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| El presidente ha presentado el plan, cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, para acompañar a los ciudadanos ante la ampliación del mercado europeo de emisiones al transporte y a los edificios residenciales |
26 mayo 2026.- El Gobierno de España ha dado un paso estructural en su política climática con la presentación del Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC), un instrumento estratégico sin precedentes en nuestro país. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana someten a información pública este instrumento estratégico dotado con 9.099 millones de euros, destinado a proteger de forma estable a los colectivos más vulnerables ante la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
Durante la presentación, el presidente Pedro Sánchez fijó el espíritu de la iniciativa con una frase que resume su filosofía: «No haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo».
El marco europeo: el Fondo Social para el Clima
El PSpC se enmarca en el Fondo Social para el Clima, iniciativa europea destinada a financiar inversiones estructurales en los ámbitos de la edificación y el transporte por carretera. Contará con una dotación financiera de 9.099 millones para el periodo 2026-2032, financiada mediante la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo, junto con una aportación nacional del 25% del presupuesto total del Plan.
El Ejecutivo lo plantea como una respuesta estructural frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, en un contexto de inestabilidad internacional marcado por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, tras medidas temporales como el escudo social de 5.000 millones.
La intención del Ejecutivo es remitirlo, debidamente consensuado y antes de que concluya 2026, a la Comisión Europea para su aprobación definitiva.
Quiénes son los beneficiarios
La definición de los beneficiarios se ha realizado con criterios de rigor técnico y sensibilidad social. Serán elegibles los hogares vulnerables, especialmente aquellos en situación de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que no disponen de recursos para rehabilitar sus viviendas.
También se incluyen los usuarios de transporte vulnerables, afectados por la falta de alternativas viables al vehículo privado de combustión, así como las microempresas —de menos de 10 empleados y menos de dos millones de facturación anual— con una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas.
Bloque I: Transformación energética del parque residencial (4.723 millones)
El Componente de Edificios del PSpC se configura como una herramienta clave para modernizar el parque residencial español, que todavía presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética. Las medidas buscan reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y disminuir de forma significativa las emisiones de CO₂. Se articulan en siete líneas de actuación:
La partida más ambiciosa es la promoción de vivienda asequible, con 1.813 millones destinados a impulsar nueva construcción eficiente y a rehabilitar edificios actualmente sin uso residencial. Le sigue la rehabilitación en barrios y entornos vulnerables, con 1.220 millones para intervenciones integrales a escala de barrio, con especial atención a zonas con mayores índices de vulnerabilidad, incluyendo climatización renovable y redes de calor y frío de distrito. Para la rehabilitación de edificios residenciales se reservan 923 millones, orientados a mejorar el aislamiento térmico y sustituir sistemas basados en combustibles fósiles en inmuebles donde residan hogares vulnerables.
Las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo reciben 300 millones, con la condición de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno. Otras líneas complementan el cuadro: 278 millones para la rehabilitación de viviendas individuales en edificios plurifamiliares, 162 millones para proyectos piloto de intervención exprés en situaciones de urgencia térmica y centros educativos y asistenciales, y 27 millones para la red RED-ACTÚA, que creará ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento con atención presencial e itinerante en zonas rurales para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a las ayudas.
Bloque II: Una movilidad sostenible sin exclusiones (4.376 millones)
El transporte representa más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y es uno de los sectores más expuestos a la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. El Componente de Transporte se estructura en seis grandes bloques:
La partida mayor, con 2.269,6 millones, es la descarbonización del transporte por carretera, que incluye 846 millones para renovar flotas de vehículos pesados en microempresas vulnerables por vehículos eléctricos con ayudas que podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste, 642 millones para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros para autónomos y microempresas, 381 millones para la electrificación del transporte público urbano y 400 millones para el despliegue de puntos de recarga en instalaciones propias.
El transporte público asequible y accesible suma 964,8 millones: 224 millones para desarrollar al menos 28 proyectos que sumarían más de 80 kilómetros de nuevos carriles exclusivos para autobuses, y 740 millones para el denominado «Abono Único Social», disponible únicamente para colectivos vulnerables —como los perceptores del Ingreso Mínimo Vital— que permitirá viajes ilimitados y multimodales con tarifas altamente reducidas.
Para la movilidad rural se destinan 702 millones. El índice de motorización en el medio rural es casi un 50% más alto que en las áreas urbanas —698 frente a 470 vehículos por cada 1.000 habitantes—, y el coche absorbe el 96,2% del presupuesto de transporte de las familias rurales. Se financiarán plataformas digitales y flotas de cero emisiones para servicios de transporte a demanda y soluciones de movilidad compartida local.
El impulso a la movilidad activa recibe 370,5 millones para infraestructuras ciclistas e implantación de sistemas públicos de bicicleta. El 58,1% de los españoles dispone de al menos una bicicleta, especialmente en municipios pequeños, pero solo el 3,2% la usa a diario para ir al trabajo o a estudiar. Las nuevas inversiones buscan eliminar las barreras de seguridad que provocan este desajuste y triplicar el potencial de uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.
El plan se completa con 26,2 millones para intermodalidad —adaptaciones en estaciones, aparcamientos seguros y mejoras para subir bicicletas al tren— y 43 millones para puntos de intercambio para carpooling en más de 40 aparcamientos intermodales de la Red de Carreteras del Estado.
Perspectiva de género y gobernanza participativa
Uno de los ejes transversales del PSpC es la perspectiva de género. El análisis realizado muestra que las mujeres —especialmente aquellas al frente de familias monoparentales o con responsabilidades de cuidado no compartidas— se ven más afectadas por la pobreza energética y la pobreza de transporte. Por ello, los criterios de vulnerabilidad socioeconómica tendrán en cuenta factores como la composición familiar, el nivel de renta, la existencia de personas dependientes y la situación de las víctimas de violencia de género.
Para su elaboración, el Gobierno ha incorporado más de 1.000 aportaciones de agentes sociales, entidades del tercer sector, administraciones autonómicas y entidades locales.
Un calendario con etapas claras
El Plan Social para el Clima está en audiencia pública hasta el 29 de junio. Después, el Gobierno prevé remitirlo a la Comisión Europea antes de que termine 2026 para su aprobación definitiva. Los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos, con un sistema de seguimiento hasta el 31 de julio de 2032. La coordinación institucional corresponderá al MITECO, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, el de Transportes, las comunidades autónomas y las entidades locales, que desempeñarán un papel esencial en la ejecución de las inversiones.
Con el PSpC, España aspira a convertir la transición ecológica en una palanca de equidad social: menos dependencia de los precios de los combustibles fósiles, viviendas más eficientes, movilidad accesible para todos los territorios y una hoja de ruta en la que el cambio climático y la justicia social dejan de ser objetivos contradictorios.
