El Ayuntamiento de Azuqueca retira el complemento de productividad y los trabajadores se concentran cada miércoles. Claves del conflicto laboral.

El conflicto por el complemento de productividad tensiona al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Los trabajadores municipales se concentran cada miércoles por el impago de un complemento salarial retirado desde abril; el gobierno del PSOE lo atribuye a un problema de legalidad y la oposición a una mala gestión

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 9 de julio de 2026. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, segundo municipio de la provincia de Guadalajara por número de habitantes, vive desde hace semanas un conflicto laboral abierto entre el equipo de gobierno y su plantilla a cuenta del complemento de productividad, un concepto salarial que la Corporación ha dejado de abonar y que ha derivado en movilizaciones, comunicados cruzados y la implicación de la oposición. Esta es una reconstrucción de los hechos y de las posiciones de todas las partes.

Qué ha pasado

Según la representación sindical —Junta de Personal y Comité de Empresa—, el Ayuntamiento suspendió de forma unilateral el pago de determinados complementos salariales que parte del personal venía percibiendo, en algunos casos desde hace más de una década. Los trabajadores fechan el inicio del impago hace "más de tres meses", es decir, en torno a abril de 2026; el propio Interventor municipal, citado por los sindicatos, situó la deuda "desde el mes de abril".

El colectivo más visible es el de la Policía Local: los agentes denuncian estar cobrando hasta un tercio menos de su salario bruto por la retirada de estos complementos, lo que en algunos casos supone miles de euros. El recorte, no obstante, afecta también a otros departamentos.

Tras una asamblea celebrada el 30 de junio, la plantilla acordó iniciar un calendario de movilizaciones. El 8 de julio, alrededor de 70 trabajadores se concentraron en la Plaza de la Constitución, frente al consistorio. Las concentraciones se repetirán todos los miércoles, de 10:00 a 11:00 horas, hasta que haya respuesta.

La reunión del 7 de julio

El detonante inmediato de las protestas fue la reunión de la Mesa General de Negociación del 7 de julio. Según el acta difundida por la representación sindical, en ese encuentro —al que asistieron, por parte municipal, los concejales Piedad Agudo, David Pinillos y Beatriz Cano, además del Interventor y la Secretaria— la Corporación comunicó que, a día de hoy, no se pueden pagar las productividades. Los sindicatos destacan varios puntos de esa sesión:

El Interventor afirmó que el impago no se debe a problemas económicos del Ayuntamiento, sino que su abono depende, primero, del resultado de un proceso iniciado por el Tribunal de Cuentas y, segundo, de que finalice la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El Interventor añadió que la Corporación ha superado el porcentaje que legalmente puede destinarse al pago de productividades.
Preguntado por si los trabajadores cobrarían los atrasos una vez aprobada la RPT, respondió que "se intentará, pero no hay garantía de que así sea".
Según los sindicatos, la concejala de Recursos Humanos indicó que cada trabajador decida si quiere seguir realizando funciones de superior categoría o tareas añadidas, dado que no está garantizado su cobro.
La representación sindical señaló que, a diferencia de reuniones anteriores, la Corporación se negó a que la sesión fuera grabada, y le exigió que emitiera un comunicado explicando la situación a la plantilla.

En esa misma mesa quedó convocada una nueva reunión para el 14 de julio.

La versión del equipo de gobierno (PSOE)

El Ayuntamiento respondió con un comunicado en el que reafirma "su compromiso con la legalidad, la negociación y la correcta gestión de los recursos públicos". Sus argumentos principales son:

Las retribuciones del personal "se están abonando con absoluta normalidad" y la situación afecta exclusivamente al complemento de productividad.
El problema "no responde a una decisión política, ni a una falta de voluntad" del gobierno, ni puede atribuirse "únicamente a un problema presupuestario", sino al cumplimiento de obligaciones legales derivadas de informes de la Intervención Municipal y de observaciones de órganos de control externo, "entre ellos el Tribunal de Cuentas".
El complemento está sujeto a límites legales y presupuestarios y no puede superar los porcentajes fijados en la normativa, lo que obliga a revisar tanto el sistema de asignación como su cuantía. Se trata, sostiene, "fundamentalmente, de un problema de legalidad".
El gobierno afirma llevar meses trabajando en tres frentes: un protocolo transitorio de evaluación del desempeño, un futuro Reglamento de Productividad y la negociación de una nueva RPT.
Niega que la negociación esté bloqueada y cita la convocatoria del 14 de julio como prueba de su voluntad de diálogo.

