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23 mayo 2026.- El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, expresó públicamente su satisfacción el pasado 22 de mayo al conocerse las primeras sentencias judiciales favorables para los vecinos afectados por los daños causados por la prolongación de la Línea 7B del Metro de Madrid. El anuncio, recogido en una nota de prensa del Ayuntamiento, pone el foco en una crisis urbana que arrastra ya casi dos décadas de consecuencias sin resolver.
El origen del problema: una infraestructura que hundió un barrio
La Línea 7B, también conocida como MetroEste, fue inaugurada en mayo de 2007 con el objetivo de conectar el municipio de San Fernando de Henares con la red de metro de Madrid. Sin embargo, la perforación de sus túneles bajo un terreno geológicamente adverso —rico en sales y con elevada presencia de aguas subterráneas— desencadenó un proceso de subsidencia o hundimiento del suelo que afectó gravemente a decenas de edificios residenciales de la localidad.
San Fernando de Henares, situada junto al río Jarama, se asienta sobre un gran depósito salino y está compuesta por suelos de escasa capacidad portante. La perforación del túnel agravó el hundimiento preexistente, provocando inundaciones y corrosión estructural repetidas. A finales de mayo de 2023, el proceso había destruido numerosas estructuras, forzando el realojo de una parte significativa de los residentes de la zona afectada.
A día de hoy, más de 600 viviendas se encuentran afectadas, frente a las aproximadamente 80 ya demolidas. Los edificios dañados presentan daños sin reconocer, negocios con lucro cesante, familias con viviendas devaluadas y, además, daño psicológico y emocional acumulado.
Qué tipo de sentencias son las referenciadas
Las sentencias a las que alude el alcalde Corpa son resoluciones de naturaleza contencioso-administrativa, dictadas por los tribunales en el marco de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración. Los vecinos afectados, amparados por sus asociaciones, han recurrido judicialmente las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid por considerarlas insuficientes.
La más relevante de las resoluciones conocidas es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El fallo reconoce una indemnización adicional de 89.608,43 euros a una pareja de afectados por las obras, incrementando la compensación inicialmente fijada por la Comunidad de Madrid hasta alcanzar un total de 362.051,45 euros. El procedimiento contencioso en el TSJM aglutina un total de 28 demandas vecinales.
El caso concreto tiene especial significado simbólico: se refiere a una vivienda situada en la calle Rafael Alberti de San Fernando de Henares, declarada en ruina y posteriormente demolida tras los graves daños derivados de la prolongación de la Línea 7B. La Comunidad de Madrid había reconocido en 2023 una indemnización de 272.443,02 euros por la pérdida del inmueble, el mobiliario y los daños morales; sin embargo, los afectados recurrieron al considerarla insuficiente.
El tribunal les dio la razón en parte: la sentencia reconoce el incremento de la indemnización por daños morales, ya que la Sala considera acreditado el profundo sufrimiento padecido por los afectados durante años de incertidumbre por el estado de su vivienda y el impacto emocional derivado del desalojo y demolición del inmueble.
También existe un precedente anterior de primera instancia: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ordenó el incremento de las cuantías en las indemnizaciones a otro afectado por las obras, siendo uno de los primeros precedentes en reconocer este incremento.
La posición de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid no tiene intención de recurrir la sentencia del TSJM, al considerar que el pronunciamiento judicial "confirma sustancialmente" los criterios jurídicos sostenidos por la Administración durante todo el procedimiento.
El departamento que dirige Jorge Rodrigo considera "razonable y legítimo" que los afectados puedan percibir una indemnización algo superior a la inicialmente fijada. Según el Gobierno regional, las diferencias se limitan a cuestiones de valoración económica, no a la responsabilidad en sí.
La respuesta del alcalde y el papel de las asociaciones vecinales
Ante estas noticias, el alcalde Corpa valoró positivamente el fallo, aunque advirtió de que la lucha está lejos de concluir. En la nota de prensa municipal, destacó el papel clave de la Asociación Presa – Rafael Alberti, calificándola de pionera en la vía judicial y "una vía de esperanza para quienes han perdido su casa", y reconoció la labor de otros colectivos que han mantenido viva la visibilidad del problema durante años.
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha defendido que la Comunidad continúa trabajando con el Ayuntamiento para reparar los daños y abonar "lo antes posible" las indemnizaciones patrimoniales pendientes. Sin embargo, el alcalde fue claro en su mensaje: la responsabilidad recae exclusivamente en el Ejecutivo regional, único organismo con competencias sobre el suburbano, y aún quedan vecinos esperando que se reparen sus viviendas y que se reconsideren los edificios derribados que deben ser reconstruidos.
Una victoria parcial con mucho camino por delante
La Plataforma de Afectad@s Metro Línea 7B reconoció positivamente las sentencias, aunque recalcó que quedan situaciones pendientes de resolver: el suelo sigue hundiéndose, con lo que el riesgo de futuros derribos persiste. Las primeras resoluciones judiciales favorables suponen, en todo caso, un hito histórico para una comunidad que lleva años reclamando justicia, y abren la puerta a que las decenas de demandas aún en curso obtengan resultados similares.
