participación ciudadana, PSOE Guadalajara, política local
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| Ignacio de la Iglesia, concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, durante su defensa de los órganos de participación ciudadana |
24 abril 2026.- El gobierno de Ana Guarinos, de PP y la ultraderecha de Vox, ha dado hoy ‘un portazo’ a la participación ciudadana, que es garante de democracia, al rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista; además, con el voto de calidad de la alcaldesa, en la que instaba a Guarinos a que constituya, en el plazo máximo de tres meses, todos los órganos de participación pendientes; así como que se garantice una convocatoria regular de consejos sectoriales y de barrio, entre otros acuerdos.
El concejal socialista en el Ayuntamiento, Ignacio de la Iglesia, que ha defendido la moción, ha mostrado su preocupación porque si “después de tres años de mandato, con consejos sectoriales sin constituir, ni convocar; y por sorpresa, hoy, se nombran los representantes del Consejo Sectorial de Accesibilidad, correspondientes a los grupos municipales y las asociaciones, que ya se habían propuesto hace dos años, mucho nos tememos que los consejos que restan ya no van a ver la luz en lo que queda de legislatura”.
Durante su intervención, el concejal socialista ha criticado que para el gobierno del PP y Vox, los órganos de participación ciudadana, como pueden ser los consejos de barrio y los consejos sectoriales, “sean ejercicios de nostalgia cuando muchos de ellos son reglamentos que se remontan a la época del PP de Antonio Román y Ana Guarinos”.
Algunos de estos consejos que o no se han convocado, o no con la regularidad necesaria son: Cultura, Diversidad, Medio Ambiente; Seguridad o Convivencia.
En referencia a ellos, el concejal socialista ha evidencia que esta paralización de los órganos de participación tiene que ver con las “diferencias evidentes en estas materias con los socios y socias de la ultraderecha de Vox”, recordando que la responsable última es Guarinos.
La moción socialista instaba a Guarinos a que constituya, en el plazo máximo de tres meses, todos los órganos pendientes; que se garantice una convocatoria regular de consejos sectoriales y de barrio; que se publique un calendario anual para que asociaciones y colectivos puedan organizarse; que exista un informe semestral de seguimiento; y que las propuestas ciudadanas tengan una respuesta real por parte del Ayuntamiento; pero ha sido rechazada.
En relación con la propuesta socialista y su rechazo por parte de las "fuerzas conservadoras", nos planteamos tres cuestiones que enraízan en la esencia de la democracia y de la madurez democrática del pueblo:
¿Son garantía democrática los órganos de participación ciudadana?
Depende de cómo se articulen, pero en principio sí: son un componente reconocido de lo que la teoría política llama democracia participativa o deliberativa, que complementa —sin sustituir— a la democracia representativa. La Ley de Bases de Régimen Local española (y su desarrollo autonómico) recoge expresamente la obligación de los ayuntamientos de facilitar la participación ciudadana. El Consejo de Europa, a través de la Carta Europea de Autonomía Local, también la contempla.
Su valor democrático real depende de tres condiciones que con frecuencia no se cumplen:
- Que tengan capacidad de incidencia real en las decisiones, no solo consultiva decorativa
- Que su composición sea plural y representativa, no cooptada por el partido gobernante
- Que exista acceso a información suficiente para que sus aportaciones sean fundadas
Cuando estas tres condiciones se dan, son un instrumento valioso de control, de detección de necesidades reales y de legitimación de políticas públicas. Cuando no, se convierten en teatro democrático.
¿Se les puede llamar "chiringuitos" cuando no se les tiene en cuenta?
La acusación de "chiringuito" se lanza habitualmente en dos direcciones opuestas y con motivaciones distintas:
- La lanza el poder cuando estas entidades incomodan o cuestionan sus decisiones, como táctica de deslegitimación
- La lanza la ciudadanía cuando estas entidades han sido capturadas por el poder y solo lo refrendan
El término es peyorativo y políticamente interesado en ambos casos. Lo relevante no es el nombre sino la pregunta de fondo: ¿tienen autonomía real, financiación independiente suficiente y acceso efectivo a los procesos de decisión? Si un gobierno municipal ignora sistemáticamente sus aportaciones, no son los órganos de participación los que fallan: es el modelo de gobernanza el que está roto. Ignorarlos no los convierte en chiringuitos; convierte al gobierno en uno que practica una democracia de baja intensidad.
¿Se reduce la democracia a votar cada cuatro años?
No, y esto tiene respaldo teórico sólido y bastante consenso entre los politólogos. El voto es el mecanismo de legitimación periódica del poder, pero presenta limitaciones estructurales bien conocidas:
- El ciudadano elige un programa completo, no políticas individuales
- Entre elección y elección el poder actúa sin rendición de cuentas continua
- La complejidad de las políticas públicas hace imposible que el voto exprese preferencias detalladas
- Las minorías pueden quedar sistemáticamente excluidas de la representación
Por eso los sistemas democráticos maduros combinan el voto con mecanismos complementarios: transparencia y acceso a la información, participación ciudadana institucionalizada, control judicial de la administración, medios de comunicación independientes, y tejido asociativo activo.
Reducir la democracia al voto cada cuatro años es una concepción minimalista que históricamente ha sido más útil para quienes ejercen el poder que para quienes lo sufren o disfrutan. Como escribió el politólogo Robert Dahl, la democracia no es un estado que se alcanza con elecciones libres, sino un proceso continuo de ampliación de la participación y el control ciudadano.
Conclusiones
El núcleo del problema y de las diferencias entre PSOE y el gobierno municipal del PP/VOX es la tensión entre la democracia como procedimiento (votar, elegir representantes) y la democracia como cultura y práctica cotidiana (deliberar, participar, controlar, exigir rendición de cuentas). Un gobierno municipal que ignora sus órganos de participación ciudadana no está cometiendo necesariamente una ilegalidad, pero sí está empobreciendo la democracia que dice representar. Y eso tiene un coste: el distanciamiento entre instituciones y ciudadanía, la desafección política y, a largo plazo, la erosión de la legitimidad del propio sistema.
