La Tribuna, caso Begoña Gómez, juez Peinado, UCO, política nacional
Un asunto judicial convertido en arma política exige del lector lo más difícil: distinguir lo que está probado de lo que solo está afirmado.
30 mayo 2026.- Pocos episodios resumen mejor el clima de nuestra vida pública que la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. A estas alturas casi nadie discute los hechos: discute el bando. Para unos, estamos ante una persecución; para otros, ante una corrupción que se quiere tapar. Y, sin embargo, el deber de cualquier ciudadano que aspire a tener una opinión propia es resistirse a ambas certezas y preguntarse, con frialdad, qué sabemos de verdad.
Empecemos por lo que más ruido ha hecho: el informe de la Guardia Civil. Conviene leerlo entero antes de titular. Porque ese informe tiene dos caras, y cada cual ha elegido la que le conviene. Por un lado, desmonta lo más grave de la acusación: no aparecen cuentas opacas, ni dinero desviado al bolsillo de Gómez, ni el enriquecimiento personal que se daba por hecho en tertulias y portadas. Por otro, sí apunta irregularidades en la contratación de algunos servicios y en el uso de una asesora pública para tareas privadas. La distinción no es menor, y es la clave de todo: una irregularidad administrativa no es lo mismo que un delito, igual que un trámite mal hecho no es un robo. Quien funde ambas cosas, miente; quien finja que la segunda cara no existe, también.
Sigamos por el juez. Se ha intentado dibujar a Juan Carlos Peinado como un cruzado o como un mártir, según quien sostenga el pincel. Los hechos son más sobrios. Es un magistrado veterano, con un acceso atípico a la carrera y un historial de casos de todo signo, incluido alguno que terminó archivando él mismo. La causa no fue a buscarlo: le llegó por el reparto ordinario tras una denuncia. Atribuirle de antemano una intención persecutoria es tan aventurado como proclamarlo paladín de la justicia. No podemos leer la mente de un juez, y quien dice hacerlo está opinando, no informando.
Lo que sí es un dato, y serio, es que la instancia superior —la Audiencia Provincial de Madrid— ha tenido que corregir a Peinado en varias ocasiones, anulando decisiones suyas por falta de fundamentación. No entraré en el detalle técnico, que aburriría al lector, pero la conclusión es clara: cuando un tribunal superior enmienda repetidamente a un instructor, hay un problema de forma que no puede despacharse como una simple maniobra política de la defensa. Eso pesa, y pesa del lado de quienes critican cómo se ha conducido la causa.
Llegamos entonces a la pregunta que desconcierta a mucha gente: si la investigación no ha encontrado el delito gordo, ¿por qué sigue adelante? Aquí hay que explicar una pieza poco conocida de nuestro sistema. El informe policial no obliga al juez a archivar; es un elemento más. Y, sobre todo, existe la figura de la acusación popular, que permite a particulares y organizaciones mantener viva una causa aunque la Fiscalía pida cerrarla. En este caso, esas acusaciones son actores con una orientación política e ideológica nítida. No es una anomalía secreta: es la ley. Pero conviene que el lector lo sepa, porque explica por qué un procedimiento puede prolongarse aun cuando su acusación más grave se tambalea.
Y aquí está la tentación final, la más peligrosa: la de los hilos invisibles. ¿Hay "fuerzas" que mueven al juez? El Gobierno denuncia que la derecha instrumentaliza el caso para dañar al presidente. Las acusaciones replican que es el Ejecutivo quien presiona al juez. Lo honrado es reconocer que ambas son acusaciones de intención, no hechos demostrados, y que el periodismo decente las presenta como tales, sin convertir la sospecha en sentencia. Que los promotores de la causa tengan color político es un dato. Que ese color teledirija al juez es una conjetura. Confundirlas es precisamente lo que envenena el debate.
¿Qué queda, entonces, para el ciudadano que de verdad quiere entender y no solo militar? Cinco ideas firmes. Que lo más grave que se imputaba a Begoña Gómez hoy no está sostenido por las pruebas. Que, pese a ello, quedan irregularidades menores cuya relevancia penal aún debe dilucidarse. Que la instrucción arrastra defectos formales reales, certificados por un tribunal superior. Que la causa no continúa por capricho, sino por la mecánica de la acusación popular y por esos flecos pendientes. Y que, por encima de todo, sigue rigiendo la presunción de inocencia, esa garantía incómoda que solo apreciamos cuando nos toca de cerca.
La verdadera lección de este caso quizá no tenga que ver con Begoña Gómez ni con el juez Peinado, sino con nosotros. Vivimos tiempos en los que cada cual elige primero el veredicto y luego busca los hechos que lo confirman. Frente a eso, el gesto más revolucionario que le queda a un lector es modesto: sostener el juicio hasta tener motivos, y desconfiar por igual de quien le ofrece una condena fácil y de quien le regala una absolución cómoda. La justicia se administra en los tribunales. Pero la sensatez se administra en cada uno de nosotros.
