educación, escuelas públicas infantiles, Comunidad de Madrid
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| Imagen del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 3 de junio de 2026. Foto: Comunidad de Madrid |
Los 57 millones de la Comunidad de Madrid no responden a ninguna de las tres reivindicaciones de la huelga de las escuelas infantiles 0-3
El anuncio coincide con la novena semana de huelga indefinida y omite los salarios cercanos al SMI, las ratios y el reconocimiento del ciclo, que son el origen del conflicto
- La cifra anunciada es, en su mayor parte, financiación ordinaria que se renueva cada curso, no una inversión extraordinaria nueva.
- La subida de los módulos va, en buena medida, a cubrir las subidas salariales pactadas en convenio y el efecto de la inflación.
- La Comunidad puede reducir las ratios del primer ciclo por iniciativa propia: actualmente aplica los máximos permitidos.
04 junio 2026.- La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes la financiación con 57 millones de euros de la red pública de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de 148 municipios para el curso 2025/26, con un incremento cercano al 6 % respecto al ejercicio anterior. El anuncio llega, sin embargo, en la novena semana de la huelga indefinida del personal del ciclo 0-3, iniciada el 7 de abril, y sin abordar ninguna de las tres demandas que sostienen el conflicto: salarios dignos, reducción de ratios y reconocimiento institucional de la etapa.
Una cifra real, pero que conviene leer en su contexto. Los 57 millones financian los gastos de funcionamiento de unos centros de titularidad municipal a través de convenios que se renuevan cada curso. Se trata, por tanto, de financiación recurrente más que de una dotación nueva y excepcional. El propio sector ha advertido en años anteriores de que los incrementos de los módulos se destinan en gran parte a sufragar las subidas salariales fijadas por convenio colectivo y el encarecimiento general de costes, de modo que el aumento porcentual no se traduce necesariamente en una mejora del servicio ni de las condiciones del personal.
Lo que el anuncio no menciona. La nota oficial no alude a la huelga en curso, ni al hecho de que la mayoría de los centros del 0-3 madrileño son de gestión indirecta —privatizada—, ni a que buena parte de las educadoras de estos centros perciben retribuciones próximas al Salario Mínimo Interprofesional. Tampoco menciona las ratios, una de las reivindicaciones centrales del colectivo. Es decir, la comunicación se construye sobre una cifra agregada que no toca el fondo del problema que ha llevado a las trabajadoras a la calle durante más de dos meses.
El debate de las ratios. La Comunidad de Madrid sostiene que la competencia para reducir las ratios corresponde en exclusiva al Gobierno central. No obstante, en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) la ratio sigue dependiendo de cada comunidad autónoma, que puede mejorarla por iniciativa propia sin esperar a una eventual regulación estatal. La Comunidad de Madrid aplica actualmente los máximos permitidos y ha sido señalada como ejemplo de inacción en este punto. La mejora de las ratios está, por tanto, en su mano.
Gratuidad y becas: la otra cara del modelo. Es cierto que desde 2019 las familias del primer ciclo de esta red pública no pagan cuota de escolaridad, una medida con impacto real. Conviene, sin embargo, situarla junto al resto del modelo: la Comunidad mantiene cerca de 70 millones de euros anuales en becas para centros privados autorizados, una vía que el sector y la oposición vinculan al refuerzo de la opción privada frente a la ampliación de plazas de gestión pública directa.
Lo que reclama el colectivo 0-3. Las profesionales, respaldadas por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y por los sindicatos, piden: (1) salarios dignos que superen el SMI, con complementos que equiparen las condiciones de la gestión indirecta a las de la gestión directa; (2) una reducción efectiva de ratios en todos los centros; y (3) el reconocimiento institucional del ciclo y de la categoría profesional de las educadoras. A ello suman la generalización real de la "pareja educativa" y la mejora de las infraestructuras de los centros de gestión directa.
En su justa medida. Los 57 millones forman parte del sostenimiento normal de la red pública y mantienen una política —la gratuidad— que beneficia a las familias. Pero presentarlos como respuesta al conflicto sería inexacto: ni elevan los salarios del personal de gestión indirecta, ni reducen las ratios, ni reconocen la etapa como demanda el colectivo. La inversión sostiene el modelo actual; no resuelve las reivindicaciones que originaron la huelga.
Documento de contexto y verificación elaborado a partir de la nota oficial de la Comunidad de Madrid (3 de junio de 2026), comunicados de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y los sindicatos, declaraciones del Ministerio de Educación y normativa vigente (RD 95/2022).
