vivienda asequible, zonas tensionadas, coslada, modelo vasco, política local
 |
| El alcalde Ángel Viveros y la concejala Macarena Orosa participan en Alcorcón en un encuentro con el consejero vasco Denis Itxaso, cuyas políticas de vivienda son ya referencia europea, mientras el Gobierno regional bloquea sistemáticamente cualquier herramienta de regulación del mercado inmobiliario |
22 mayo 2026.- El Ayuntamiento de Coslada ha participado este viernes en la reunión celebrada en Alcorcón entre el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y representantes de municipios de la Comunidad de Madrid. Una cita que no es un acto de cortesía protocolar, sino una declaración de urgencia: los ayuntamientos del sur y este metropolitano de Madrid llevan años reclamando herramientas para actuar sobre un mercado inmobiliario desbocado y el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva igual tiempo negándoselas. Frente a esa parálisis, el modelo vasco emerge como lo que ya es formalmente: una referencia avalada por la Unión Europea.
Lo que hace Euskadi: un sistema de vivienda que funciona
El consejero Itxaso ha presentado ante los alcaldes madrileños las líneas maestras de un modelo que distingue al País Vasco del resto del Estado en esta materia. Los datos son elocuentes.
En Euskadi, en torno a la mitad de los hogares que viven de alquiler reside en una vivienda protegida o recibe alguna ayuda pública que facilita su acceso al mercado residencial. No es un logro espontáneo: es el resultado de décadas de inversión sostenida en políticas públicas de vivienda que el Gobierno Vasco está ahora reforzando y actualizando.
El presupuesto consolidado del Departamento de Vivienda vasco y sus sociedades públicas —Alokabide y Visesa— alcanza en 2026 los 596,1 millones de euros, un 14% más que en 2025. Con ese presupuesto, el Gobierno Vasco iniciará este año la construcción de 1.713 nuevas viviendas de protección pública destinadas al alquiler social y asequible.
Los pilares concretos de ese modelo son:
- Bizigune: programa de captación de viviendas vacías en manos de propietarios privados para ponerlas en alquiler social a través de Alokabide, con rentas muy por debajo del mercado libre. El parque público vasco supera ya las 25.800 viviendas.
- Gaztelagun: ayuda directa al alquiler para jóvenes de entre 23 y 35 años, recientemente ampliada hasta los 900 euros en las tres capitales vascas, que cubre también habitaciones y subarriendos.
- Prestación Económica de Vivienda (PEV): ayuda subsidiaria para quienes no acceden a vivienda protegida pero tampoco pueden sostener el mercado libre, con 65 millones de euros aprobados para 2026 con crédito ampliable.
- Zonas de mercado residencial tensionado: el Gobierno Vasco tiene ya 14 municipios declarados —incluidas Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz— con índices de precios de referencia publicados en el BOE para los tres territorios, lo que activa la limitación efectiva de rentas en esas áreas.
- Ley Vasca de Vivienda: reconoce el derecho subjetivo a una vivienda digna y estable, convirtiendo el acceso a la vivienda en un derecho exigible, no en una promesa política.
El propio Observatorio de la Unión Europea ha reconocido formalmente que el planteamiento del nuevo Plan Europeo de Vivienda Asequible coincide plenamente con las políticas que Euskadi lleva años desarrollando, validando su modelo como referencia continental.
Lo que quiere hacer Coslada: avanzar dentro de sus competencias
El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ha aprovechado la reunión para trasladar la situación concreta del municipio y los compromisos que el Ayuntamiento está ejecutando dentro de su ámbito competencial.
En estos momentos, Coslada está desarrollando los trámites administrativos para el impulso del Barrio del Jarama, que se convertirá en el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad. El proyecto contempla la construcción de 4.400 viviendas, de las cuales alrededor de 1.550 serán de carácter público: un porcentaje de vivienda pública que refleja el compromiso local con el acceso asequible en un municipio con un mercado residencial sometido a una presión creciente.
El Ayuntamiento de Coslada está decidido a aplicar en sus competencias urbanísticas y de suelo los principios del modelo vasco: maximizar la reserva de vivienda protegida en los nuevos desarrollos, garantizar la diversidad social en los nuevos barrios y promover la cooperación con otras administraciones para captar fondos destinados al parque público de alquiler.
Lo que impide la Comunidad de Madrid: el bloqueo sistemático
Pero las competencias municipales tienen un techo, y ese techo lo fija la Comunidad de Madrid. Y es ahí donde la situación se vuelve insostenible.
Coslada forma parte, junto con Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y otros municipios metropolitanos, de la Comisión de Alcaldes y Alcaldesas constituida hace casi dos años. Ese organismo impulsó una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, con un objetivo concreto: que los propios municipios puedan solicitar y obtener la declaración de zona de mercado residencial tensionado, activando así la herramienta prevista en la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.
El pleno de Coslada aprobó esa iniciativa en noviembre de 2024. Los alcaldes la presentaron en la Asamblea de Madrid pocos meses después. La Mesa de la Asamblea ni siquiera permitió que el asunto fuera debatido. Los votos del PP y Vox cerraron la puerta a la deliberación democrática sobre un problema que afecta a cientos de miles de vecinos.
La posición del Gobierno regional es explícita y reiterada: el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha declarado públicamente que en la Comunidad de Madrid "no vamos a declarar zonas tensionadas" y ha pedido la derogación de la Ley de Vivienda, tachándola de "absolutamente innecesaria". Un rechazo que no tiene equivalente en Europa: mientras 307 municipios de cuatro comunidades autónomas —Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia— ya operan bajo declaración de zona tensionada, la mayor área metropolitana del país permanece sin ninguna protección para sus inquilinos.
La demanda: cooperación, competencias y valentía política
El encuentro de este viernes en Alcorcón no es un gesto simbólico. Es la culminación de un proceso de aprendizaje colectivo y de articulación política de los municipios que sufren en primera persona el fracaso de la inacción autonómica.
El Ayuntamiento de Coslada, junto con el resto de municipios representados, traslada tres exigencias concretas al Gobierno de la Comunidad de Madrid:
Primera: Que se active de forma inmediata el mecanismo de declaración de zonas de mercado residencial tensionado previsto en la Ley Estatal de Vivienda en los municipios que lo soliciten. La herramienta existe. La Comunidad tiene la competencia. Solo falta la voluntad política.
Segunda: Que se impulse un programa autonómico de vivienda pública en alquiler comparable al modelo vasco, dotado de presupuesto suficiente y de instrumentos de captación de vivienda vacía. La diferencia entre Madrid y Euskadi en este apartado no es de recursos, es de prioridad política.
Tercera: Que se devuelva a los municipios la capacidad real de actuar sobre su mercado inmobiliario, a través de la modificación de la Ley de Suelo autonómica que la Asamblea de Madrid se negó a debatir, o de cualquier otro mecanismo que permita a los ayuntamientos hacer lo que la ley estatal ya habilita: proteger a sus vecinos.
Coslada no va a dejar de reclamar lo que sus vecinas y vecinos necesitan. El modelo vasco ha demostrado que otro sistema es posible. Que se puede garantizar que la mitad de los hogares en alquiler tenga algún tipo de protección pública. Que se puede construir vivienda asequible de forma sistemática. Que el mercado inmobiliario puede regularse sin que el cielo se caiga. Solo hace falta decidir que la vivienda es un derecho, y no un negocio.
