Brunner pide desbloquear la directiva antitráfico tras la crisis de Ceuta. Qué propone, por qué el Parlamento la frena y qué dicen las ONG.
El delito que Bruselas no consigue redefinir: qué es el tráfico de personas y por qué su ley europea lleva casi tres años atascada
La crisis de Ceuta ha devuelto al primer plano una directiva propuesta en 2023, aprobada por los Estados y paralizada en el Parlamento Europeo. El desacuerdo de fondo: dónde termina la ayuda humanitaria y dónde empieza el delito.
Bruselas, 6 de agosto de 2026.- El comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, aprovechó este jueves una reunión extraordinaria de la comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, convocada para analizar lo ocurrido en Ceuta, para reclamar a los eurodiputados que desbloqueen una norma que duerme en la Eurocámara. Brunner sostuvo que lo sucedido en la ciudad autónoma demostró que hay actores sin consideración alguna por la seguridad ni por la vida de personas inocentes, y pidió al Parlamento que adopte su posición sobre la directiva contra el tráfico que la Comisión propuso hace casi tres años.
La comparecencia se produjo pocos días después del mayor episodio de entradas irregulares registrado en la historia reciente de la Unión. El 31 de julio, el Ministerio del Interior estimó que unas 49.000 personas habían accedido a Ceuta en las 24 horas anteriores, mientras el presidente de la ciudad elevaba la cifra a unas 60.000; ambas estimaciones se consideraron provisionales por la rapidez y el desorden de los cruces, en una ciudad de unos 84.000 habitantes. El Gobierno español ha situado después el cómputo en 72.000. Ante los eurodiputados, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, habló de unas 80.000 personas y calificó lo ocurrido de "invasión", además de reclamar la expulsión inmediata de quienes permanecen en la ciudad; según dijo, entre 3.000 y 5.000 migrantes siguen en centros de acogida desbordados y el Gobierno español declinó la invitación a asistir a la sesión. La mayoría de los migrantes regresó caminando a Marruecos durante el fin de semana siguiente.
Tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos: dos delitos que se confunden
Aunque en español se usan a menudo como sinónimos, la legislación internacional distingue dos figuras. El tráfico ilícito de migrantes consiste en facilitar de forma ilegal el cruce de fronteras con ánimo de lucro, y suele aparecer allí donde no existen vías regulares de migración; implica siempre un cruce de fronteras internacionales, mientras que algunas de esas personas pueden acabar convertidas en víctimas de trata dentro de un país si son explotadas mediante engaño, coacción o trabajos forzados.
La diferencia no es académica. El traficante cobra por un servicio y, en teoría, la relación termina al cruzar la frontera; el tratante convierte a la persona en mercancía. En la práctica, ambas actividades se solapan y comparten las mismas redes.
Las cifras que maneja la propia UE dan idea de la escala del negocio. Se detectaron unos 380.000 cruces irregulares en las fronteras exteriores en 2023; Europol calcula que más del 90 % de los migrantes irregulares que llegan a la UE recurre a servicios de traficantes, y las estimaciones de Naciones Unidas sitúan los beneficios anuales de estas redes entre 4.700 y 6.000 millones de dólares. Frontex, por su parte, registró más de 15.000 traficantes reportados en 2022, un récord. Frente a ello, Eurostat contabilizó 2.599 traficantes condenados en Europa en 2024, una cifra que la propia Comisión considera muy inferior al volumen real del fenómeno, entre otras razones porque los organizadores suelen operar desde terceros países y evitan implicarse directamente en los trayectos.
Qué propone la ley bloqueada
El marco vigente es el llamado "paquete de facilitadores" de 2002 (Directiva 2002/90/CE y Decisión marco 2002/946/JAI). El 28 de noviembre de 2023 la Comisión presentó una propuesta de directiva por la que se establecen normas mínimas para prevenir y combatir la ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares en la Unión, y que sustituiría a ambos textos. El objetivo declarado es perseguir a las redes criminales, armonizar las penas, ampliar el alcance jurisdiccional y mejorar la recopilación e intercambio de datos, en un ámbito hoy regulado sobre todo a escala nacional.
La directiva es solo una mitad del paquete. La otra, un reglamento que refuerza el papel de Europol, ya está en vigor: el Consejo adoptó definitivamente el acto legislativo en su sesión de Justicia y Asuntos de Interior del 8 y 9 de diciembre de 2025. Es decir, la parte policial del plan avanzó; la penal, no.
En cuanto a las penas, los Estados miembros han propuesto un máximo de tres años de prisión para los delitos principales, que se elevaría hasta diez años cuando se ponga gravemente en peligro la vida de las personas o estas fallezcan.
Dónde está el nudo: la ayuda humanitaria
Los Estados fijaron su posición en diciembre de 2024, de modo que el Parlamento Europeo es la única institución que queda para desbloquear las negociaciones. Aquel acuerdo del Consejo, del 13 de diciembre de 2024, salió adelante con el único voto en contra de España.