La posición de los trabajadores

Junta de Personal y Comité de Empresa consideran que la retirada del complemento vulnera derechos consolidados y la enmarcan en un cuadro más amplio de deterioro. Además del impago, denuncian:

Falta de personal en áreas clave —Policía Local, Mantenimiento Urbano, Servicios Sociales y el Centro Integral—, con plantillas por debajo de las ratios legales y bajas que no se cubren.
Deficiencias en las instalaciones: oficinas sin climatización y dependencias de limpieza y jardinería sin condiciones mínimas de seguridad. Recientemente una empleada resultó herida al desprenderse varios azulejos en un aseo; el caso ha sido denunciado ante la Inspección de Trabajo.
Bloqueo del diálogo social, con acuerdos incumplidos y peticiones de reunión sin respuesta.

Exigen la restitución de los complementos, la adecuación de las instalaciones, la cobertura de vacantes y una mesa de negociación real.

Qué dice la oposición

Izquierda Unida (IU). El grupo, que gobernó en coalición con el PSOE hasta abril de 2025, cuando abandonó el ejecutivo alegando "desconfianza, sospecha y falta de lealtad", atribuye la situación a una gestión "irresponsable" de los recursos y a la falta de planificación. Su portavoz, María José Pérez Salazar, ha sostenido que las soluciones —reglamento de productividad, nuevo convenio colectivo y nueva RPT— "ya estaban encima de la mesa" y que "lo que falta es voluntad política y capacidad de gestión". En su balance de 2025, IU ya señalaba la gestión de personal como "un punto negro" por la ausencia de convenio colectivo y de una RPT actualizada.

Partido Popular (PP). El grupo popular, primera fuerza de la oposición con siete concejales, viene calificando la situación económica del Ayuntamiento de "crítica" e "insostenible" desde 2024, cuando ya alertó de deudas con la Policía Local. En noviembre de 2025 reprochó al gobierno que se estuviera "abonando menos de lo que corresponde" a los empleados y reclamó a CCOO y UGT que se implicaran en su defensa. Su portavoz es Manuel Luis (Mane) Corral.

Vox. Con tres concejales, ha centrado sus críticas en la inestabilidad del gobierno municipal y reclama un cambio de rumbo; su portavoz es Miguel Ángel Flores.

El contexto político y estructural

El conflicto se produce en un Ayuntamiento gobernado por el PSOE en minoría. El pleno lo integran 21 concejales: 9 del PSOE, 7 del PP, 3 de Vox y 2 de IU. El socialista Miguel Óscar Aparicio es alcalde desde abril de 2024, cuando sustituyó a José Luis Blanco —regidor durante casi ocho años—, que dejó el cargo para incorporarse a Renfe. En abril de 2025, IU rompió la coalición y pasó a la oposición, dejando al PSOE sin mayoría para la segunda mitad del mandato.

Los problemas de plantilla, además, tienen antecedentes: en octubre de 2024 un juzgado obligó al Ayuntamiento a estabilizar a las trabajadoras del Centro Integral de Atención a Víctimas de Violencia de Género, al constatar que llevaban 21 años ocupando puestos estructurales sin reconocimiento formal. El último convenio colectivo del personal laboral corresponde al periodo 2018-2022 y no ha sido renovado.

Los puntos que quedan sin aclarar

Del contraste entre el comunicado municipal, el acta sindical y la información publicada surgen varios extremos que el gobierno no detalla en su nota:

La magnitud y el alcance del recorte. El comunicado no cuantifica la reducción —hasta un tercio del salario para la Policía Local— ni el volumen de atrasos acumulados desde abril.
El origen del impago. Mientras la nota lo presenta como un problema de legalidad y de "correcta gestión de los recursos públicos", el Interventor, según los sindicatos, afirmó que no obedece a problemas económicos, sino a la espera del Tribunal de Cuentas y de la RPT.
La garantía de cobro. El comunicado transmite que se regularizará el sistema, pero no recoge que, según el acta sindical, no hay garantía de que los trabajadores lleguen a percibir lo adeudado.
El porcentaje legal. La nota alude a que el complemento "no puede superar los porcentajes establecidos", pero no explica que, según el Interventor, ese límite ya se habría superado en ejercicios anteriores.
La grabación de la reunión y la indicación de que "cada trabajador decida" si continúa asumiendo funciones que quizá no cobre no aparecen en la versión municipal.
El resto de reivindicaciones —falta de personal, estado de las instalaciones, el accidente laboral y el diálogo social— quedan fuera del comunicado, que se ciñe al complemento de productividad.

La próxima cita es la reunión de la Mesa General de Negociación del 14 de julio. Hasta entonces, las concentraciones semanales de la plantilla continúan.

Se adjunta, a continuación, la nota oficial emitida por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sobre este asunto: