72.396 hectáreas quemadas en España en 2026. El coste estimado llega a 3.275 millones, pero el gasto real de extinción es muy inferior.

Cuánto cuestan los incendios de 2026: lo que se sabe, lo que se estima y lo que todavía se ignora

Con la temporada aún abierta, las cifras que circulan mezclan gasto real y coste teórico. Conviene distinguirlos antes de poner un número al desastre.

27 julio 2026.- Con cientos de efectivos todavía desplegados en Madrid, Ávila y Toledo frente a lo que ya se considera el mayor incendio forestal registrado en España, es demasiado pronto para cerrar una contabilidad. Pero no lo es para ordenar lo que sabemos. Y lo primero que conviene aclarar es que las cifras multimillonarias que estos días encabezan titulares no miden lo mismo: unas reflejan lo que el Estado desembolsa, otras estiman el daño económico que deja el fuego. Confundirlas infla la factura y despista sobre dónde está el verdadero problema.

Lo que sabemos con certeza

La superficie es el dato firme. Según el avance del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), los incendios han arrasado unas 172.396 hectáreas en lo que va de 2026, prácticamente la mitad de las 354.793 que el Ministerio del Interior contabilizó en todo 2025, repartidas entonces en 8.189 siniestros. Es una temporada excepcional que llega, además, sin haber terminado agosto.

También conocemos con precisión la estructura del gasto público, y ahí está la clave para leer el resto. La partida de extinción lleva congelada en torno a los 417 millones de euros anuales desde 2009, casi sin variación pese a que la superficie quemada se dispara en los años más graves. Buena parte de ese coste es fijo: flotas aéreas, brigadas permanentes e infraestructura que existen arda mucho o poco. La prevención, en cambio, se ha recortado: el presupuesto forestal total cayó de 1.742 millones en 2009 a 1.295 millones en 2022 (un -26% real), y la inversión preventiva comunicada al MITECO en 2024 fue de apenas 143,8 millones. Del dinero público que se dedica a los incendios, entre el 70% y el 80% se va en apagarlos y poco más del 10% en evitarlos.

Lo que se estima (y con qué cautela)

Aquí empiezan las horquillas. España no dispone de una metodología oficial unificada para calcular el coste real de sus incendios, así que las estimaciones se construyen aplicando un coste por hectárea a la superficie quemada. Las dos referencias habituales son los 10.000 euros por hectárea que maneja la Agencia Forestal de Navarra cuando intervienen medios aéreos y los 19.000 euros que Asemfo describe como coste total por hectárea. Aplicadas a las 172.396 hectáreas de 2026, arrojan un rango de entre 1.720 y 3.275 millones de euros.

Ese número mide un coste económico agregado asociado a la superficie quemada, no lo que cuesta la extinción. La diferencia no es menor: el extremo alto de la horquilla equivale a unas ocho veces el presupuesto de extinción que realmente se ejecuta cada año. El propio presidente de Asemfo, Miguel Ángel Duralde, sitúa el gasto anual de extinción en torno a los 400 millones dentro de un conjunto de 1.200-1.300 millones. Presentar los 3.275 millones como "factura de extinción" mezcla un coste unitario teórico con una partida presupuestaria concreta. Tomado como orden de magnitud del impacto económico global, el rango es útil; tomado como recibo del operativo de apagado, es engañoso. No sorprende que otras cabeceras, con el mismo método y distintas hipótesis, hablen estos días de cifras próximas a los 2.500 millones: son aproximaciones, no cuentas cerradas.

A todo ello se añade, además, un coste que ninguna de esas cifras recoge: la restauración del terreno quemado, que según la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales suele salir más cara que la propia extinción, y que puede sumar entre 1.000 y 2.000 millones tras una temporada crítica.

El impacto que ya se nota en la economía real

Más allá del monte, el fuego golpea sectores concretos. Un estudio de 2023 publicado en el Journal of Environmental Economics and Management estimó que las regiones del sur de Europa afectadas por grandes incendios ven reducido su crecimiento anual del PIB entre un 0,11% y un 0,18%, con caídas acumuladas de hasta el 3,3%-4,8% en los años más severos, y una pérdida de entre 5.700 y 9.600 empleos por temporada ligados al turismo en el conjunto del sur del continente.

En España, los efectos ya son visibles. El Ministerio de Trabajo ha preparado medidas para que el Estado asuma los costes laborales —salarios y cotizaciones— de los trabajadores que no puedan acudir a sus puestos por la emergencia. Interior ha suspendido las cosechas con maquinaria pesada en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure el riesgo. Y en el sector ganadero, miles de cabezas han muerto o han quedado incomunicadas sin agua ni alimento en el centro peninsular, lo que ha llevado a la Comunidad de Madrid a habilitar ayudas para las explotaciones afectadas. Como contrapeso, el Parlamento Europeo aprobó este mismo mes una ayuda de emergencia de 120,55 millones para España por daños de sequías, olas de calor e incendios.

Lo que todavía no sabemos

La cifra definitiva de 2026 no existe aún, y cuando llegue se revisará. Depende de cuánto más arda antes de que acabe el verano, de la factura de restauración —que se contabilizará durante meses— y de la información que las comunidades autónomas trasladen al MITECO, siempre parcial y desfasada.

Lo que sí puede afirmarse sin esperar a octubre es lo estructural, y es el dato que da sentido a todo lo anterior: el sector calcula que cada euro invertido en prevención ahorra alrededor de cien en extinción. El profesor Víctor Resco de Dios cifra en unos 3.000 millones anuales la inversión preventiva necesaria; Greenpeace la sitúa en 1.000 millones. España dedica hoy a prevención el 0,4% de su gasto público, por debajo de la media comunitaria. El verano de 2026 volverá a demostrar que el monte, como resume el propio sector, "se apaga en invierno". La pregunta no es cuánto costará esta temporada, sino cuántas más harán falta para que esa cuenta se tome en serio.

Nota metodológica: las cifras de superficie proceden del MITECO y del Ministerio del Interior; las de presupuesto y coste por hectárea, de Asemfo, el MITECO y la Agencia Forestal de Navarra; los datos de impacto sectorial, del estudio citado en el Journal of Environmental Economics and Management (2023). El rango de 1.720-3.275 millones es una estimación de coste económico agregado, no una liquidación del gasto público de extinción, para la que no existe metodología oficial unificada.