agricultura, cambio climático, UE-Mercosur, reaseguros
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| El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asistido al Consejo informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en Nicosia (Chipre). |
06 mayo 2026.- El sector agrario español vive inmerso en un debate de fondo que la política convierte sistemáticamente en ruido. Por un lado, partidos como Vox —y el PP con distintos matices según la latitud y el calendario electoral— han convertido la oposición al acuerdo UE-Mercosur y a la importación de productos de terceros países en su principal ariete electoral frente al campo.
Por otro, el Gobierno de España impulsa en los foros europeos una respuesta más estructural al problema: el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la creación de un sistema europeo de reaseguro agrario y un uso más ágil de los fondos comunitarios en situaciones de crisis, al considerar que "la sequía, falta de lluvia, inundaciones y fenómenos extremos están provocando que la producción alimentaria sea mucho más complicada".
La pregunta es si alguna de estas dos visiones está a la altura del problema real. La respuesta honesta es que ninguna lo está del todo, aunque por razones muy distintas.
El populismo del campo: argumentos legítimos, instrumentalización electoral
La posición de Vox no es falsa en sus diagnósticos parciales. El partido rechaza el acuerdo UE-Mercosur por cuatro motivos: la competencia desleal de productos que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales; el riesgo sanitario por la entrada de plagas o enfermedades; la contradicción medioambiental de imponer el Pacto Verde al campo europeo mientras se fomenta el transporte de larga distancia; y la pérdida de soberanía alimentaria. Son argumentos que resuenan en el sector porque contienen una parte de verdad objetiva: las asimetrías regulatorias entre la producción europea y la de países terceros son reales y documentadas. Infobae
Sin embargo, la instrumentalización es evidente. En los últimos meses, Vox ha cargado duramente contra el acuerdo con Mercosur, llegando a defender un referéndum consultivo por su trascendencia para el sector primario. Su presidente, Santiago Abascal, denunció la "traición" del PP y el PSOE al campo español y calificó el acuerdo de "acto tiránico". Todo ello con las elecciones andaluzas del 17 de mayo en el horizonte inmediato. Infobae
El PP, por su parte, juega un papel aún más revelador del intrusismo político en el debate agrario. Desde el Partido Popular se insistió en que las salvaguardas refuerzan la protección del campo, mientras que su vicesecretaria de Sectorial, Alma Ezcurra, argumentó que socios habituales de Vox —el grupo de Meloni y representantes de la República Checa, Dinamarca y Austria— respaldaron esas mismas salvaguardas. Es decir: el PP apoya el acuerdo en Bruselas, lo defiende como éxito cuando hay que rendir cuentas ante Europa, pero guarda silencio o habla con ambigüedad calculada cuando el auditorio son agricultores andaluces descontentos. El Parlamento Europeo aprobó las salvaguardas con el voto favorable de PP y PSOE, mientras que Vox votó en contra, al igual que la familia Patriots, por considerar que estas propuestas no servirán de nada. Paradoja reveladora: Vox rechazó las salvaguardas —la única medida de protección concreta aprobada— porque no le parecían suficientes. Cuando la pureza ideológica supera al pragmatismo de resultados, el agricultor real queda desatendido. InfobaeVozpópuli
El enfoque del Gobierno: necesario pero insuficiente
La propuesta española en Nicosia tiene más sustancia técnica que el discurso de la derecha nacionalista. España ha puesto sobre la mesa su modelo de seguros agrarios —con décadas de recorrido y una alta implantación en el sector— como punto de partida para desarrollar soluciones comunes a escala comunitaria, advirtiendo de que incluso los sistemas más consolidados pueden verse sometidos a tensiones insostenibles ante fenómenos de gran magnitud, lo que justifica la necesidad de un nivel adicional de cobertura europea. Agrodigital
El Gobierno ha apostado por esta herramienta y ha elevado sensiblemente el presupuesto dedicado a los seguros agrarios, pasando de 211 millones de euros en 2018 a los actuales 315 millones de euros para 2026. Y España puede presumir de una implantación real: el ministro destacó el éxito de los ecorregímenes en España, con una participación del 78% de los declarantes, más del 88% de la superficie agraria y más de 19 millones de hectáreas. La MoncloaLa Moncloa
Todo esto es positivo y meritorio. El problema es que los seguros agrarios y los fondos de reaseguro son herramientas de gestión del daño, no de eliminación de la causa. Indemnizan la pérdida, pero no evitan la cosecha destruida, el suelo erosionado, el acuífero agotado ni el agricultor que abandona la tierra porque la tercera sequía consecutiva le ha quitado la voluntad de seguir. El dinero europeo es imprescindible, pero no transforma el clima.
La amenaza real: lo que ni el populismo ni el reaseguro pueden resolver
El cambio climático no es un concepto abstracto para el sector primario español. España es uno de los países de Europa más expuestos a sus efectos: aumento de temperaturas medias, reducción de precipitaciones en el sur y el levante, mayor frecuencia de episodios extremos —sequías, pedriscos, inundaciones repentinas, heladas tardías— y avance de la desertificación en zonas ya frágiles. La cuenca del Segura, la Meseta sur, Andalucía interior y buena parte del arco mediterráneo ya están en una transición climática que ningún acuerdo comercial puede detener ni ninguna póliza de seguro puede revertir.
El verdadero debate que ningún partido afronta con honestidad es el de la adaptación estructural del modelo agrario español: qué cultivos seguirán siendo viables en 2040, qué variedades resistentes al calor y la sequía hay que introducir ya, cómo gestionar el agua de manera radicalmente más eficiente, cómo apoyar la transformación de explotaciones hacia modelos agroecológicos que mejoren la resiliencia del suelo, y cómo sostener la renta del agricultor en esa transición sin que la ayuda económica se convierta en un anestésico que retrasa los cambios necesarios.
Hablar solo de Mercosur es hablar del árbol para no ver el bosque. Hablar solo de reaseguros es poner red de seguridad en el suelo cuando el problema está en el techo que se hunde. Ambas respuestas son necesarias pero insuficientes si no van acompañadas de políticas agrarias de transformación real: investigación agronómica, asesoramiento técnico, renovación del tejido generacional —el agricultor español tiene una media de edad superior a los 55 años—, y una planificación territorial que reconozca que no todos los cultivos actuales serán sostenibles en todos los lugares actuales.
Conclusión: el campo necesita menos escenario y más estrategia
El problema del sector primario español es real, serio y urgente. Pero el debate político que lo rodea lo traiciona con frecuencia, usándolo como combustible electoral en lugar de como objeto de política pública rigurosa. Vox agita el miedo a la competencia extranjera con argumentos que tienen base pero con soluciones que miran hacia atrás. El PP oscila según el auditorio, convirtiéndose en el termómetro más preciso del oportunismo agrario. El Gobierno avanza en la dirección correcta cuando defiende instrumentos europeos de gestión del riesgo, pero no puede presentar esos instrumentos como respuesta suficiente a una crisis cuya causa es climática, estructural y de largo plazo.
La pregunta que el título de esta reseña plantea —¿votos o dinero frente al cambio climático?— tiene una respuesta incómoda: ni los unos ni el otro son suficientes por sí solos. Lo que necesita el campo español es una política agraria de Estado, pactada entre fuerzas políticas con la mirada puesta en 2035 y no en el próximo domingo electoral. Eso, hoy por hoy, es lo más escaso de todo.
