¿Puede España devolver a los migrantes que entran en Ceuta? Qué es el convenio de 1992 con Marruecos y los pros y contras de estos acuerdos.
Devolver migrantes a Marruecos: qué es el convenio de 1992 y qué se juega en este tipo de acuerdos
31 julio 2026.- La avalancha de migrantes marroquíes que entraron a nado en Ceuta el 30 de julio —entre 1.500 y 2.000 personas por el espigón de El Tarajal, según las autoridades locales— ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que se repite en cada crisis fronteriza: ¿puede España devolver a quien entra de forma irregular?
El Gobierno responde que sí, y lo hace apelando a los "convenios migratorios" con Marruecos. Conviene entender qué son esos acuerdos, cómo funcionan y, sobre todo, qué ventajas e inconvenientes tiene apoyar en ellos la política migratoria de un país.
Qué es un acuerdo de readmisión
Un acuerdo de readmisión es un pacto entre dos Estados por el que cada uno se compromete a "recuperar" a determinadas personas que han cruzado irregularmente a territorio del otro. No es una expulsión unilateral: es un procedimiento negociado que necesita la aceptación del país de destino. Por eso su eficacia depende siempre de dos voluntades, no de una.
Estos convenios distinguen, por lo general, dos supuestos. Uno es la readmisión de los nacionales propios: cada país tiene la obligación, reconocida por el derecho internacional, de aceptar de vuelta a sus propios ciudadanos. El otro, más delicado, es la readmisión de nacionales de terceros países que llegaron al país A habiendo pasado antes por el país B. Aquí ya no hay obligación automática: es un compromiso que el Estado de tránsito asume voluntariamente y que suele aplicar con mucha más reticencia.
El convenio España-Marruecos de 1992
El instrumento clave en el caso español es el Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente. Se firmó en Madrid el 13 de febrero de 1992 y se publicó en el BOE el 25 de abril de ese año. Lo rubricaron, durante el Gobierno de Felipe González, el entonces ministro del Interior José Luis Corcuera y su homólogo marroquí, Driss Basri. Marruecos fue, de hecho, el primer país africano con el que España cerró un acuerdo de este tipo.
En lo esencial, el convenio permite que Marruecos readmita a los extranjeros que hayan entrado ilegalmente en territorio español desde su frontera. El Estado que quiere devolver a alguien dispone de un plazo de diez días para presentar la solicitud formal, y el texto crea un "Comité Mixto" encargado de gestionar la aplicación y las compensaciones económicas derivadas.
Sobre el papel parece una herramienta potente. En la práctica se ha usado poco y con fricciones: entre 1992 y 2005 apenas se aplicó en algo más de un centenar de ocasiones, y su uso más recordado fue en 2018, cuando el Gobierno devolvió a más de un centenar de personas que habían saltado la valla de Ceuta. La razón de esa reticencia es en parte política y de fondo: Marruecos no reconoce los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, porque considera ambas ciudades territorio propio. Aceptar readmisiones por esa vía roza, a su juicio, admitir la soberanía española. De ahí que cada aplicación dependa del clima diplomático del momento.
Convenio, "devoluciones en caliente" y una sentencia clave
Para entender por qué el Gobierno recurre ahora a este convenio hay que separar dos mecanismos que a menudo se confunden.
Uno es el rechazo en frontera, popularmente conocido como "devolución en caliente": la expulsión inmediata de quien intenta saltar la valla, sin procedimiento administrativo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avaló en 2020 para la frontera terrestre bajo ciertas condiciones, en el célebre caso N.D. y N.T. contra España.
El otro es la readmisión formal del convenio de 1992: un procedimiento administrativo de expulsión, con solicitud, plazos y participación de las autoridades del otro país.
