Cuando una constitución libre se siente como una jaula: qué es la "tiranía de la opinión" de Montesquieu y por qué la polarización empuja al abismo
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| En «El espíritu de las leyes», Montesquieu describe la libertad política como una «tranquilidad mental que surge de la convicción de cada persona sobre su propia seguridad». Ser libre implica creer que uno está seguro. Pero para creerlo, «es necesario que el gobierno esté constituido de tal manera que nadie tenga que temer a otro». |
04 julio 2026.- Hay una paradoja que Montesquieu vio con tres siglos de antelación y que hoy nos mira de frente. Un país puede tener una constitución impecablemente libre —con sus contrapesos, sus derechos garantizados, su reparto del poder— y, aun así, que sus ciudadanos vivan esas mismas leyes como un estorbo. No porque las leyes los opriman, sino porque chocan con lo que ellos creen que deben hacer. La libertad, en ese punto, deja de ser un refugio y empieza a sentirse como una jaula.
Montesquieu lo formuló con una distinción tan breve como demoledora: una constitución puede ser «libre por derecho y no de hecho». Es decir, sobre el papel el ciudadano es libre; en la práctica, se siente maniatado. El problema ya no está en la ley, sino en la distancia entre lo que la ley permite y lo que la conciencia colectiva reclama. Cuando esa distancia se ensancha, ocurre algo peligroso: la Constitución empieza a parecer un adversario de la voluntad popular en lugar de su garante.
Un miedo distinto
Las buenas leyes existen para librarnos de dos temores: el miedo a los demás y el miedo al poder. Nos permiten dormir tranquilos sabiendo que nadie —ni el vecino ni el gobernante— puede hacernos lo que quiera. Pero Montesquieu advierte de un tercer miedo, más sutil y más corrosivo: el que nace cuando la propia ley nos impide hacer lo que consideramos moralmente obligatorio, o nos obliga a tolerar lo que consideramos una afrenta.
A esa deriva la llamó una tiranía «de la opinión». No es la tiranía de un déspota con ejército, sino algo más difuso: la sensación compartida de que el marco legal traiciona el deber moral, y de que respetarlo equivale a claudicar. El creyente que ve en la ley un permiso para el pecado ajeno. El activista que ve en ella un obstáculo para reparar una injusticia urgente. Ambos, desde orillas opuestas, llegan a la misma conclusión inquietante: que la ley está del lado equivocado.
Cómo la polarización echa gasolina
Aquí es donde el diagnóstico de Montesquieu se vuelve incómodamente actual. La polarización no crea este fenómeno, pero lo multiplica. Cuando cada bando defiende no solo un programa político, sino una agenda moral completa —una idea de lo sagrado, de lo justo, de lo decente—, el desacuerdo deja de ser negociable. Ya no discrepamos sobre impuestos o carreteras; discrepamos sobre el bien y el mal.
Y cuando el adversario no es simplemente alguien que se equivoca, sino alguien cuya victoria consideramos una amenaza para todo lo que valoramos, la tentación de usar el poder político para imponer nuestra visión —y de saltarnos las reglas que lo impiden— se vuelve casi irresistible. Cada bando llega a creer que sus fines son tan apremiantes que justifican romper la baraja. Las mismas reglas que deberían protegernos a todos pasan a verse como el escudo tras el que se atrinchera el enemigo.
El líder que promete saltarse la ley
En ese caldo de cultivo aparece la figura más peligrosa de todas: el dirigente que promete, en nombre de la libertad, ignorar la ley. Es una oferta seductora precisamente porque no se presenta como un ataque a la libertad, sino como su rescate. «Las instituciones os frenan; yo os liberaré de ellas.» El poder ejecutivo que decide desoír al legislativo o al judicial no se anuncia como tirano: se anuncia como el único capaz de dar al pueblo lo que el pueblo, según él, verdaderamente quiere.
Y ahí está el abismo. Cuando una parte suficiente de la ciudadanía experimenta la Constitución como un estorbo moral, deja de defenderla —y a veces incluso aplaude a quien la vulnera. El contrapeso se percibe como obstáculo; la separación de poderes, como sabotaje; el respeto al procedimiento, como cobardía. Las salvaguardas que costó siglos construir se desmontan no por un golpe, sino por aclamación.
La salida no es rendirse: es rebajar la temperatura
La conclusión de Montesquieu no es fatalista, y la nuestra tampoco debería serlo. El antídoto no consiste en que todos pensemos igual, sino en aprender a convivir con quienes piensan distinto sin necesidad de someterlos. Una cultura más tolerante con el desacuerdo moral —menos dispuesta a recurrir al poder del Estado para forzar a los demás a aceptar lo que consideramos correcto— desactiva el mecanismo en su raíz.
Porque el problema de fondo no son las leyes: es la impaciencia con la que queremos que el otro se rinda. Mientras cada bando aspire a usar las instituciones como un ariete contra el contrario, la Constitución seguirá pareciendo enemiga de alguien —y ese alguien seguirá buscando quien prometa saltársela. La desconfianza hacia el gobierno y la desconfianza entre ciudadanos se alimentan mutuamente, y solo se rompen bajando juntos las armas.
Montesquieu nos dejó una advertencia que sigue vigente: una nación no pierde su libertad el día en que cae la ley, sino el día en que sus ciudadanos dejan de quererla. La tarea, entonces, no es solo tener buenas leyes. Es volver a habitarlas como un espacio compartido —no como una trinchera— antes de que la tiranía de la opinión nos convenza de que la libertad estorba.
La Crónica del Henares
