La Tribuna, crisis Bolivia, geopolítica
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| Fotografía del 14 de mayo de 2026 de un grupo de mineros enfrentándose con la Policía durante una marcha, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas |
Los bloqueos que asfixian La Paz no son una rebelión campesina espontánea. Son el punto de confluencia de tres crisis simultáneas: una económica estructural, una agraria con trasfondo jurídico, y una batalla política por la supervivencia de Evo Morales
19 mayo 2026.- Para entender lo que ocurre en Bolivia, es imprescindible partir de la situación en que el presidente Rodrigo Paz encontró el país al asumir el poder en noviembre de 2025. La inflación interanual rozó el 20% en noviembre de 2025, tras haber alcanzado un pico cercano al 25% en julio, mientras que el dólar era escaso y solo se conseguía con facilidad en el mercado negro, donde cotizaba muy por encima del tipo de cambio oficial.
Las reservas internacionales apenas alcanzaban los 70 millones de dólares, y el desabastecimiento de combustibles asfixiaba el día a día de las familias bolivianas. Paz puso fin así a casi veinte años de gobiernos del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), primero bajo Evo Morales (2006-2019) y después bajo Luis Arce (2020-2025).
Para hacer frente a esta herencia, Paz aplicó medidas de fuerte impacto económico: eliminó la subvención a los combustibles vigente por más de dos décadas, redujo el gasto público y buscó financiamiento externo para recuperar liquidez y estabilizar la economía. Estas medidas, necesarias en términos macroeconómicos, tuvieron un coste inmediato y visible para los sectores populares: el precio de los carburantes subió, y con él el coste del transporte y de la cesta de la compra.
CAPA 1: EL ESTALLIDO ECONÓMICO REAL
Las primeras protestas en mayo de 2026 tuvieron un detonante legítimo y documentado. Desde inicios de mayo de 2026, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas se levantaron exigiendo aumentos salariales, estabilización de la economía y la no privatización de empresas públicas.
La Central Obrera Boliviana (COB) exige un aumento salarial del 20%. Una docente rural resume el malestar generalizado: "Los salarios ya no nos alcanzan para nada porque el costo de la vida se ha disparado".
A esto se sumó un escándalo de proporciones: miles de conductores denunciaron daños mecánicos graves en sus vehículos —fallas de motor, deterioro de inyectores, paralización de unidades— tras el suministro de combustible adulterado. Los sindicatos de choferes aseguran que más de 10.000 vehículos resultaron afectados, y el ministro de Hidrocarburos acabó dimitiendo. El malestar del sector del transporte, que cruza ideologías, es por tanto real e independiente de cualquier manipulación política.
CAPA 2: LA LEY 1720, EL DETONANTE AGRARIO
El verdadero catalizador de la escalada fue la Ley 1720, promulgada por Paz el 8 de abril de 2026. La norma, impulsada por el senador Branko Marinković, aliado del gobierno y empresario soyero, permitía la titulación voluntaria de pequeñas propiedades agrarias como propiedades medianas, modificando el régimen de clasificación de la tierra establecido por la Ley INRA y consagrado en la Constitución Política del Estado.
¿Por qué generó tanto rechazo? La clave está en sus consecuencias prácticas. La principal preocupación radicaba en la pérdida de las garantías especiales que amparan a la pequeña propiedad, considerada como patrimonio familiar inembargable, indivisible y orientada a la subsistencia. Al convertirse en mediana propiedad, estas tierras podrían hipotecarse con mayor facilidad y, en caso de incumplimiento por sequías, caídas de precios u otros riesgos comunes en el campo boliviano, terminar embargadas o rematadas.
El análisis más lúcido de este conflicto lo aporta la perspectiva que señala que ambas partes podían presentarse como defensoras del pequeño agricultor. Los partidarios de la ley argumentaban que los propietarios rurales necesitaban acceso al crédito. Los críticos sostenían que el crédito sin salvaguardas podía convertirse en una trampa cuando el bien en riesgo es la parcela familiar. La misma tierra puede verse como un motor de desarrollo desde una oficina bancaria y como un escudo contra el despojo desde una comunidad rural.
El mismo día de la promulgación de la ley, organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas iniciaron una marcha desde la Amazonía boliviana con destino a La Paz. Tras 24 días de caminata, Paz abrogó la norma, pero el conflicto político y social no terminó. La concesión llegó tarde y fue leída por los manifestantes no como un gesto de buena fe, sino como una señal de debilidad.
CAPA 3: LA MANO DE EVO MORALES Y LA LUCHA POR LA IMPUNIDAD
Aquí reside la capa que más incomoda nombrar, pero que los hechos hacen difícil ignorar. Evo Morales tiene una orden de captura en su contra en una causa por corrupción de menores y se encuentra refugiado en su bastión del Chapare. La situación recuerda a la producida a finales de 2024, cuando movilizaciones similares exigieron el cierre de la investigación contra Morales, acusado de haber mantenido relaciones con una menor de 15 años.
Para el gobierno, el objetivo de fondo que buscan los grupos movilizados es forzar la renuncia del presidente y garantizar impunidad al expresidente en los procesos judiciales que enfrenta. Paz ha afirmado que Morales "mueve los hilos" de las protestas, operando a través de dirigentes sociales que encabezan las movilizaciones.
El Gobierno boliviano denunció un "plan macabro" supuestamente diseñado por Morales para "romper el orden constitucional", presuntamente financiado por el narcotráfico. Morales rechazó estas declaraciones y respaldó públicamente a los manifestantes. Desde Washington, el Departamento de Estado de EE.UU. condenó las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz.
Sin embargo, sería un error reducir toda la protesta a la maniobra de un solo hombre. El analista político Rafael Archondo señala que las protestas no pueden atribuirse únicamente al evismo: organizaciones sindicales como la COB y sectores campesinos de La Paz también están distanciados del Gobierno y participan activamente. Describe un país dividido en dos tipos de oposición: una más radicalizada en el altiplano y el occidente boliviano, donde se concentran los bloqueos, y otra más moderada en el oriente y las ciudades, que exige reformas económicas más profundas.
¿CAMPO CONTRA CIUDAD? UNA SIMPLIFICACIÓN QUE DISTORSIONA
La narrativa de "campesinos contra urbanitas" es atractiva pero engañosa. La realidad es más compleja:
Primero, los bloqueos no son una protesta rural que asedia a una ciudad hostil. El epicentro físico de las movilizaciones es El Alto, una ciudad de más de un millón de habitantes, mayoritariamente aymara, que rodea y está unida funcionalmente a La Paz. No es "el campo": es una metrópolis proletaria e indígena que vota históricamente al MAS y que sufre también las consecuencias del ajuste económico.
Segundo, en Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia y su motor económico, los sectores agroindustriales y los pequeños productores criticaron la derogación de la Ley 1720, es decir, el campo empresarial del oriente apoyaba la ley que los campesinos del altiplano rechazaban. La fractura no es campo-ciudad, sino occidente indígena-popular contra oriente agroindustrial, con La Paz atrapada en el centro.
Tercero, los bloqueos impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos —incluido oxígeno para hospitales— no solo en La Paz sino también en El Alto. Quienes más sufren el desabastecimiento son, paradójicamente, los sectores populares urbanos más pobres, próximos ideológicamente a quienes bloquean.
EL COSTE HUMANO Y ECONÓMICO: LO QUE NO ADMITE LECTURA POLÍTICA
Los bloqueos han provocado la muerte de al menos tres personas, entre ellas una ciudadana de Belice, que no pudieron recibir atención médica a tiempo. Aproximadamente 5.000 camiones de alto tonelaje permanecen varados en las carreteras, transportando combustible, animales vivos y productos de exportación. Las pérdidas diarias del sector del transporte superan los 720.000 dólares, y el sector turístico dejó de percibir 150 millones de bolivianos desde el inicio de las medidas. La Cámara Departamental de Industrias alerta que la región pierde hasta 15 millones de dólares al día.
El Gobierno recurrió a vuelos militares para suministrar alimentos básicos a La Paz, disponiendo el envío aéreo de 10.000 kilos de pollo desde Santa Cruz ante el desabastecimiento de carne y huevos provocado por los bloqueos.
CONCLUSIÓN: TRES CRISIS EN UNA
Bolivia vive simultáneamente una crisis económica estructural —herencia de años de gestión deficiente y agravada por el ajuste necesario pero socialmente doloroso del nuevo gobierno—; una crisis agraria generada por una ley mal diseñada y peor comunicada que amenazaba con mercantilizar la tierra de las comunidades indígenas; y una crisis política en la que la figura de Evo Morales, con una orden de arresto pendiente, actúa como catalizador de las dos anteriores para transformar el descontento social en palanca de desestabilización.
El presidente Paz insiste en que en Bolivia la democracia está siendo "tomada como rehén" por grupos que utilizan los bloqueos no como herramienta de protesta, sino como mecanismo de extorsión al Estado: cuando una minoría puede asfixiar a las ciudades para imponer una agenda política, la democracia deja de ser funcional. Sus adversarios, en cambio, señalan que un ajuste económico que empobrece a los más vulnerables sin una red de protección suficiente tiene su propio coste en legitimidad democrática.
Ambas afirmaciones son, a la vez, ciertas. Y esa es la brutalidad del dilema boliviano.
Crónica del Henares