La diferencia se ha vuelto decisiva porque el 8 de julio de 2026 el Tribunal Supremo confirmó que la ley de extranjería no permite aplicar las devoluciones en caliente a las personas interceptadas en alta mar que tratan de entrar a nado en Ceuta y Melilla. Cerrada esa vía rápida para las llegadas por mar —justamente las de estos días—, el convenio de 1992 pasa a ser el mecanismo legal disponible. En la crisis del 30 de julio, España y Marruecos anunciaron su compromiso de gestionar "lo antes posible" la entrega de "todas" las personas que habían entrado ilegalmente, en lo que el Ministerio del Interior describió como una cooperación "excelente".
Un apunte relevante: como los protagonistas de esta oleada son mayoritariamente marroquíes, la readmisión es en principio más sólida que con nacionales de terceros países, porque devolver a los propios ciudadanos es una obligación general del derecho internacional.
Los pros de gobernar con acuerdos bilaterales
Este tipo de convenios tiene defensores con argumentos de peso, y conviene exponerlos:
- Ofrecen una vía legal y ordenada. Frente a la expulsión sumaria en la valla, un procedimiento pactado, con identificación y plazos, es más garantista y menos expuesto a la arbitrariedad.
- Reparten la responsabilidad. El control migratorio deja de recaer solo en el país de destino y se comparte con el de origen o tránsito, que asume parte de la gestión.
- Tienen efecto disuasorio. Si la devolución es creíble, se reduce el incentivo para intentar el cruce, y con ello el negocio de las mafias que lucran con estos viajes.
- Abren cooperación más amplia. Suelen ir acompañados de colaboración policial, formación, equipamiento fronterizo y ayuda al desarrollo, que atacan las causas de la migración más allá del control puntual.
Los contras: dependencia, derechos y "grifo" migratorio
La otra cara de la moneda es igual de real:
- Crean dependencia geopolítica. Al necesitar el "sí" del país vecino, el Estado que devuelve queda expuesto a que ese país use la migración como palanca de presión. En Ceuta, sindicatos policiales han llegado a hablar de "guerra híbrida" para describir episodios en los que Marruecos relaja los controles en momentos de tensión diplomática. El "grifo" migratorio se convierte así en un instrumento de negociación sobre otros asuntos —el Sáhara, la pesca, las relaciones con Argelia—.
- Fragilidad y opacidad. Su eficacia sube y baja con el clima bilateral, lo que hace la política migratoria imprevisible. Además, muchos de estos pactos operan con escasa transparencia pública.
- Riesgo para los derechos. Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan que un procedimiento "exprés", resuelto en horas, permita valorar de verdad si una persona necesita protección internacional, si es menor o si corre peligro al ser devuelta. La rapidez que se presenta como virtud es, para las ONG, la principal amenaza a las garantías.
- Externalización de la frontera. Críticos de este modelo sostienen que delegar el control en terceros países traslada el problema —y a veces el maltrato de los migrantes— fuera de la vista, sin resolver las causas de fondo.
Una herramienta, no una solución
El convenio de 1992 existe, es real y da cobertura jurídica a las devoluciones que el Gobierno anuncia. Pero funciona menos como un mecanismo automático que como una herramienta diplomática cuya eficacia depende, cada vez, de la voluntad marroquí y del estado de la relación entre ambos países.
Ahí está el dilema de fondo para cualquier ciudadano que quiera formarse una opinión: los acuerdos bilaterales de readmisión aportan orden, cooperación y una alternativa más garantista que la expulsión en caliente, pero a cambio entregan una parte del control de la política migratoria a un socio extranjero y ponen en tensión el equilibrio entre la eficacia de la gestión y la protección de los derechos de las personas. No son, en sí mismos, ni la solución milagrosa ni el atajo indeseable: son un instrumento cuyo valor depende de cómo, con quién y con qué garantías se aplique.
Fuentes consultadas: BOE (Acuerdo de 13 de febrero de 1992), Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Europa Press, El Español, Público, La Sexta, okdiario, elDiario.es, Infolibre, El Faro de Ceuta, CEAR y declaraciones del Ministerio del Interior y del presidente del Gobierno. Contexto jurídico: sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026 y sentencia del TEDH en el caso N.D. y N.T. contra España (2020).
