agricultura, seguridad alimentaria, fertilizantes, UE
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| El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen |
10 junio 2026.- Hay una vieja regla del cuento que Bruselas parece haber olvidado: para gritar «¡que viene el lobo!» con alguna credibilidad, primero conviene tener un rebaño que proteger y un pastor que lo cuide. Esta semana, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, advirtió de que, sin soluciones de largo plazo para el suministro de fertilizantes, la Unión Europea se enfrenta a la escasez de alimentos. La frase tiene la solemnidad justa para abrir un telediario y el problema justo para no resolver nada: alarma al consumidor con el fantasma del desabastecimiento mientras esquiva la pregunta incómoda de por qué hemos llegado hasta aquí.
La tesis de esta columna es sencilla. No se puede asustar a la ciudadanía con el hambre del mañana cuando llevas años desmantelando, con tu propia mano, las dos cosas que de verdad sostienen la seguridad alimentaria: los costes asumibles y la gente dispuesta a trabajar la tierra. El plan de fertilizantes es un analgésico presentado como cura. Y un analgésico, por generoso que sea —más de 500 millones de euros, ampliables hasta cerca de 1.500 si los Estados se suman—, no devuelve la vida a un paciente al que llevas una década recetándole lo contrario de lo que necesita.
Empecemos por lo que es verdad, porque el diagnóstico técnico de Hansen no es falso. Europa fabrica internamente apenas la mitad de los fertilizantes que consume e importa entre el 40% y el 45% de terceros países. El abono nitrogenado se produce, esencialmente, a partir de gas natural, de modo que «seguridad de fertilizantes» es, en el fondo, un eufemismo de «seguridad energética». Y los precios ya venían disparados antes de la última crisis de Oriente Próximo: subieron un 60% entre 2020 y 2024 al calor de la guerra de Ucrania. Hasta aquí, el comisario describe la realidad con honestidad.
El problema es lo que calla. Buena parte de ese encarecimiento no lo ha traído ningún lobo extranjero: lo ha decretado la propia Unión. Bruselas impuso aranceles crecientes a los fertilizantes rusos y bielorrusos —legítimos como castigo a la economía de guerra del Kremlin, pero pagados en la factura del agricultor europeo—, aplica desde enero de 2026 un recargo por carbono (el CBAM) a todo el abono importado venga de donde venga, y ha programado el adiós definitivo al gas ruso para 2028, lo que estrangula su propia capacidad de producir nitrogenados baratos. Es perfectamente defendible querer dejar de financiar a Putin y descarbonizar la industria. Pero entonces seamos adultos y digámoslo: una parte sustancial de la crisis de los fertilizantes es una decisión política europea, no una fatalidad geopolítica. Vender como amenaza externa lo que en buena medida es coste autoinfligido es, como mínimo, una falta de respeto a la inteligencia del electorado.
Y aquí llega la incoherencia que ningún plan de emergencia tapa. La misma Unión que encarece producir dentro abre la puerta, por el otro lado, a quien produce fuera sin esas exigencias. Mientras se securitiza el abono y se invoca la soberanía alimentaria, se cierran acuerdos comerciales —Mercosur el más sonoro— que permiten importar carne, azúcar o etanol de países que no cargan con el mismo coste ambiental, sanitario o de bienestar animal. Es la cuadratura del círculo al revés: se penaliza al productor local con normas que no se exigen al importado y luego se le promete un cheque para que no proteste. Llamar a eso «estrategia de seguridad alimentaria» es un ejercicio de marketing notable.
Pero la crítica de verdad, la que debería quitar el sueño a quien gobierna, no va del abono. Va de las personas. Se puede garantizar el fertilizante, blindar el gas y subvencionar cada insumo del mundo: si no hay quien siembre, no hay soberanía que valga. Y en el campo europeo no hay relevo. Apenas uno de cada diez titulares de explotación tiene menos de 40 años, y más de la mitad superan los 65. No es una amenaza para dentro de una generación; es una jubilación masiva que ya está ocurriendo, sin sustitutos a la vista. Cada vez que uno de esos agricultores se retira sin sucesor, no se moderniza su explotación: desaparece. La pérdida de capacidad productiva que tanto preocupa al comisario no llegará por un pico de precios del nitrógeno, sino por pura aritmética demográfica. El lobo no viene de fuera; lleva años durmiendo dentro del redil.
El mecanismo es tan obvio que cuesta entender que no ocupe el centro del debate: si no es rentable, nadie joven entra; si nadie entra, el campo envejece y se abandona; si se abandona, cae la producción interna; si cae, aumenta la dependencia exterior; y con menos productores hay menos peso político y menos servicios rurales, lo que hunde todavía más la rentabilidad del que resiste. Es una espiral, y la rentabilidad es su primer eslabón. Frente a eso, ¿qué hace Europa? Dedica el grueso de la PAC a pagos por hectárea que tienden a inflar el precio de la tierra y a premiar a quien ya tiene mucha, encareciendo aún más la entrada de los jóvenes. Es decir, gasta una fortuna en perpetuar exactamente el problema que dice combatir.
Conviene no caer en el catastrofismo simétrico, porque sería incurrir en el mismo vicio que critico. Menos manos no significa automáticamente menos comida: la mecanización y la digitalización permiten que un solo agricultor produzca hoy lo que antes requería a diez. Y depender de importaciones no es per se una rendición estratégica, siempre que diversifiques proveedores fiables y mantengas reservas; no es lo mismo depender de muchos socios estables que de uno hostil. La pregunta honesta, por tanto, no es «¿importar sí o no?», sino «¿qué grado de dependencia estamos dispuestos a aceptar, y de quién?». Esa es una decisión política sobre cuánto está Europa dispuesta a pagar de más por no quedar expuesta, y nadie la está formulando en voz alta.
Mientras tanto, el comisario habla de «diplomacia o guerra de los fertilizantes» y eleva un asunto agrícola a la categoría de seguridad nacional. La maniobra no es inocente: una vez que algo es «seguridad», se desbloquean fondos, excepciones y apoyos a la industria doméstica que serían más difíciles de justificar como simple política agraria. El abono, en ese relato, es el lobo perfecto: visible, urgente, fácil de financiar. La falta de rentabilidad y de relevo, en cambio, es un lobo silencioso, lento y caro de combatir, que exige reformas estructurales y no cheques de un viernes.
Que viene el lobo, dice Bruselas. Quizá. Pero antes de asustar al pueblo conviene revisar el rebaño: hemos subido nosotros mismos el precio del cayado, hemos abierto la cerca a manadas que pastan más barato y, sobre todo, hemos dejado que se jubilen los pastores sin formar a los que vienen detrás. El día que el lobo aparezca de verdad, el problema no será que falte abono. Será que no quede nadie en el campo para usarlo.
La Crónica del Henares
