Reconocimiento Automático de Matrículas), situadas en entradas y salidas del casco urbano y de los polígonos industriales. Leen matrículas en tiempo real, las cruzan con bases de datos policiales y tienen visión nocturna e inteligencia artificial.
15 cámaras de seguridad fijas, iniciadas hace más de un año en los cementerios y el polideportivo Justo Gómez Salto, y ahora ampliadas a edificios municipales. Están orientadas a prevenir vandalismo y robos.
La inversión es de 300.000 euros en el sistema, más otros 200.000 euros previstos en 2026 para iluminación de rotondas y señalética. Las imágenes se borran automáticamente a los 30 días y el sistema está certificado con «nivel alto» del Esquema Nacional de Seguridad.
¿Para qué sirven realmente las cámaras ANPR?
El Ayuntamiento afirma que «no buscan la infracción, sino la vigilancia y la prevención». Esto es técnicamente correcto, pero incompleto. Las cámaras ANPR no tienen capacidad de emitir multas por infracciones de tráfico directamente, pero sí pueden alertar a las autoridades policiales sobre órdenes de detención pendientes u otra información relevante al cruzar los datos de las matrículas con las bases de datos gubernamentales.
Lo que sí pueden hacer —y hacen habitualmente en otros municipios españoles con tecnología idéntica— es detectar:
- Vehículos robados o con alerta policial activa.
- Coches sin seguro obligatorio al cruzar la matrícula con el registro de la DGT.
- Vehículos con ITV caducada. Municipios como Albacete ya utilizan cámaras similares para detectar vehículos sin ITV al día. En 2023, de las 1.647 denuncias de tráfico interpuestas, 1.064 fueron por no haber pasado la inspección técnica en tiempo.
- Matrículas duplicadas o con irregularidades administrativas.
Las cámaras ANPR permiten identificar a vehículos que circulan sin seguro, sin la ITV o que tienen multas pendientes, facilitando la actuación de las autoridades.
En resumen: las cámaras de San Fernando no son radares de velocidad ni emiten multas automáticas, pero sí pueden generar denuncias administrativas cuando la Policía Local actúe sobre los avisos que el sistema genera. El propio Ayuntamiento ya implantó un sistema de lectura de matrículas en el Polideportivo Justo Gómez Salto en una fase previa del proyecto.
¿Qué dicen los datos de seguridad del municipio?
Hay buenas noticias objetivas en el contexto más amplio. La tasa de delitos en San Fernando de Henares descendió un 5,8 % en 2024 respecto al año anterior, consolidando una tendencia que sitúa al municipio 14 puntos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Entre los aspectos destacados figuran el aumento de delitos esclarecidos y la mejora en eficacia policial, con una caída del 5,4 % en delitos contra el patrimonio.
Sin embargo, el Ayuntamiento no ha publicado estadísticas desglosadas de cuántos delitos o detenciones concretos se han producido gracias a las cámaras. La nota de prensa emitida por el Ayuntamiento no incluye ningún dato de ese tipo. Que la criminalidad baje no permite atribuir el mérito exclusivamente al sistema de videovigilancia, que acaba de ponerse en marcha en su versión completa, sino al conjunto de actuaciones policiales, incremento de plantilla y programas preventivos desarrollados desde 2019.
Lo que el Ayuntamiento no explica en su nota de prensa
Hay preguntas razonables que un vecino puede hacerse y que el comunicado oficial no responde:
- ¿Se usarán para detectar ITV y seguro? Técnicamente pueden hacerlo. El Ayuntamiento no lo menciona como uso previsto, pero tampoco lo descarta. Es un uso legal y habitual en España.
- ¿Quién tiene acceso a las imágenes? La nota indica que están conectadas al Centro de Control de Policía Local. No se especifica si la Policía Nacional tiene acceso directo o bajo qué procedimiento.
- ¿Qué ocurre con los datos de matrículas de los que no son delincuentes? Las imágenes se borran en 30 días, pero los registros de lectura de matrículas pueden tener un tratamiento diferente según la normativa aplicable. La legislación española (LO 4/1997 y RGPD) exige transparencia al respecto.
- ¿Habrá informe público de resultados? Sería deseable que el Ayuntamiento publicase anualmente datos de uso: cuántas alertas generó el sistema, cuántos vehículos robados se recuperaron, cuántos delitos se esclarecieron con apoyo de las grabaciones. Actualmente no existe ese compromiso explícito.
Contexto legal que el vecino debe conocer
El sistema cumple con la normativa vigente según el propio Ayuntamiento, que indica la certificación de «nivel alto» del Esquema Nacional de Seguridad. Los ciudadanos tienen derecho a:
- Solicitar información sobre qué datos suyos han sido captados (derecho de acceso, RGPD).
- Reclamar la supresión de imágenes en las que aparezcan, dentro del plazo de 30 días.
- Presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si consideran que el sistema vulnera su privacidad.
Nuestra valoración del sistema de videovigilancia
El sistema de videovigilancia de San Fernando de Henares responde a una demanda vecinal real y tiene usos legítimos bien documentados: identificar vehículos robados, disuadir del vandalismo y apoyar investigaciones policiales. Los datos de seguridad del municipio son objetivamente positivos, aunque no pueden atribuirse en exclusiva a las cámaras.
Lo que merece atención ciudadana es la ausencia de un marco de rendición de cuentas claro: sin datos públicos de uso, el vecino no puede verificar si la tecnología se emplea como se anuncia o si derivará hacia usos recaudatorios como la detección masiva de ITV caducadas o seguros vencidos, una práctica que otros ayuntamientos españoles ya aplican con los mismos dispositivos.
La transparencia proactiva —publicar memorias anuales con resultados del sistema— sería la mejor garantía de que las cámaras sirven a la seguridad ciudadana y no a otros intereses
