Oficinas de Vida Independiente, discapacidad física, enfermedad mental grave, Comunidad de Madrid
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| El consejero Miguel Ángel García Martín en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del 24 de junio de 2026. Comunidad de Madrid |
El Consejo de Gobierno aprueba una convocatoria de 1,5 millones de euros, en concurrencia competitiva, para financiar a entidades sin ánimo de lucro que gestionan estos recursos de apoyo a la autonomía personal.
Es la primera vez que la región dota de financiación estructural y estable a un modelo que hasta ahora dependía de fondos europeos y proyectos temporales en un régimen de concertación con el tercer sector.
Claves:
- Presupuesto de 1,5 millones de euros, con ayudas de hasta 60.000 euros por entidad.
- Dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro que mantengan Oficinas de Vida Independiente (OVI).
- Beneficiará a personas con discapacidad física, intelectual y, como novedad, con enfermedad mental grave y duradera.
- Consolida la figura del asistente personal y el régimen de concurrencia competitiva.
Qué se ha aprobado
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la primera convocatoria de una línea de subvenciones, dotada con 1,5 millones de euros, destinada a financiar el mantenimiento de Oficinas de Vida Independiente gestionadas por entidades privadas sin ánimo de lucro. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva —las entidades concurren y se seleccionan según baremo— y cada una puede alcanzar los 60.000 euros.
La convocatoria se ampara en las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden 645/2026, de 16 de marzo, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y se enmarca en la competencia exclusiva de la región en materia de servicios sociales y en la coordinación entre entidades privadas y sistema público prevista en la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Qué es una Oficina de Vida Independiente
Una OVI no es una oficina administrativa, sino un dispositivo que ofrece información, orientación y, sobre todo, apoyos personalizados a través de la figura del asistente personal: un profesional que ayuda a la persona a realizar las tareas que no puede llevar a cabo por sí sola, respetando siempre sus decisiones. Es la propia persona con discapacidad quien diseña su Plan Individual de Vida Independiente (que fija las horas de apoyo y para qué), elige a su asistente y, en buena medida, autogestiona ese apoyo.
El modelo se inspira en el movimiento de Vida Independiente y en el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007, así como en la Ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Su finalidad es favorecer la vida en la comunidad y prevenir la institucionalización.
De dónde viene: un modelo que ya existía
Las OVI no son un servicio nuevo ni de gestión pública directa: han sido prestadas desde su origen por entidades del tercer sector, de forma descentralizada y en red. En Madrid funcionaban ya dos referencias. La OVI para discapacidad física severa, históricamente vinculada a ASPAYM Madrid y cofinanciada en un 40% por el Fondo Social Europeo Plus.
Y la primera OVI autonómica para discapacidad intelectual, puesta en marcha por Plena Inclusión Madrid junto a catorce entidades federadas, operativa entre 2023 y 2025 con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación (NextGenerationEU); en sus dos años atendió a 248 personas y elaboró 101 Planes Individuales de Vida Independiente.
Qué cambia realmente
La novedad no es quién presta el servicio, sino cómo se financia. Hasta ahora estas oficinas vivían de fondos europeos y de convocatorias de proyectos puntuales y temporales. La propia norma reconoce que la Comunidad venía impulsando actuaciones de vida independiente pero carecía de una línea específica de apoyo estructural a las OVI.
La nueva línea busca dotar de estabilidad y continuidad a las entidades, evitar la dependencia de proyectos puntuales y reducir el riesgo de institucionalización por falta de alternativas comunitarias. Responde, además, a una reivindicación del sector: la propia Comunidad ya anunció en noviembre de 2025 que en 2026 habría una primera subvención para financiar las OVI en las entidades.
Luces y sombras
A favor. La medida aporta estabilidad financiera a un modelo que dependía de fondos finalistas y temporales; consolida la figura del asistente personal; extiende por primera vez este apoyo a las personas con enfermedad mental grave y duradera; y se alinea con la Convención de la ONU y con la apuesta por la atención comunitaria frente a la institucionalización.
Cautelas. La Administración opta por el modelo de subvención a entidades en concurrencia competitiva, no por la creación de un servicio público de gestión directa ni por el reconocimiento de la asistencia personal como derecho subjetivo garantizado. Ello implica que el recurso queda sujeto a convocatoria, a la dotación disponible y a la competición entre entidades, con menos garantía de universalidad que un derecho exigible. La cuantía, además, es modesta (1,5 millones en total y un máximo de 60.000 euros por entidad). No se trata de una privatización —no se traspasa a manos privadas un servicio antes público—, pero sí refleja una opción por la concertación con el tercer sector.
Lo que aún está por concretar
La convocatoria no especifica el número de oficinas ni de personas que se prevé atender, deja el plazo de solicitud "a establecer" en sus términos y no detalla los requisitos que deberán cumplir las personas usuarias, que en las OVI existentes varían según el colectivo (por ejemplo, tener reconocida la situación de dependencia y desarrollar una vida activa, o acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%). Conviene asimismo no confundir esta línea con otras ayudas próximas aprobadas este año, como los 2,1 millones para servicios de información y orientación y programas de promoción de la vida independiente.
Contexto
La Comunidad de Madrid dispone de una red pública de más de 21.000 plazas en este ámbito —14.500 para la atención integral de personas con discapacidad y más de 7.100 para enfermedad mental grave y duradera— y de 38 unidades de Apoyo Social Comunitario que ofrecen ayuda psicológica y social en el domicilio o el entorno, en coordinación con los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. La nueva línea de ayudas se suma a esos recursos, con un enfoque específico en el modelo comunitario de vida independiente.