El reproche central de las organizaciones sociales no es tanto lo que el texto dice como lo que no obliga a decir. El texto votado por el Consejo no introdujo una disposición jurídicamente vinculante que excluyera de la criminalización los actos de solidaridad con personas en situación irregular: se limitó a invitar a los Estados a no penalizar los actos humanitarios mediante un considerando sin fuerza legal, y subrayó que la directiva establece solo normas mínimas, lo que abre la puerta a que los países endurezcan sus legislaciones nacionales. Como recuerda el análisis de Statewatch sobre el texto del Consejo, al tratarse de un instrumento de armonización mínima los Estados quedan libres de castigar esas conductas incluso cuando no ha mediado beneficio económico o material.
Ese es el punto que la ponente del expediente quiere cambiar. Birgit Sippel, eurodiputada socialista alemana designada ponente en la comisión LIBE, presentó su proyecto de informe el 26 de marzo de 2025: comparte el objetivo de modernizar el marco jurídico, pero introduce una definición de asistencia humanitaria y establece que prestarla no debe constituir delito, además de proponer la supresión del concepto novedoso de "instigación pública" y del criterio de alta probabilidad de causar daño grave a una persona. Ese elemento vinculante es precisamente el que ni la propuesta de la Comisión ni la posición del Consejo recogían, al confinar la exención a una disposición sin efecto jurídico.
Los servicios de estudios de la propia Eurocámara han alimentado el debate. A petición de la comisión LIBE, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) elaboró una evaluación de impacto sustitutiva —ninguna de las dos propuestas del paquete llegó acompañada de evaluación de impacto—, y advirtió de que la definición de los delitos amplía el ámbito a actividades ajenas al crimen organizado, equiparando toda facilitación de la migración irregular con el tráfico de migrantes. Un estudio anterior encargado por la misma comisión ya recomendaba reformar la directiva para incorporar una exención obligatoria de criminalización para la asistencia humanitaria en casos de entrada, tránsito y residencia.
Cuántas personas están siendo juzgadas por ayudar
El debate no es hipotético. PICUM documentó al menos 117 personas y varias ONG con procedimientos abiertos en 2023 por labores de solidaridad; al menos 142 defensores de derechos humanos y ciudadanos de la UE afrontaron procesos en 2024 por asistir a migrantes, desde rescates en el mar hasta el reparto de comida, agua o ropa en las fronteras; y al menos 110 en 2025, según el informe publicado en abril de 2026 por esa plataforma junto a Gisti, el Consejo Griego para los Refugiados, el Comité Helsinki Húngaro, Oxfam Italia y la Fundación Ocalenie, que advierten de que se trata casi con seguridad de un subregistro.
Los desenlaces judiciales resultan reveladores: de los 110 casos de 2025, 41 procesos concluyeron y prácticamente todos —38— terminaron en absolución o archivo, con tres condenas a penas suspendidas; la duración media de los procedimientos supera los tres años, y al menos 11 organizaciones, en su mayoría de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, recibieron multas o sanciones administrativas.
Desde la Eurocámara, la organización que agrupa a entidades de apoyo a migrantes indocumentados resume así su objeción, en palabras de su responsable de incidencia política, Chiara Catelli: las redes de tráfico prosperan allí donde las personas carecen de una vía segura o realista para pedir protección, y la directiva propuesta no aborda esas causas de raíz, sino que arriesga con criminalizar a quienes prestan ayuda humanitaria.
Qué tiene esto que ver con Ceuta
La conexión que estableció Brunner —una ley penal armonizada habría ayudado a evitar la crisis— es, por ahora, una hipótesis política. Las investigaciones sobre las causas de lo ocurrido siguen abiertas; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado a los traficantes de la entrada masiva, mientras algunos migrantes entrevistados por el 'New York Times' aseguraron que las autoridades marroquíes les habían animado a cruzar, extremo también bajo investigación. A la avalancha contribuyeron, según las reconstrucciones publicadas, falsas promesas de asilo difundidas en redes sociales, en un contexto de aumento previo de las llegadas por vía marítima que sindicatos y asociaciones policiales venían advirtiendo desde mediados de julio.
Dicho de otro modo: el episodio de Ceuta mezcla mafias, rumores virales, gestión fronteriza marroquí y capacidad de acogida española. La directiva bloqueada solo actúa sobre el primero de esos factores, y lo hace fijando penas mínimas comunes, no reforzando la vigilancia de la valla.
Mientras tanto, el expediente sigue donde estaba: la comisión LIBE no ha votado todavía un mandato de negociación, sin el cual no pueden abrirse los diálogos a tres bandas con el Consejo y la Comisión. Casi tres años después de la propuesta, la pregunta que el Parlamento tendrá que responder no es si perseguir a las mafias, sino si escribir en el articulado —y no en una nota al margen— que socorrer a alguien no es delito.
