PSOE Guadalajara, zona azul, movilidad, política local
 |
| Lucía de Luz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara |
El Ayuntamiento gobernado por PP y Vox aplaza al 18 de mayo la entrada en vigor de una ordenanza que casi duplica el estacionamiento de pago. El PSOE denuncia falta de transparencia y un afán recaudatorio; el equipo de gobierno defiende la medida como una mejora objetiva de la movilidad urbana.
Ficha de la medida
Qué |
Nueva Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado (ORA) |
Cuántas plazas |
2.293 plazas reguladas en total; unas 1.190 nuevas respecto al sistema anterior |
Tipos de zona |
Azul (1.297 plazas, rotación) · Roja (640, preferente residentes) · Verde (360, disuasoria, 2 €/día) |
Entrada en vigor |
18 de mayo de 2026 (aplazada desde el 1 de mayo inicial) |
Tarifa zona azul |
0,65 €/hora (precio único tras anulación judicial de la ZBE) |
Tarjeta residente |
32 €/año (sin variación) |
Anulación con ticket |
3 € (antes 1,70 €, según el PSOE) |
Contrato concesión |
10 años con empresa adjudicataria |
Inicio del proceso |
4 de julio de 2024 en Junta de Gobierno Local |
Aprobación ordenanza |
25 de marzo de 2025 (voto en contra PSOE) |
Adjudicación contrato |
5 de enero de 2026 en Junta de Gobierno Local |
Antecedentes: un proceso de casi dos años
El debate sobre el aparcamiento regulado en Guadalajara arranca formalmente en julio de 2024, cuando la alcaldesa Ana Guarinos impulsó una nueva Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado que preveía ampliar significativamente las plazas de zona azul en la ciudad. El texto fue tramitado íntegramente a través de la Junta de Gobierno Local, el órgano municipal de gobierno que, al no requerir mayorías del pleno, permite al ejecutivo local aprobar decisiones sin el respaldo formal de la oposición.
En agosto de 2024, el Grupo Municipal Socialista respondió con una enmienda a la totalidad y cinco enmiendas parciales, con el objetivo de modificar horarios, la rotación de vehículos y la distribución de zonas. Algunas prosperaron: se eliminó el horario continuado de 9 a 21 horas y se excluyó la avenida de Castilla del estacionamiento regulado. El resto fue rechazado con los votos del PP y Vox.
La ordenanza fue aprobada definitivamente el 25 de marzo de 2025, y el contrato de concesión se adjudicó el 5 de enero de 2026. La implantación estaba prevista inicialmente para el 1 de mayo de 2026, fecha que fue desplazada al 18 de mayo, en parte por la reciente anulación judicial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo que obligó al Ayuntamiento a revisar las tarifas diferenciadas que contemplaba el modelo original.
La denuncia socialista: recaudación, opacidad y doble pago para residentes
El Grupo Municipal Socialista, con la portavoz Lucía de Luz como voz principal en la atención a medios celebrada este lunes en la plaza de Bejanque, ha focalizado su crítica en tres ejes.
Falta de participación ciudadana. El PSOE sostiene que la medida se ha aprobado "de espaldas a los vecinos", sin consultas previas ni mecanismos de información suficientes. La sucesión de aplazamientos en la fecha de entrada en vigor —el más reciente, hasta el 18 de mayo— ha generado, según De Luz, confusión entre la ciudadanía.
Afán recaudatorio. El secretario general del PSOE, Alberto Rojo, ha tachado la medida de "auténtica salvajada" y la inscribe en un patrón de subidas de tasas que incluye el IBI, la recogida de basuras y el autobús urbano. En la misma línea, ha apuntado que la medida beneficia principalmente a la empresa concesionaria, con un contrato de diez años.
"A Guarinos se le olvida decir que las personas residentes van a tener que pagar dos veces: por su tarjeta de residentes, y cuando su plaza esté ocupada, en la zona azul."
— Lucía de Luz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara
Impacto real sobre los residentes. La oposición señala que el coste de la anulación de ticket pasa de 1,70 a 3 euros y que, pese a las promesas del equipo de gobierno, en la plaza de Bejanque —precisamente el escenario elegido para la rueda de prensa socialista— no hay plazas en zona roja para residentes. Considera además que la medida no mejora la movilidad si el transporte público urbano no funciona de forma eficiente.
El PSOE ha anunciado su intención de revertir la ampliación si regresa al gobierno municipal en las próximas elecciones locales.
La posición del equipo de gobierno: movilidad, rotación y corrección de desequilibrios
El Ayuntamiento, a través del concejal de Movilidad Santiago López Pomeda y el segundo teniente de alcalde Alfonso Esteban, ha rechazado la narrativa recaudatoria y ha presentado la medida como una respuesta técnica a problemas documentados de aparcamiento en zonas tensionadas de la ciudad.
"No estamos ante una regulación excesiva ni ante un modelo recaudatorio. El objetivo es ordenar el aparcamiento y facilitar la rotación, sin penalizar a los vecinos ni a quienes vienen a trabajar, consumir o disfrutar de la ciudad."
— Santiago López Pomeda, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara
El consistorio argumenta que la presión del Casco Histórico se traslada a las calles adyacentes, impidiendo a muchos residentes aparcar cerca de sus domicilios. Para corregirlo, el nuevo sistema incorpora, según el Ayuntamiento, más de 200 nuevas plazas en zona roja destinadas preferentemente a vecinos: 90 en el entorno de Hermanos Fernández de Galiano y 64 en la zona de Bejanque. Se crean además 53 plazas blancas (gratuitas) en la calle Dos de Mayo.
Respecto a las tarifas, el Ayuntamiento subraya que la anulación de la ZBE ha permitido unificar el precio de la zona azul en 0,65 euros por hora en toda la ciudad, lo que en la práctica supone una bajada en el centro urbano, donde antes se aplicaban recargos. La tarjeta de residente se mantiene en 32 euros anuales.
El equipo de gobierno ha reprochado a la oposición difundir "informaciones que no se corresponden con la realidad" y ha instado a esperar a que el sistema entre en funcionamiento para valorar sus efectos reales sobre la movilidad.
Análisis: lo verificable, lo discutible y lo político
Una lectura detenida de los hechos permite distinguir tres planos en este conflicto.
Lo que es objetivamente verificable. El proceso de tramitación de la ordenanza se llevó íntegramente a través de la Junta de Gobierno Local —un órgano legítimo pero de menor visibilidad pública que el pleno municipal—, lo que reduce el debate abierto y la participación formal de la oposición, aunque no lo hace ilegal. La sucesión de aplazamientos en la fecha de entrada en vigor (de mayo a mayo, pasando por revisiones intermedias) ha generado una desinformación real entre la ciudadanía, reconocida incluso implícitamente por el propio Ayuntamiento al justificar el último retraso como necesario para "garantizar una implantación correcta". El coste de la anulación de ticket sí sube, de 1,70 a 3 euros. La creación de nuevas plazas en zona roja para residentes en zonas concretas también es un hecho constatable.
Lo que es discutible. El argumento de que la medida mejora o perjudica la movilidad depende de datos de ocupación y rotación que solo podrán obtenerse con el sistema en funcionamiento. La afirmación socialista de que "nadie la quiere" es una hipérbole política: la ordenanza cuenta con el respaldo parlamentario del PP y Vox, que forman el gobierno local. La calificación de "afán recaudatorio" es legítima como posición política, pero no está respaldada por datos de ingresos proyectados que hayan sido publicados.
El componente de oportunismo político. La denuncia del PSOE tiene una base real en cuanto a la falta de comunicación y la confusión generada por los aplazamientos. Sin embargo, el momento y el tono de la protesta —con el contrato adjudicado, la ordenanza aprobada y el sistema a dos semanas de entrar en vigor— sitúa la acción más en el terreno del posicionamiento electoral que en el de la enmienda constructiva. El anuncio de Alberto Rojo de "eliminar la ampliación cuando regresemos al Gobierno" refuerza esta lectura: es una promesa de futuro en clave de campaña, no una propuesta de solución inmediata. Dicho esto, que la crítica tenga un componente oportunista no la invalida: la opacidad en el proceso y el impacto real sobre el bolsillo de los residentes son cuestiones legítimas que merecen respuesta.
Contexto: Guadalajara, dentro de la media española
Con 2.293 plazas reguladas totales, el nuevo sistema sitúa a Guadalajara en una ratio de aproximadamente 14 plazas por cada 1.000 habitantes, una cifra que el propio Ayuntamiento describe como de media nacional. Las ciudades de tamaño similar en España —con entre 70.000 y 100.000 habitantes— cuentan habitualmente con sistemas ORA de entre 1.500 y 3.000 plazas. La medida no es, en magnitud, una anomalía respecto al conjunto del país, aunque su impacto percibido depende de la densidad de aparcamiento preexistente y de las alternativas de transporte público disponibles.
Lo que queda por resolver
Si el número de plazas en zona roja para residentes en Bejanque y otras zonas tensionadas es real y suficiente, o si la distribución anunciada no se corresponde con la señalización efectiva, como denuncia el PSOE.
Si el Ayuntamiento publicará los estudios de movilidad que, según el concejal López Pomeda, avalan la medida.
El impacto real sobre la rotación y la disponibilidad de aparcamiento, que solo podrá medirse con el sistema funcionando.
La posible impugnación judicial de algún aspecto de la ordenanza, siguiendo el precedente de la anulación de la ZBE.
Si otros grupos de la oposición —como AIKE, que ya presentó enmiendas propias en 2024— se suman activamente a la presión ciudadana o la dejan en manos del PSOE.
